Este 7 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Minería, una fecha que este año gana una relevancia mayor debido a los recientes cambios introducidos en la Ley de Glaciares sancionada en 2010. Esta ley, que en su momento tuvo un apoyo social masivo basado en la protección ambiental, hoy enfrenta un escenario político muy distinto donde el consenso se ha desplazado hacia un pragmatismo federal que prioriza el desarrollo económico. Esta evolución es clave para entender el impacto en el PBI, ya que mientras el sector se mantuvo estancado aportando menos del 1%, la actual flexibilización de las zonas protegidas busca destrabar inversiones que las provincias consideran vitales para el crecimiento. 

La Ley 26.639 fue sancionada en septiembre de 2010 estableciendo los “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” teniendo el objetivo de proteger las reservas de agua dulce de todo el pais, una clausula que a la larga daria mucho debate sería la prohibición absoluta de cualquier actividad industrial o minera en las zonas protegidas en las que también se incluía la zona del “ambiente periglacial”, suelo congelado que regula el agua aunque no tenga hielo a la vista, bloqueando así proyectos mineros en la zona de la alta montaña.

Esta ley ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas, por un lado se aseguraron las reservas hídricas que hay en los andes en contra del cambio climático y la contaminación que podría llevar la minería allá. Por otro lado, en el ámbito económico, la rigidez de la norma (especialmente sobre el ambiente periglacial) causó una prolongada parálisis en el sector. Esta incertidumbre jurídica no solo frenó proyectos de cobre y oro de clase mundial, sino que también alimentó un conflicto federal entre las provincias cordilleranas y la Nación por el control de los recursos. Al final del día, el estancamiento de la minería en niveles cercanos al 0,7% del PBI demuestra que, si bien la ley cumplió su objetivo ambiental, también funcionó como un freno para la generación de divisas que hoy, en mayo de 2026, el país busca reactivar con urgencia.

Fuente: Datos históricos basados en el Banco Mundial y proyecciones para 2024-2026 del FMI (World Economic Outlook, Abril 2026). 

Para entender el impacto real de este estancamiento, basta con mirar hacia el otro lado de la cordillera. En 2010, cuando Argentina sancionó su ley, el PBI per cápita de ambos países era relativamente cercano (USD 10.260 contra USD 12.870 de Chile). Sin embargo, dieciséis años después, la brecha se ha ensanchado drásticamente: mientras que Chile fortalece su crecimiento en una minería que representa más del 10% de su economía, Argentina se mantuvo atada casi exclusivamente al ciclo del agro. Chile alcanza hoy un PBI per cápita de USD 18.500, superando con creces los USD 14.360 de Argentina habiendo también alcanzado una diferencia del 55% en 2020. Esta diferencia no es casual, es el resultado de haber bloqueado proyectos que podrían haber aportado miles de millones de dólares anuales en exportaciones. 

En 2010, el apoyo a la ley fue transversal y en todos los sectores políticos hubo cierto apoyo demostrado. El kirchnerismo (tras el veto inicial), la oposición radical y los sectores de izquierda se unieron bajo una presión social enorme. En ese entonces, el discurso ambientalista de los centros urbanos (como Buenos Aires o Córdoba) pesaba más que las necesidades económicas de las provincias. El lema era “el agua vale más que el oro” y la minería se veía como una actividad “ajena” que solo dejaba pasivos ambientales En cambio para 2026, el panorama político ha dado un giro hacia lo que podríamos llamar un pragmatismo federal. A diferencia de la épica ambientalista que unió al país en 2010, hoy el consenso está liderado por los gobernadores de las provincias mineras, quienes ven en la flexibilización y reforma de la ley la única llave real para atraer inversiones bajo el RIGI y revertir el estancamiento económico. Este cambio de apoyos refleja una sociedad y una dirigencia que, golpeadas por la falta de divisas, han dejado de ver a la protección del ambiente periglacial como un principio innegociable para pasar a considerarlo un obstáculo técnico que debe removerse en favor del crecimiento del PBI.

En conclusión, este 7 de mayo nos hace ver los cambios de opiniones y discursos que ha habido frente a la minería: de pasar del ambientalismo que reinaba en 2010 a la búsqueda del aumento del PBI en 2026.