El lunes 30 de marzo del año 2026 en la Ciudad de San Cristóbal de la provincia de Santa Fé un jóven de 15 años ingresó al patio de su escuela y comenzó a disparar a quien cruce por su camino. En el acto hirió a nueve estudiantes, uno de los cuales no sobrevivió al ataque. 

En la semana posterior se develó una red digital que lo conectaba con otros estudiantes secundarios. Fueron detenidos dos jóvenes más: uno que anunciaba un tiroteo en escuelas del área de Rafaela, también la provincia de Santa Fé, y otro que tenía conocimiento de estos ataques y falló en denunciarlos.

Lo que siguió a estos eventos fue algo inédito en la historia de nuestro país. La semana del 15 de abril, apenas una quincena después del ataque en San Cristóbal, se difundieron a lo ancho y largo del territorio nacional una serie de amenazas de tiroteo pintadas en baños y paredes de cientos de escuelas. 

Estos sucesos acercaron al conocimiento público lo que podría pensarse como un “nuevo” problema social en el país: los tiroteos en las escuelas secundarias. Pero, más relevante, pusieron en evidencia algunas de las problemáticas más invisibilizadas durante el último tiempo en relación a los jóvenes: la violencia escolar, la salud mental y la formación de comunidades online que reemplazan los ámbitos de socialización presencial.

A pesar de la novedad que presentan estos casos en particular, no es la primera vez en la historia del país que ocurren atentados en las escuelas, que se realizan amenazas de tiroteos o hasta que hay muertes desencadenantes de estos hechos.

El primer caso del que pudimos dar noción ocurrió en el año 1997 en un colegio de Burzaco, pero dentro de este mismo ya se considera que la presencia de revólveres entre los estudiantes secundarios era una problemática recurrente. Durante el año 2000 un jóven de 19 años arremetió contra sus compañeros en la localidad de Rafael Calzada, con una víctima fatal y un herido.

El más emblemático de estos acontecimientos es la Masacre de Carmen de Patagones, en el año 2004. En este caso un jóven, también, de 15 años llevó a su escuela un arma de fuego y arremetió contra sus compañeros, provocando tres víctimas fatales y cinco heridos. Podemos dirigir a esta fecha un catalizador en el abordaje político de la violencia en las escuelas, ya que en base a este caso se conformó el Observatorio de Violencias en las Escuelas. 

Estos casos emblemáticos y trágicos que llevaron a la muerte de adolescentes y la conmoción moral no estaban todavía mediados por la digitalidad, pero ya aparecían algunos de los mismos significantes que se le atribuyen a los atentados más recientes: la violencia escolar y, específicamente, el bullying.

Los investigadores Daniel Miguez, Paola Gallo y Gabriel Noel realizaron un informe en el 2009 donde trabajaron la cuestión de la violencia escolar. Aquí es fundamental comprender que la violencia no puede ser entendida como homogénea, es decir, se debe hablar de violencias; para así comprenderla en su totalidad y generar una pluralidad de tratamientos acorde a la gravedad de la problemática. Ellos acuerdan que se debe analizar los modos en que los adolescentes y jóvenes interactúan entre sí y como esto conforma modos de transitar la escolaridad y socializarse. Se observa que apenas el 6% de los actos violentos tienen que ver con portación de armas, robos o atentados, y que menos de un 30% tiene que ver con enfrentamientos físicos, mientras que lo que más tiene lugar es la “violencia sutil” (amedrentamiento, hostigamiento y, lo que ahora llamamos, bullying). Si bien los actos violentos físicos y los tiroteos generan el pánico moral generalizado, no se debe perder de vista la multiplicidad de la problemática y su transversalidad a la experiencia escolar.

Ahora, el argumento más significativo del texto es lo que Noel comprende cómo la “crisis de autoridad” y el “escalamiento”. Para explicar este argumento se parte de desmontar dos de las más circulantes explicaciones de la violencia escolar: “la metáfora de la escuela opaca” y “la metáfora de la escuela transparente”. 

La primera de estas supone que lo que ocurre en una escuela se explica únicamente por su dinámica interna: si hay violencia en una escuela, es porque la escuela hizo algo mal o no hizo suficiente. Evocando implícitamente que la escuela debería estar preservada de la conflictividad que acecha al resto de la sociedad. Esta posición suele ser enunciada por las familias. La segunda se refiere al polo opuesto: la violencia escolar no es más que la perpetuación de la violencia externa. Que las escuelas son víctimas pasivas, que no pueden resolver sus problemas sin que antes sean resueltos los problemas sociales que constituyen la violencia por fuera de ella, principalmente: la pobreza y la desigualdad. Este argumento es usualmente presentado por las autoridades escolares.

Frente a esto Noel comprende que la escuela funciona como un prisma. No es opaca ni transparente, sino que refracta las influencias del exterior según su propia geometría institucional. Los problemas sociales que afectan a las escuelas se acrecientan por la falta de una autoridad-burocrática que se haga cargo de los mismos, tanto las familias como las autoridades escolares culpan al otro. Esto puede llevar a rápidos mecanismo de escalada que pasen de “violencia sutil” a conflictos mayores (como podrían ser los atentados). 

Ahora, desde la masificación de la comunicación digital y, sobre todo tras la pandemia, se han acrecentado superlativamente las amenazas de atentados (y han crecido las violencia escolares en general). La organización por medio de grupos de Whatsapp, Discord, Telegram y otras plataformas de mensajería digital parecen ser el modo en que potenciales perpetradores se ponen en contacto entre sí. Apenas durante el año 2025 se registraron amenazas de tiroteo en un colegio de Escobar y el ingreso de una jóven armada a una escuela en La Paz, Mendoza. A esto se suma la amenaza dentro de UBA-Exactas del año previo, entre otros ejemplos.

Esto ya no se puede considerar como una secuencia de casos aislados, detrás de muchos de estos atentados o amenazas hay una red de organizaciones de índole internacional, como la llamada “True Crime Community (TCC)”. 

Un informe realizado por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), comprende a esta organización como “una subcultura digital descentralizada y trasnacional que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a ataques de violencia extrema, en especial aquellos con autores de tiroteos masivos en establecimientos escolares”. Aquí la violencia se presenta como el fin en sí mismo, con una estetización y mitología que la rodea; asociada a modos de ganar status dentro de estas subculturas digitales. 

Esto no quiere decir que todos los atentados de los últimos años están bajo el umbral secreto de esta organización, tampoco que hay una conspiración internacional que promueve la violencia tras las sombras de la institucionalidad más clásica, ni siquiera que las amenazas masivas de la segunda semana de abril representen un despertar de esta comunidad; esta lectura no haría más que contribuir al pánico moral. Lo que sí podemos inferir es que, cada vez más, la segregación de las lógicas digitales está generando submundos, imperceptibles para los actores externos donde circulan modos de socialización y de comprensión de la moralidad que se escapan del imaginario clásico concebido. Es decir, existe una red de significantes descentralizada, no ideológica e internacional que enaltece la violencia escolar y los tiroteos. Algo que se escapa a cualquier resolución clásica que se busque hacer desde la política para frenar la creciente amenaza de atentados en las escuelas secundarias de todo el país.

Lo que propone este informe sería “la detección temprana de procesos de radicalización individual” y “la identificación de dinámicas de imitación de la violencia”. Estos dos puntos pueden aparentar difusos, por lo que debemos precisar a qué apuntan y cómo se puede efectivamente llevarlos a cabo.

El sociólogo noruego Johan Galtung escribió a finales de los años 60 en su artículo “Violencia, paz e investigación sobre la paz” que la “violencia emergente”, esto es, los actos violentos que vemos efectivamente dar lugar en la realidad (como serían los tiroteos) están inmersos dentro de una red más amplia de violencia estructural, un sistema institucional o una matriz cultural que la permite y venera.

De este modo, la violencia perpetrada en las escuelas por medio de atentados armados (en su mayor acepción) o casos de bullying (en su forma más cotidiana), son parte de un mismo sistema. Este sistema excede al control que pueden tener las autoridades escolares cuando superan los confines de la escuela, pasando a la digitalidad.

Esto no busca afirmar que las redes produzcan la violencia por sí solas, sino que resultan un medio por el cual se espectacularizar estos fenómenos y se generan círculos de validación cerrados, donde las normas sociales arquetípicas se modifican para dar lugar a las lógicas digitales. Para una gran cantidad de adolescentes y jóvenes, estas lógicas ya son parte de su socialización y la reafirmación de su identidad se constituye en el status construido dentro de estas comunidades. 

Para dichas comunidades, comienza a funcionar el llamado “efecto Copycat”: las posibilidades de imitar lo que dentro de estas comunidades genera status. Aquí es donde los medios de comunicación toman un rol central, fijando la centralidad narrativa en el agresor desde un foco de pánico moral y de anomia frente a las normas sociales clásicas, aleja el problema de su magnitud y refuerza el riesgo de generar una distancia ante los círculos de validación digitales.

Así, los tiroteos en las escuelas están lejos de ser un fenómeno aislado o un problema social novedoso dentro de la Argentina. Son un desencadenamiento de viejos modos de exclusión y de violencia simbólica que son parte de la sociedad argentina hace años. Enaltecidos por el periodismo sensacionalista y radicalizado por medio de grupos digitales cerrados. Para poder resolver el problema de la violencia escolar en Argentina no debemos ver únicamente una de estas acepciones, sino que se debe tratar el problema en su totalidad, empezando por modificar las anticuadas modalidades escolares y revisando las formas en que se socializan los jóvenes y los adolescentes.

Difícilmente podemos cerrar este artículo con una resolución clara, pero sí destacamos la importancia de abordar la problemática con el rigor necesario y desde una perspectiva que se aleje de los adulto-centrismos. A su vez, buscamos hacer eco de una figura que ya es parte del sentido común juvenil: la crisis de salud mental. La fragmentación causada por las redes, la pérdida de lazo social, la inestabilidad económica, entre diversos factores; constituyen un panorama de suma dificultad para abordar las problemáticas juveniles, de las cuales los tiroteos escolar son una, terrible y dolorosa, escalada.

En este marco no se puede sino pedir la articulación entre distintos sectores de la sociedad: la política, las escuelas y las familias. Para poder comprender a las escuelas como un prisma social, con los conflictos que acontecen en su interior como sintomáticos de problemáticas sociales más amplias, sin dejar de lado las resoluciones concretas realizables.