El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El régimen venezolano puede catalogarse como autoritario competitivo (Levitsky y Way; 2002). Estos regímenes son competitivos en la medida en que las elecciones son consideradas el medio para llegar al poder y son intensamente disputadas en tanto la oposición participa de las mismas para luchar por el gobierno. Esta competencia es desleal e injusta ya que el campo de juego se encuentra sesgado a favor de los gobernantes, quienes manipulan las elecciones, se abusan de los recursos estatales, hostigan a los opositores, sesgan la cobertura mediática y atacan las libertades civiles, brindándole grandes ventajas al oficialismo en las elecciones.

Además de las elecciones, Levitsky y Way (2010) identifican la permanencia de otras tres arenas de competencia democrática mediante las que la oposición desafía a los gobernantes en los regímenes autoritarios competitivos: la arena legislativa, la judicial y la de los medios de comunicación.

Para las elecciones de 2024 se presentan diez candidaturas, siendo las más relevantes las de Nicolás Maduro por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que busca alcanzar su tercer mandato, y Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática, un diplomático de bajo perfil que representa a la oposición más importante en forma unificada y busca derrotar al chavismo y su autoritarismo. El candidato que obtenga más votos se convertirá en Presidente para el mandato 2025-2031.

Las elecciones del corriente año registran permanencias con respecto a tres arenas de competencia democrática desde los inicios de los mandatos de Chávez.

La arena judicial fue tempranamente cooptada por el chavismo, específicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Estos organismos están haciendo omiso ante las irregularidades del proceso pre-electoral.

En la arena legislativa, el oficialismo gozó constantemente de una mayoría absoluta. Y cuando no la logró –como en 2015– empleó mecanismos inconstitucionales para impedir que la oposición fuera mayoría en la Asamblea. Actualmente, el Poder Legislativo está dominado por el chavismo tras las elecciones de 2020 en las que obtuvo más del 90% de las bancas debido a que la oposición no se presentó. Las siguientes elecciones legislativas serán en el año 2025.

A lo largo del chavismo, numerosos medios de comunicación privados fueron cerrados, otros fueron condicionados a apoyar al gobierno para no ser acosados y los medios públicos funcionaron como voceros del gobierno. La previa a las elecciones de 2024 también presenta la sofocación de los medios de comunicación (Sala 58; 2023).

Debido a este panorama, las elecciones se inscriben en un campo de juego ampliamente favorable para el oficialismo.

Con respecto a la arena electoral, se observan algunas continuidades y otras particularidades. Y, al igual que las elecciones de 2018, presenta rasgos que impiden calificar a los comicios de libres, justos y democráticos.

Según datos de junio de 2024 han emigrado 7.774.494 venezolanos (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela; s.f.) y podrían conformar la circunscripción electoral más grande de Venezuela. Sin embargo, debido a la forma y el tiempo de inscripción, votarán únicamente 69.189^[1][2] emigrantes.

Asimismo, se habilitaron cinco días para el lapso de presentación de postulaciones. Con respecto a los plazos para la modificación y sustitución de postulaciones se establecieron veinte días. Estas últimas cuestiones cobran gran importancia tras la inhabilitación del Consejo Nacional Electoral a la candidatura de María Corina Machado. Machado fue seleccionada candidata con el 92,35% de los votos en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática en 2023 (Los Angeles Times; 2023) y era una de las candidatas mejor valoradas según las encuestas. Debido a la inhabilitación de su candidatura, Machado propuso la postulación de Corina Yoris. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que el sistema del Consejo Nacional Electoral impidió la posibilidad de inscribir a Yoris dentro del plazo establecido. La Plataforma obtuvo una prórroga y, al no poder concretar la inscripción de Yoris, alistó a Edmundo González Urrutia. Además del caso de Machado, el Consejo Nacional Electoral invalidó la participación de ocho partidos.

En octubre de 2023 el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria Democrática suscribieron al Acuerdo de Barbados^[3] con el objetivo de convenir las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones presidenciales de 2024. Las irregularidades descritas demuestran las violaciones del gobierno al Acuerdo: la inhabilitación de Machado y Yoris irrespetó el derecho de los actores políticos a seleccionar sus candidatos, la fecha elegida no fue pactada por ambos bloques, la actualización del Registro Electoral no garantizó la inscripción y actualización de millones de venezolanos y se incumplió la invitación a la misión de la Unión Europea con su revocatoria. El incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del chavismo no suscitó penalizaciones por parte del Consejo Nacional Electoral ni de la Justicia.

Las elecciones de 2024 presentan una particularidad fundamental: la participación de la Plataforma Unitaria Democrática. Tanto en 2018 como en 2024 el oficialismo intentó inhabilitar su participación. Pero este año la Plataforma cambió su estrategia: mientras en las presidenciales de 2018 decidió no participar, en 2024 lo hará con el candidato que el sistema le permitió inscribir.

El factor internacional es fundamental en tanto un fuerte apoyo internacional en favor de la democracia aumenta las probabilidades de transiciones democráticas (Mainwaring y Pérez Liñán; 2014). Los actores internacionales ejercen influencia sobre el régimen mediante la provisión de incentivos, la imposición de sanciones, el monitoreo electoral y la persuasión diplomática. En este sentido, las sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea imponen a Venezuela desde 2015 y 2018 respectivamente (BBC News Mundo, 2024; Consejo de la Unión Europea, s.f.) buscan aumentar las probabilidades de caída del orden chavista y una transición hacia la democracia. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral revocó la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea por su condena a la inhabilitación a Machado (Infobae; 2024d) y la persistencia de sanciones (Infobae; 2024b). La exclusión de Yoris y Machado generó rechazo internacional. Asimismo, a comienzos de 2024 Naciones Unidas y Amnistía Internacional señalaron la escalada de represión en el país (La Nación, 2024; Amnistía Internacional, 2024), en consonancia con las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante los gobiernos de Maduro. La comunidad internacional –con la Unión Europea y los Estados Unidos a la cabeza– no reconoció los resultados de las elecciones de 2018 y 2020 (Infobae; 2020), y la revocación de la invitación a la observación electoral de la Unión Europea sembró su desconfianza y la de los Estados Unidos frente a los comicios de 2024.

De todos modos, las sanciones y declaraciones en favor de la democratización por parte de aquellos actores internacionales existieron también en las elecciones presidenciales de 2018 y, a pesar de esto y del no reconocimiento de los resultados electorales, no fue suficiente para lograr una apertura. Además, la Unión Europea no podrá enviar una misión para observar las elecciones (Deutsche Welle; 2024).

Cuando la dimensión internacional no explica la trayectoria, es oportuno observar el poder del oficialismo mediante la fortaleza del Estado y el partido de gobierno (Levitsky y Way; 2002). En el caso de Venezuela el chavismo domina el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral hace dos décadas. Asimismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela incorporó a los militares a su organización. La mayoría de las transiciones en las que estos últimos forman parte de la coalición de gobierno comienzan con desacuerdos y divisiones internas, cuando las rivalidades entre las élites o las diferencias políticas se vuelven intensas y las divisiones entre facciones se vuelven amenazantes (Geddes; 1999). En el caso de Venezuela la Fuerza Armada apoya al régimen en su conjunto, el partido de gobierno posee una fuerte organización y el Estado una importante capacidad coercitiva. En consecuencia, el factor interno no colabora con una posible apertura democrática, mas bien lo contrario.

A partir de estas observaciones cabe preguntarse cuál será la trayectoria del régimen una vez realizadas las elecciones. El Acuerdo de Barbados generó ilusiones en torno a una posible democratización. Sin embargo, la inhabilitación de las candidaturas de Machado y Yoris, la revocatoria de la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea y la persistencia de la persecución a opositores (Infobae; 2024a) son muestras de la poca probabilidad de que Maduro ceda el poder frente un posible triunfo de la oposición en las elecciones.

Resta esperar el desarrollo de los comicios y del período poselectoral. Lo que queda claro es que mientras no cambien las condiciones del régimen y no se cuele una competencia más justa a través de las cuatro áreas de competencia democrática, no parece ser posible una transición.

^[1] http://www.Consejo Nacional Electoral.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2024/gaceta_electoral_1055.pdf

^[2] http://www.Consejo Nacional Electoral.gob.ve/web/gacetas_electorales/gacetas/2024/gaceta_electoral_1057.pdf

^[3] https://www.regjeringen.no/contentassets/ac03d5655a8448e0a9653cd95d5c7978/garantias-electorales.pdf