La historia de Manuel Adorni y su ascenso hacia las altas esferas de la política nacional, va en concordancia con muchas de las otras de este gobierno y se ancla en ese famoso emblema de campaña: el anti-casta. Un vecino del barrio de Caballito, fanático del juego Age of Empire, eventual panelista de televisión, una persona que a todas luces podría ser “normal”, enredado en uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años.

La suma de este escándalo: dos departamentos y unos viajes al exterior, parecen un precio bajo a pagar para uno de los principales funcionarios del gobierno nacional. Pero dentro de la retórica construida por el propio gobierno, que afirmó que Argentina dejaría de ser “tierra fértil para los políticos corruptos”, no se puede sino remarcar la contradicción.

Este caso no es único, se suman: Libra, ANDIS, los gastos del gabinete, los sospechosos préstamos del Banco Nación, entre las muestras de que este gobierno no está exento de la corrupción que tanto enarboló durante la campaña. Pero este no será el foco de este artículo. Aquí no buscamos culpables individuales, echarlos a todos o “cortarles las manos”, como afirmó el mismo presidente; al menos, no únicamente.

La corrupción en Argentina es un fenómeno que traspasa partidos políticos, agrupaciones e ideologías. Es un problema público y social, una de las grandes preocupaciones de los argentinos y no tiene soluciones simples o recetas mágicas para que desaparezca.

Históricamente, la corrupción fue un problema relevante para la filosofía política y el derecho que, en busca de una sociedad virtuosa, teorizaban sobre las posibilidades y extensiones de este fenómeno. Desde mitad del siglo pasado se comenzó a conformar como un problema público de la mano de escándalos en distintos países de la región y del mundo. En Argentina, esto empezó con la vuelta de la democracia en 1983 y, sobre todo, con la llegada de los años 90’. Así, la corrupción, el clientelismo y la criminalidad fueron tomando protagonismo en la agenda pública y en la ciudadanía.

La autora Ana María Arjona Trujillo comprende que lo “corrupto” puede ser entendido desde diversas escuelas, aquí nos atenemos principalmente a la concepción sociológica, tocando también algunas nociones legalistas, moralistas y behavioristas. Así, la corrupción se basa principalmente en la percepción pública del hecho, construida en torno a un aprendizaje cultural, moral y legal. Es un atentado a transgredir ciertas normas, principios y valores, que se consideran importantes para la existencia y el mantenimiento de un orden social justo e “incluye aquellas maneras de usar dinero para atender objetivos privados por medios políticos ilegales” (Heidenheimer et al., 1989: 11).

A su vez, debemos comprender que los actos de corrupción tienen distintas escalas, según la posición que ocupe el infractor y el hecho en particular que se perpetúe. Aquellas personas en función pública, con un cargo de mayor visibilidad e importancia, serán más penadas socialmente que las que ocupen un rol menor en la sociedad. Pero también entendemos que hay algo endémico en la sociedad argentina, que se indigna con las grandes causas de corrupción de sus adversarios políticos, pero tolera desmedidamente las propias.

Las formas en que se mide la corrupción suelen ser esquivas. Al ser un hecho con una eminente naturaleza ilegal se busca ocultar, aun así, existen algunos indicadores que buscan aproximarse a una cuantificación del fenómeno.

El principal índice de reconocimiento global es el Índice de Percepción de Corrupción, que se basa justamente en la preocupación de la ciudadanía por los escándalos de corrupción en cada país. Aquí Argentina obtiene 36 de 100 puntos posibles, ocupa el puesto 104 a nivel mundial y el séptimo en Latinoamérica, manteniendo niveles inferiores a países como Cuba, Colombia, Zambia y Kosovo, por dar algunos ejemplos.

Esta tendencia se mantiene en cualquiera de los indicadores serios que se consulten. En el WGI (Control de Corrupción del Banco Mundial) el país está debajo del promedio global y en el índice de Ausencia de Corrupción del WJP hasta por debajo del promedio Latinoamericano.

En todos ellos se nota una misma tendencia, un breve aumento durante los años 2016 y 2019 y una nueva bajada tras la pandemia (con el gobierno del Frente de Todos), que está siendo profundizada durante el gobierno de La Libertad Avanza. Aquella subida puso al país apenas por encima del promedio global, para luego volver a descender cada vez más cerca del promedio Latinoamericano. 

Estos aumentos se correlacionan con la gestión del gobierno del PRO, que tampoco está exento de escándalos (Panamá Papers, el caso del Correo Argentino, Avianca, entre otros). Previo a esto, durante los gobiernos Kirchneristas, las causas son extensas y bien detalladas, hasta el punto de llegar a la condena penal de la ex-presidenta y algunos de sus funcionarios.

Es decir, difícilmente podemos afirmar que la corrupción ocurre porque un gobierno es particularmente corrupto, tampoco porque existe un momento histórico que lo fomenta. Es un problema transversal al funcionamiento de las instituciones democráticas del país y los entramados de poder.

 Esto puede llevar a una resolución simplista: que la corrupción está tan enraizada dentro del sistema político nacional y de la cultura argentina, que enfrentarla sería una tarea prácticamente imposible. Esta fundamentación no es nueva y pertenece a los clásicos abordajes funcionalistas que la ven como una parte del sistema y un “mal endémico” de los sistemas democráticos, afirmó Trujillo. Esta posición fue replicada por el actual presidente, quien afirmó que “La corrupción es inherente a la existencia del Estado” y que quienes evaden los impuestos del país son “héroes”. Pero, con lo que respecta a este trabajo, entendemos que la corrupción genera una pérdida de legitimidad de los gobiernos, de la democracia en general y de “La Política” a gran escala.

La Política se transita como un espacio sucio donde es imposible triunfar sin embarrarse. Se va construyendo, cada vez más, como un juego que requiere inversiones millonarias y centrar la cuestión en los déficits morales de los políticos impide ver los impulsos sistémicos que alimentan la corrupción. La búsqueda discursiva que llevó a este gobierno al poder, fue finalmente desatendida en la práctica; donde continuaron los enriquecimientos ilícitos, las coimas a funcionarios y la malversación de fondos.

 Desde el Banco Mundial, la ONU y un sinnúmero de organizaciones internacionales, se han recomendado diversas medidas económicas y financieras que buscan atenuar lentamente los casos de corrupción… Estas se basan en los ya presentados índices, donde los países nórdicos y europeos occidentales suelen destacarse.

Lo que fallan en considerar es la particularidad nacional en el problema. Es decir, ningún cambio significativo se dará sin un efectivo cambio cultural y social que lo acompañe. Esto no se puede hacer sin modificar los modelos de participación ciudadana en la toma de decisiones y la implementación de sanciones. El involucramiento en la “lucha anticorrupción”, el reconocimiento del lugar que cumplen los gobiernos, los empresarios y todos los partidos en estos entramados, la libertad de prensa y la búsqueda conjunta de soluciones deben ser un punto de partida para abordar la problemática.

Entonces, difícilmente podemos plantear una solución única para abordar la problemática de la corrupción en el país, pero sí podemos criticar las formas que tiene La Política de comprender estos fenómenos. Si La Política sigue siendo abordada como un juego, como una posibilidad de enriquecimiento y como un escudo judicial; en lugar de ser comprendida como un deber ciudadano, una responsabilidad con el Estado y un compromiso con la función pública, estos hechos continuarán ocurriendo.