El 24 de septiembre se encontraron los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutierrez (15) en Florencio Varela, ciudad de la zona sur del conurbano bonaerense. A partir de aquel momento se abrió un debate que vincula la violencia de género, los crímenes por narcotráfico, el trabajo sexual y el feminismo. Este breve artículo busca echar claridad sobre asuntos que, a menudo, se vuelven cotidianos.

Según el Registro Nacional de Femicidios de la CSJN^[1], en Argentina hubo un femicidio cada 39 horas en 2024. Las ONG feministas, en las que funcionan observatorios de datos con perspectiva de género, contabilizan 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025.

Femicidios en números

La importancia de categorizar los crímenes motivados por la violencia de género con la carátula de femicidio radica en la visibilización de la relación entre la muerte de mujeres y su carácter estructural. En este sentido, se entiende por femicidio cualquier acción u omisión ejercida por una persona hacia una mujer por razón de su género, producto de un sistema de creencias que justifica el control ejercido sobre el cuerpo de las mujeres. En síntesis: que maten a una mujer por ser mujer.^[2]

En esta tipología también se incluyen las consecuencias para el responsable de las muertes, siendo penalizado con la privación de su libertad.

En 2015, año en el que se comienzan a contabilizar las muertes bajo la figura judicial de femicidio, el total de datos sobre las víctimas fue de 235 mujeres. De esta cifra se calcula que al menos en el 20% de los casos había habido una denuncia previamente realizada.

La clave para entender la diferencia entre el crimen por homicidio agravado y un femicidio es la categoría de género, intrínsecamente vinculada con la razón por la muerte violenta de mujeres.

La interseccionalidad ofrece un marco para entender cómo el género funciona en un entramado de otros problemas sociales que conviven.

Las causas son estructurales

En 2024, año del último informe realizado por la CSJN, se registraron 247 víctimas de violencia de género. A partir de las movilizaciones llevadas adelante por organizaciones feministas desde 2015, el Estado invirtió en recursos creando protocolos para la investigación, la detección de causas judiciales, se ampliaron los conceptos y sujetos afectados por la violencia de género (travesticidio/transfemicidio – rescata la intersección) y

se integraron equipos profesionales e interdisciplinarios para el diseño y relevamiento de datos contingentes.

Sin embargo, las cifras no muestran cambios significativos que ofrezcan un panorama alentador para quienes se enfrentan a situaciones de violencia por motivos de género. Durante el gobierno actual se cerraron programas que promovían la autonomía económica, la prevención de las violencias, el cierre de líneas telefónicas de emergencia (144), entre otras medidas.^[1]

El factor económico es imprescindible al abordar la desigualdad de género: el contexto de necesidad de un amplio porcentaje de mujeres frente a la falta de oportunidades de sostenimiento económico de sus hogares las obliga a contraer deudas, hacer changas y vincularse con economías de venta ilegal de sustancias. Este es el punto de inflexión en donde prostitución o trabajo sexual se entrecruza con el narcotráfico, evidenciando cómo el narcocrimen^[2] está atravesado por la cuestión de género.

Responsabilizar antes que penalizar

El ejercicio de la prostitución es una decisión a la vez que un daño colateral de la pertenencia a una clase social determinada. Entre los discursos que surgieron a raíz del triple femicidio se destacó la responsabilización de las jóvenes.

Repensar la coyuntura es trazar un puente entre ideologías ya que la violencia pertenece a un debate que se supone transversal a los posicionamientos político-partidarios.