Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría
Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría La descentralización del poder es la garantía que posee la República para conservar el equilibrio entre los distintos poderes que la comprenden. Entre ellos, se encuentra el Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente; el Poder Legislativo, formado por aquellos que aprueban o rechazan las leyes; y el Poder Judicial, garante de sancionar a aquellos que no cumplan con su deber constitucional. La estrategia, la comunicación y las alianzas son parte de la dinámica legislativa. Con la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre, el cuadro político cambió. Hoy en día se encuentra un oficialismo fuerte, capaz de accionar en la arena legislativa, posicionándose como el gobierno más “reformista de la historia”, mencionado varias veces por el gobierno actual. Este artículo analiza cómo la victoria legislativa de La Libertad Avanza en octubre modificó el equilibrio tradicional de poder en Argentina, otorgándole al oficialismo una posición inédita, siendo un gobierno no peronista. Además, se examinan los antecedentes históricos y los efectos institucionales de este nuevo escenario, incluidos los desafíos de la gobernabilidad futura para comprender sus implicancias en la calidad democrática y la estabilidad política del país. De la oposición al poder: el ascenso de La Libertad Avanza Históricamente el Poder Legislativo estuvo dominado por el peronismo, encontrando una dificultad por parte de partidos opositores de poder establecer un consenso político. Cambiemos, en 2017, fue victorioso en las elecciones de medio término. Este triunfo fue un respiro para el gobierno de turno pudiendo llevar adelante varias iniciativas. Lo relevante es que este partido contó con la singularidad de ser una alianza política (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y la Unión Cívica). El mismo corría el riesgo de que las incidencias internas obstaculizaran los proyectos del Poder Ejecutivo. Como se mencionó, el diálogo y la negociación fueron necesarios para poder mantener el rumbo del país. Por su parte, la agrupación libertaría comenzó su recorrido en el año 2021. Javier Milei y Victoria Villarruel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), iniciaron su trayectoria política siendo legisladores por este distrito en la Cámara baja. Esto le otorgó una mayor entidad y reconocimiento, comprendiendo un contexto nacional polarizado. Figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Georgia Meloni, José Antonio Kast en la actualidad son algunas figuras políticas que acompañan la ideología de Javier Milei. Factores como los mencionados le permitieron a Milei tener un crecimiento exponencial llegando a la presidencia en 2023. Hoy en día, se expresa un panorama excepcional. Luego de mucho tiempo LLA pudo obtener la primera minoría, siendo todos los legisladores del bloque de un mismo partido político. Esto es un hecho novedoso en la política argentina. Elecciones de medio término LLA triunfó en las elecciones de octubre de este año, imponiéndose con más del 40% de los votos, dejando en el segundo puesto a Fuerza Patria, partido encabezado por dirigentes peronistas. Esto refleja un nuevo escenario a nivel nacional, evidenciando un Congreso Nacional con una primera minoría violeta. Esto le garantiza al Poder Ejecutivo gobernabilidad y obstáculos escasos comparado a otros gobiernos no peronistas. Por su parte se definieron 127 diputados nacionales. Ademas, provincias como Salta, Neuquén, Rio Negro, Chaco, Santiago del Estero y CABA también eligieron senadores. LLA cuenta hoy en día con 95 diputados, mientras que el PRO (aliado de LLA) tiene 12. La oposición más dura -peronismo/kirchnerismo- se quedó con 93 diputados. El macrismo en 2017 obtuvo casi un 42% de los votos. Cambiemos incrementó los escaños y en algunas provincias tuvo una victoria avasalladora, pero en el Congreso seguía habiendo más diputados de otras fuerzas, precisando de un diálogo recurrente para sacar adelante leyes propuestas por el oficialismo de ese entonces. Sumado a esto, el espacio mostró tensiones internas significativas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO y la Coalición Cívica compitieron bajo el frente Vamos Juntos, mientras que la UCR presentó Evolución Ciudadana, demostrando diferencias estratégicas y de liderazgo dentro de la coalición. Institucionalidad y polarización: el desafío de gobernar con mayoría propia La consolidación de LLA como la primera minoría legislativa trae consigo una serie de debates institucionales importantes que ayudan a entender cómo funciona actualmente la República Argentina. Aunque tener un bloque cohesionado le da al Poder Ejecutivo una capacidad sin precedentes para avanzar en su agenda, como lo ha hecho históricamente los gobiernos peronistas, también se plantean preguntas sobre el equilibrio de poderes y la calidad del proceso deliberativo actual. Desde un punto de vista institucional, la rapidez legislativa que logra el oficialismo puede verse como un fortalecimiento del Estado; sin embargo, la disminución de los contrapesos políticos preocupa a aquellos que valoran la negociación plural como un mecanismo clave para evitar la concentración de poder. El Congreso, según su diseño constitucional, no está destinado solo a validar políticas, sino que también debe ser un espacio de representación y control. La menor necesidad de alcanzar consensos amplios podría empobrecer el debate democrático y reducir la deliberación técnica y política que caracteriza a los sistemas republicanos sólidos. Proyectos como la Modernización Laboral, la Reforma del Código Penal, entre otros, serán claves para terminar de solidificar el proyecto nacional correspondiente al partido violeta. Esta mayoría parlamentaria permitirá una aceptación rápida. Además, se encuentran partidos aliados y dialoguistas como el PRO, miembros de la UCR, de Provincias Unidas, entre otros dentro del Parlamento. Este contexto se desarrolla en un ambiente de creciente polarización. El estilo de discurso del oficialismo y la adversidad de algunos sectores opositores, profundiza la división política y social. Esta polarización emocional tiende a simplificar el debate público en términos binarios y complica la construcción de acuerdos transversales. Así, la dinámica institucional se ve influenciada no solo por la aritmética legislativa, sino también por un ecosistema político y mediático donde prevalece la lógica del antagonismo constante. El presidente Javier Milei y La Libertad Avanza se han consolidado como la primera minoría
Violencia de género, narcotráfico y trabajo sexual
Violencia de género, narcotráfico y trabajo sexual: hablemos sobre el triple femicidio de Florencio Varela El 24 de septiembre se encontraron los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutierrez (15) en Florencio Varela, ciudad de la zona sur del conurbano bonaerense. A partir de aquel momento se abrió un debate que vincula la violencia de género, los crímenes por narcotráfico, el trabajo sexual y el feminismo. Este breve artículo busca echar claridad sobre asuntos que, a menudo, se vuelven cotidianos. Según el Registro Nacional de Femicidios de la CSJN[1], en Argentina hubo un femicidio cada 39 horas en 2024. Las ONG feministas, en las que funcionan observatorios de datos con perspectiva de género, contabilizan 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025. Femicidios en números La importancia de categorizar los crímenes motivados por la violencia de género con la carátula de femicidio radica en la visibilización de la relación entre la muerte de mujeres y su carácter estructural. En este sentido, se entiende por femicidio cualquier acción u omisión ejercida por una persona hacia una mujer por razón de su género, producto de un sistema de creencias que justifica el control ejercido sobre el cuerpo de las mujeres. En síntesis: que maten a una mujer por ser mujer.[2] En esta tipología también se incluyen las consecuencias para el responsable de las muertes, siendo penalizado con la privación de su libertad. En 2015, año en el que se comienzan a contabilizar las muertes bajo la figura judicial de femicidio, el total de datos sobre las víctimas fue de 235 mujeres. De esta cifra se calcula que al menos en el 20% de los casos había habido una denuncia previamente realizada. La clave para entender la diferencia entre el crimen por homicidio agravado y un femicidio es la categoría de género, intrínsecamente vinculada con la razón por la muerte violenta de mujeres. La interseccionalidad ofrece un marco para entender cómo el género funciona en un entramado de otros problemas sociales que conviven. Las causas son estructurales En 2024, año del último informe realizado por la CSJN, se registraron 247 víctimas de violencia de género. A partir de las movilizaciones llevadas adelante por organizaciones feministas desde 2015, el Estado invirtió en recursos creando protocolos para la investigación, la detección de causas judiciales, se ampliaron los conceptos y sujetos afectados por la violencia de género (travesticidio/transfemicidio – rescata la intersección) y se integraron equipos profesionales e interdisciplinarios para el diseño y relevamiento de datos contingentes. Sin embargo, las cifras no muestran cambios significativos que ofrezcan un panorama alentador para quienes se enfrentan a situaciones de violencia por motivos de género. Durante el gobierno actual se cerraron programas que promovían la autonomía económica, la prevención de las violencias, el cierre de líneas telefónicas de emergencia (144), entre otras medidas.[1] El factor económico es imprescindible al abordar la desigualdad de género: el contexto de necesidad de un amplio porcentaje de mujeres frente a la falta de oportunidades de sostenimiento económico de sus hogares las obliga a contraer deudas, hacer changas y vincularse con economías de venta ilegal de sustancias. Este es el punto de inflexión en donde prostitución o trabajo sexual se entrecruza con el narcotráfico, evidenciando cómo el narcocrimen[2] está atravesado por la cuestión de género. Responsabilizar antes que penalizar El ejercicio de la prostitución es una decisión a la vez que un daño colateral de la pertenencia a una clase social determinada. Entre los discursos que surgieron a raíz del triple femicidio se destacó la responsabilización de las jóvenes. Repensar la coyuntura es trazar un puente entre ideologías ya que la violencia pertenece a un debate que se supone transversal a los posicionamientos político-partidarios. Por Camila García Degasperi [1] Desde el año 2015 el principal organismo de justicia, elabora un informe que registra las muertes judicializadas de mujeres por motivos de género. [2] Esto también incluye a mujeres trans. [3] En el informe previamente citado, refiere que entre 2017 y 2024 hubo un promedio de 245 víctimas anuales, además se debe tener en cuenta que entre los casos registrados se incluyen las víctimas directas y la figura de femicidios múltiples. [4] Según el informe PROCUNAR (2022) la narcocriminalidad incluye no solo a las formas del crimen organizado de venta de drogas, sino que incluye toda acción delictiva relacionada con el tráfico de sustancias ilícitas. Es un fenómeno social atravesado por condicionantes estructurales. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
El conurbano bonaerense: epicentro político y electoral
El conurbano bonaerense: epicentro político y electoral Con un peso demográfico determinante y una fuerte incidencia en la definición de los resultados provinciales y nacionales, la Provincia de Buenos Aires concentra tanto la fortaleza del peronismo como los desafíos más profundos de la democracia local. Su relevancia no solo se mide en votos, sino también en su capacidad de sostener liderazgos, moldear estrategias de campaña y funcionar como un termómetro del clima político argentino. Este artículo analiza cómo la concentración de poder político en el conurbano bonaerense influye en la alternancia electoral, la renovación de liderazgos y la participación de nuevas generaciones en la política, así como los riesgos que implica la falta de pluralidad y el estancamiento del poder local. La provincia más poblada, y el territorio más disputado El territorio bonaerense es el más populoso de la República Argentina. Esta región tiene 17.523.996 habitantes, de acuerdo con el Censo 2022. Esto implica hablar de un 38,15% de la población total de la Argentina. Por su parte, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), presenta una población estimada de 13.271.187 personas. Así, se comprende la relevancia geográfica y política de esta provincia. En el conurbano bonaerense se encuentran los municipios más poblados e importantes del país. La Matanza (1,8 millones de habitantes), Lomas de Zamora (600 mil habitantes), Quilmes (580 mil habitantes), Almirante Brown (560 mil habitantes),son algunos de ellos. No solo se destaca su peso electoral, sino su desarrollo tanto social como cultural, siendo centros económicos, industriales y universitarios. Según el Observatorio del Conurbano (2025): ”La dirigencia política se ha ocupado de mantener al conurbano bajo la lupa. Del padrón total de la Provincia de Buenos Aires, compuesto por 14.376.592 electores habilitados, 9,7 millones (67,5 %) residen en los 24 partidos del conurbano,(…) ”. El peso electoral es central, especialmente hablando en las elecciones legislativas. Parte de este electorado definirá una amplia porción de bancas en la Cámara Baja del Congreso, como también así, la aprobacion que se le dará al Poder Ejecutivo. La Provincia de Buenos Aires en clave electoral: el poder del conurbano El pasado 7 de septiembre Fuerza Patria obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, dejando al descubierto la importancia política que posee la provincia. La fortaleza electoral de este partido en la región bonaerense se encuentra en la primera y tercera sección, encontrando municipios claves, entre ellos Quilmes, La Matanza, Merlo, San Martín, entre otros. Aproximadamente hablamos de un electorado de 11 millones de personas. Para cualquier candidato, mantener la primacía en el conurbano garantiza mayor legitimidad, especialmente en el Congreso de la Nación. Por ello, el justicialismo ha buscado consolidar su poder en la mayoría de los municipios que lo componen, otorgando una gobernabilidad sólida a lo largo de los años. Las estrategias de campaña suelen concentrarse allí (actos, recorridas, anuncios económicos focalizados, etc). Por eso, los partidos diseñan programas sociales y discursos especialmente orientados a este electorado. El Conurbano funciona como el corazón político del peronismo y como un campo de disputa clave para cualquier fuerza nacional, destacando las grandes problemáticas que comprende esta región como por ejemplo la desigualdad social y la dependencia hacia el estado. En Buenos Aires el peronismo ha gobernado desde hace años. Allí el radicalismo se posiciono en 1983 con el impulso de Raúl Alfonsín hasta 1987 con el triunfo del Partido Justicialista (PJ), gobernando ininterrumpidamente hasta el 2015 donde la provincia se pintó de amarillo con la victoria de María Eugenia Vidal, perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO). En 2019 esto se revirtió devolviéndole el poder al peronismo junto al actual gobernador, Axel Kicillof. Esto gracias al apoyo que el conurbano bonaerense le ha dado históricamente al peronismo. La Matanza, con una población de 1.841.247 personas, es el ejemplo perfecto de esto. El PJ gobierna desde 1983 hasta la actualidad. Por otro lado en Quilmes, el PJ ha gobernado más de 26 años desde la vuelta democrática, con interrupciones como en 2015 con la intendencia de Martiniano Molina (PRO). En Florencio Varela y otros municipios sucede algo similar. De esta forma, se constata el gran aparato político y social que ha podido construir el peronismo junto a la provincia, otorgándo un gran respaldo y recursos frente a las elecciones tanto locales como nacionales. Por ejemplo, en años anteriores la fuerza que presenta el PJ en términos electorales se mantiene sólida, comparado a la de otros partidos políticos. En el 2023 el conurbano bonaerense acompañó al peronismo, donde se eligieron candidatos presidenciales, diputados nacionales, y en algunos distritos también candidatos a gobernadores o intendentes. En las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en localidades como Quilmes y La Matanza Fuerza Patria, en ese momento llamada Unión por la Patria (UXP) consiguió un respaldo de más del 40%. Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/paso-2023-el-mapa-de-resultados-en-el-conurbano-municipio-por-municipio-nid11082023/#/ Si se quiere avanzar hacia la actualidad lo mismo ocurrió en el mes de Septiembre. Se aprecia en el mapa como esta región esta prácticamente de color azul representando la primacia que posee el PJ en la region. Fuente: https://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=22921 ¿Por qué el peronismo ha logrado mantener el poder? Desde que se restableció la democracia en 1983, el peronismo estableció una sólida presencia en el territorio a través de gobiernos municipales con fuertes raíces locales, redes de activistas, estructuras partidarias organizadas y un relato de identidad que sigue resonando en grandes grupos de personas. Además, es relevante destacar al electorado que apoya al peronismo. Hablamos de votantes pertenecientes a barrios populares y clase media entendiendo que la Provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, comprende una gran desigualdad social y altos índices de pobreza. Diego Genoud (2017) remarca que: “Durante los años ochenta y noventa, el peronismo tuvo una gran sensibilidad para detectar los nuevos contornos de la pobreza. (…) Desde Duhalde empiezan a ganar una creciente influencia en la administración de recursos y administran planes” El Observatorio del Conurbano (2024) anuncia que: “En el primer trimestre de 2024, la pobreza en el conurbano fue del 62%. Esto le ha permitido al PJ
Aranceles: Trump presiona a Brasil y reconfigura el tablero global
Aranceles: Trump presiona a Brasil y reconfigura el tablero global Donald Trump expone los aranceles propuestos en la Casa Blanca, 2 de abril de 2025. © 2025 Samuel Corum/Sipa USA via AP Photo Lula y Bolsonaro en el tablero comercial de Trump En un movimiento que impacta el contexto regional, Estados Unidos elevó en agosto los aranceles a Brasil al 50%, sumando presión sobre un socio clave y profundizando las tensiones comerciales que marcan el segundo mandato de Trump. El hecho se suma a una larga lista de casos en los que Estados Unidos incrementó de manera unilateral los gravámenes a las importaciones. Según el discurso oficial, la motivación principal de estas medidas es reducir el déficit comercial y reindustrializar el país. Estados Unidos es el principal importador del mundo y, según el Council on Foreign Relations, su balanza comercial es deficitaria desde hace más de 40 años. Trump afirma que la causa fundamental de esta situación es el esquema de comercio desigual sostenido en base a aranceles bajos y acuerdos preferenciales. El endurecimiento de las tarifas afecta a una amplia variedad de productos estratégicos que Estados Unidos importa de Brasil. Algunos como la carne, la soja, el café y el azúcar son parte esencial de las cadenas de suministro. A pesar del discurso proteccionista con el que Trump justifica estas medidas, un eventual encarecimiento de las importaciones podría incrementar los precios de estos productos de consumo masivo y afectar al mercado interno estadounidense. Sin embargo, además de los intereses económicos, también aparecen factores políticos. El propio Trump señaló que el aumento a Brasil fue una respuesta a la “persecución” judicial contra Jair Bolsonaro, sentenciado el 11 de septiembre a más de 27 años de prisión por el intento de golpe de 2022. El expresidente mantiene una relación política y personal estrecha con el mandatario norteamericano. En Brasil, la reacción fue inmediata. Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida como una violación a la soberanía nacional y rechazó “que nadie fuera de Brasil se entrometa en nuestros problemas internos”. Aunque reiteró su disposición a negociar sobre comercio, adoptó un discurso nacionalista que fortaleció su liderazgo. De acuerdo con la consultora Genial/Quaest, en agosto la aprobación del gobierno de Lula ascendió al 46%, frente al 40% de mayo, lo que lo perfila con mayor solidez de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En paralelo, la desaprobación cayó seis puntos. Esta reconfiguración del humor social coincidió con la decisión estadounidense de elevar los aranceles sobre productos brasileños. En las mediciones de intención de voto, el actual presidente apareció al frente en cualquier escenario, mientras que Bolsonaro permanece estancado. La imagen del expresidente se resintió, cada vez más vinculada a las tensiones derivadas de la política comercial de Washington. En este contexto, la presión de la potencia norteamericana no solo impacta en la política interna brasileña, sino que podría empujar a Lula a reposicionar sus exportaciones y consolidar su relación con otros socios, especialmente China. El gigante asiático viene demostrando su interés en la región mediante la búsqueda de acuerdos comerciales y el desarrollo de proyectos de inversión. Estas medidas arancelarias podrían contribuir a un mayor protagonismo chino en Latinoamérica o a debilitar la influencia norteamericana. Aranceles como herramienta de política exterior El episodio brasileño no es aislado, sino que refleja una estrategia más amplia de Trump de usar la política arancelaria como herramienta de presión internacional. Al igual que con Brasil, Washington apuntó también a otras regiones. En varios casos, las tarifas se usaron como instrumento político más que de regulación comercial. A principios de año, Trump amenazó con aranceles del 50% a Europa, que finalmente quedaron en 15% tras un acuerdo en la OTAN en junio, donde los países europeos se comprometieron a aumentar su presupuesto de defensa. Con México ocurrió algo similar: tras la amenaza de sanciones, reforzó controles migratorios y fronterizos. La semana pasada, Trump volvió a redoblar la presión. Según funcionarios europeos y reportes diplomáticos, instó a la UE a aplicar aranceles de hasta el 100% sobre productos de China e India y a reducir las compras de petróleo ruso. Analistas interpretan que busca presionar a Moscú y vulnerar sus finanzas. Al mismo tiempo, estaría intentando alinear a sus aliados europeos tras su estrategia respecto de la guerra ruso-ucraniana. Este uso de la política comercial como herramienta de disuasión y negociación refleja la intención de Washington no solo de reequilibrar la balanza comercial de EE. UU., sino también de reconfigurar el tablero geopolítico en su favor. Según especialistas, esta situación podría generar efectos ambiguos. Por un lado, es posible que esta nueva estrategia sirva para forzar a aliados y rivales a ajustarse a su agenda, y obtener concesiones que favorezcan a los intereses estadounidenses. Sin embargo, también podría acelerar la coordinación de potencias no occidentales, fortaleciendo foros como el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, que desafíen la influencia política y económica global de EE. UU. De cualquier modo, es probable que la incertidumbre tarifaria genere profundos dilemas para un gran número de países y bloques regionales. El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales destaca que este contexto “obliga a reformular el Mercosur, particularmente, su arancel externo común”. A su vez, podrían producirse nuevas tensiones en el bloque ante la existencia de posturas contrapuestas. Los gobiernos de Lula y de Javier Milei -más cercano políticamente a Washington- podrían enfrentar dificultades para conciliar intereses comunes. Además, el CARI también advierte sobre las dificultades que esto podría presentar para nuestro país: una posible reducción en las exportaciones argentinas, sumado a una situación interna vulnerable y un entorno global más competitivo. En general, las economías emergentes podrían enfrentar mayores desafíos para mantener su participación en el mercado internacional. A fin de cuentas, la nueva estrategia de Trump se ve condicionada tanto por repercusiones internacionales como por factores domésticos. En última instancia, su viabilidad dependerá de la capacidad de Trump para sortear
Elecciones provinciales: un reacomodamiento del poder rumbo a octubre
Elecciones provinciales: un reacomodamiento del poder rumbo a octubre El pasado domingo 31 de agosto, Corrientes eligió gobernador y vice, quienes llevarán el rumbo provincial durante los próximos 4 años. La agrupación política Vamos Corrientes de la mano de Juan Pablo Valdés obtuvo nuevamente una victoria contundente, afirmándose la primacía del partido radical a nivel provincial. Por su parte, La Libertad Avanza (LLA), de manera sorpresiva se posicionó en cuarto lugar dejando mucho que desear y una gran incertidumbre con respecto a la permanencia de su poder. Esto se confirmó este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires, donde Fuerza Patria volvió a posicionarse en el escenario provincial, generando dificultades para el oficialismo de cara a las elecciones de octubre. Por ello este artículo analizará las elecciones provinciales recientes en Argentina, con foco en la Provincia de Buenos Aires y en cómo los resultados afectan al panorama político nacional. Además, se evaluará la fortaleza de La Libertad Avanza frente a las próximas elecciones del mes de octubre. Buenos Aires, el termómetro del poder político Históricamente la Provincia de Buenos Aires ha sido el bastión electoral donde todas las fuerzas políticas quieren obtener una victoria. Al ser la provincia más populosa, se lleva una gran cantidad de bancas en el Poder Legislativo. El gobernador Axel Kicillof decidió separar las elecciones provinciales de las nacionales, permitiendo generar un mapeo previo de cara al mes de octubre. Desde 1987, el peronismo ha gobernado ininterrumpidamente la provincia, hasta la llegada de María Eugenia Vidal, perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO) en el 2015. Luego de teñirse la provincia de amarillo, para el 2019 el peronismo volvió a captar el poder. El pasado domingo 7 de septiembre se celebraron las elecciones de medio término en la Provincia de Buenos Aires en las cuales se definieron 23 senadores, 46 y más de 1097 concejales. Por su parte, Fuerza Patria volvió a demostrar su poder en la provincia, dejando en segundo lugar a LLA. El gobierno nacional sólo logró la victoria en 2 de las 8 secciones que la componen, comprendiendo un 33,71% de los votos frente un 47,28% por parte de la agrupación peronista. Fuente: La Nación, 7 de septiembre de 2025. ¿Qué representa esto? Un revés para el gobierno nacional en un contexto altamente polarizado. Su estrategia política y económica, guiada por el déficit 0 y su enfrentamiento con el peronismo, no alcanzó para obtener la victoria. De la motosierra al desencanto: la encrucijada política del gobierno MileiLa agrupación violeta nació como resultado del hartazgo político y con la ayuda de una ciudadanía desanimada con las instituciones. Frente a la necesidad de respuestas inmediatas en oposición a la política convencional, el gobierno de Javier Milei logró marcar un rumbo cultural y político en la Argentina. Hoy se evidencia un desgaste. Con varios contratiempos, el gobierno estuvo en el centro del debate político y mediático en los últimos meses. Ejemplos como el veto presidencial a las políticas de emergencia de sectores vulnerables, el recorte hacia la salud pública y los presuntos hechos de corrupción reflejan un punto de inflexión. Argentina cuenta con un electorado amplio que no posee una preferencia política definida e incluso muchos no se sienten representados por la política actual. Las agrupaciones moderadas han quedado desdibujadas del mapa nacional, comprendiendo un escenario polarizado tanto social como político. Esto favorece a partidos con discursos más radicalizados que prometen respuestas inmediatas. Dentro del electorado bonaerense existe un sector moderado que en su momento acompañó a Juntos por el Cambio. Ese espacio, con perfiles más centristas como la UCR o la Coalición Cívica, hoy empieza a mirar con atención a otras opciones como SOMOS, una agrupación integrada por peronistas, radicales y sectores desencantados tanto con el oficialismo como con el kirchnerismo. Su irrupción demuestra que la diversidad y la búsqueda de consensos pueden ganar apoyo: en varias secciones de la provincia, como la Cuarta, la Sexta o la Séptima, el espacio logró posicionarse tercero con resultados de dos dígitos, lo que refleja un electorado dispuesto a respaldar alternativas más moderadas. La estrategia del gobierno deberá enfocarse en captar los votos de las personas indecisas o que ven en partidos más mesurados una salida posible. La pérdida de apoyo en el distrito más poblado del país revela que el oficialismo nacional enfrenta crecientes dificultades para ampliar su base electoral más allá de los votantes convencidos por el discurso de la “motosierra”. Además, se destacó el ausentismo en esta jornada electoral, con una participación de apenas el 61% del padrón, una de las más bajas en los últimos años. Captar a quienes no votaron requiere menos confrontación y más propuestas concretas que generen confianza en que la política puede mejorar la vida cotidiana. ¿Derrota momentánea o comienzo del fin? El triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires no solo refuerza su presencia en la provincia, sino que también abre nuevas oportunidades para las elecciones nacionales de octubre. Para el gobierno, este resultado es un golpe a su estrategia de afianzar poder legislativo y limitar a la oposición desde la provincia. Al no poder controlar la agenda en el distrito electoral más importante, su capacidad de maniobra en el Congreso se ve debilitada, lo que a su vez favorece a la oposición, que encuentra un espacio propicio para cuestionar el rumbo económico y político del oficialismo. De todas formas, no todo está perdido para la agrupación libertaria: su crecimiento es notable si se lo compara con sus comienzos. Ha logrado ser el principal opositor al kirchnerismo, desplazando a partidos como el PRO. Además, obtuvo triunfos en otras jurisdicciones, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital salteña, y un apoyo significativo en intendencias como Escobar, Echeverría, San Isidro y Vicente López. La capacidad del gobierno para reconocer errores, ajustar su discurso y ofrecer resultados concretos será clave para sostener su proyecto político. Estrategias como el llamado al diálogo, un discurso más moderado y la apertura a una participación más heterogénea
Buenos Aires define su mapa político: cómo quedaron las alianzas para septiembre
Buenos Aires define su mapa político: cómo quedaron las alianzas para septiembre El 9 de julio venció el plazo para la presentación de alianzas electorales de cara a los comicios provinciales del 7 de septiembre en Buenos Aires. Luego de semanas de negociaciones intensas, acuerdos forzados y tensiones internas, se inscribieron nueve frentes. La conformación de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) no fue sencilla. La conducción bonaerense del PRO, encabezada por Cristian Ritondo, fue una de las impulsoras del acuerdo. Contó con el respaldo político de Mauricio Macri, quien avaló desde el principio una alianza estratégica con el oficialismo nacional. Aunque el acuerdo se presentó como una jugada estratégica para disputar poder en la provincia, estuvo precedido por fuertes tensiones internas dentro del PRO, marcadas por desacuerdos políticos y un persistente temor a perder autonomía territorial. La posible subordinación a la estructura libertaria, que avanzaba con una lógica cerrada y poco dispuesta a negociar, generó resistencias concretas. Intendentes como Soledad Martínez, María José Gentile, Pablo Petrecca y Lisandro Matzkin expresaron sus reparos ante un esquema que podía desdibujar su peso local. Por su parte, el equipo de Karina Milei y Sebastián Pareja impuso condiciones claras: exigieron un alineamiento ideológico sin ambigüedades, descartaron el reparto tradicional de cargos y limitaron la incorporación de dirigentes que no respondieran de forma directa al núcleo mileísta. Pareja fue tajante al señalar que “los que no están, es porque pidieron cargos equivocados”. La clave para destrabar la alianza fue la garantía a los intendentes del PRO para poder nominar apoderados propios, controlar las listas en sus distritos y mantener la marca local. Los 13 intendentes del PRO se sumaron, pero bajo condiciones operativas muy ajustadas. Por su parte, el sello Avanza Libertad vuelve a competir con lista propia, aunque Espert hoy integra LLA. Lo inscribieron Unión Liberal y el Frente Federal, con Julio Bayés como apoderado. La escisión responde al desacuerdo con la alianza entre el PRO y LLA. El Partido Justicialista bonaerense, en alianza con el Frente Renovador, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Patria Grande y otras fuerzas afines, inscribió formalmente el frente Fuerza Patria para competir con una lista de unidad. Sin embargo, el armado estuvo lejos de ser armónico. Las negociaciones estuvieron atravesadas por viejas tensiones no resueltas, especialmente entre el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora. Durante meses, los canales de diálogo entre ambas partes estuvieron prácticamente cerrados, producto de diferencias en la gestión y disputas de poder internas. De este modo, Fuerza Patria logró un acuerdo entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Se consolidó la inscripción formal de la lista, se acordó una defensa política de la expresidenta y se reafirmó el respaldo a la gestión bonaerense. Sin embargo, los principales nudos del armado aún no se han resuelto: falta definir quiénes encabezarán, cómo se integrarán las ternas municipales y qué nombres ocuparán los lugares expectantes en las listas. La presentación del frente Somos Buenos Aires marca la irrupción de un nuevo actor en el escenario político de la provincia. Se trata de una alianza heterogénea, compuesta por fuerzas y dirigentes provenientes de tradiciones diversas. Participan la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, Hacemos por Nuestro País, la Coalición Cívica ARI bonaerense, el Partido del Diálogo, Para Adelante (espacio de Facundo Manes), el GEN de Margarita Stolbizer, el Partido Socialista y una serie de partidos vecinales. Este espacio se propone como una tercera vía frente a la creciente polarización, con el objetivo de captar al electorado desencantado de las dos principales coaliciones. Sostiene una agenda basada en la defensa de la salud pública, la educación, el federalismo y el equilibrio económico, sin caer en extremos ideológicos ni en propuestas de ajuste estructural. El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) oficializó su participación en las elecciones con la continuidad de su alianza integrada por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores e Izquierda Socialista. Sin embargo, quedó excluido el Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), que denunció maniobras poco claras durante el proceso de conformación. La dirigente Manuela Castañeira, referente del Nuevo MAS, acusó al FIT-U de utilizar el discurso de la unidad como una fachada y cuestionó la falta de transparencia en las negociaciones. Desde su espacio sostienen que la exclusión fue deliberada y no un resultado de simples desacuerdos programáticos. La inscripción de la alianza Potencia Buenos Aires para competir en las elecciones provinciales marca la conformación de un espacio nuevo, de perfil liberal-conservador, encabezado por María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF). Impulsado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el partido UNIR y otras fuerzas menores, Potencia Buenos Aires propone una agenda centrada en el orden, la institucionalidad y los valores republicanos. El espacio se presenta con una postura crítica hacia el kirchnerismo y mantiene una afinidad ideológica con el oficialismo libertario, aunque sin integrar formalmente LLA ni el frente conjunto con el PRO. Por último, se inscribieron otras tres coaliciones que completan el panorama electoral en la provincia de Buenos Aires. Es con Vos, es con Nosotros, conformada por el Partido Republicano y Unión Popular Federal; Nuevos Aires, que reúne a Unión Celeste y Blanco, el Partido Renovador Federal y Confianza Pública. Finalmente, se presentó la Alianza Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, integrada por el espacio que le da nombre a la coalición junto con las agrupaciones Acción Vecinal, San Isidro es Distinto y Acción Vecinal por un San Martín Distinto. Estas propuestas, de menor alcance, buscan posicionarse con presencia local y representar agendas distritales en un escenario dominado por alianzas mayores. Por Lourdes Ramos Fuentes: ¿Suspenden el inicio de clases? Por paro docente, qué pasará en CABA y provincia de Buenos Aires. (21 de Febrero de 2024). Obtenido de El Cronista: https://www.cronista.com/economia-politica/suspenden-el-inicio-de-clases-por-paro-docente-que-pasara-en-caba-y-provincia-de-buenos-aires/ Corti, D. (22 de Febrero de 2024). Calendario escolar 2024: sólo 5 provincias planificaron 190 días de clase. Obtenido de
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Venezuela: elecciones y autoritarismo
Venezuela: elecciones y autoritarismo El objetivo del presente artículo es analizar las elecciones presidenciales de Venezuela a realizarse en julio de 2024. Siguiendo el enfoque de Levitsky y Way (2010) se describirán brevemente la evolución y el estado actual de las cuatro arenas de competencia democrática de los regímenes autoritarios competitivos. Además, se examinará el proceso previo a las elecciones presidenciales de 2024, destacando sus continuidades y particularidades. El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El régimen venezolano puede catalogarse como autoritario competitivo (Levitsky y Way; 2002). Estos regímenes son competitivos en la medida en que las elecciones son consideradas el medio para llegar al poder y son intensamente disputadas en tanto la oposición participa de las mismas para luchar por el gobierno. Esta competencia es desleal e injusta ya que el campo de juego se encuentra sesgado a favor de los gobernantes, quienes manipulan las elecciones, se abusan de los recursos estatales, hostigan a los opositores, sesgan la cobertura mediática y atacan las libertades civiles, brindándole grandes ventajas al oficialismo en las elecciones. Además de las elecciones, Levitsky y Way (2010) identifican la permanencia de otras tres arenas de competencia democrática mediante las que la oposición desafía a los gobernantes en los regímenes autoritarios competitivos: la arena legislativa, la judicial y la de los medios de comunicación. Para las elecciones de 2024 se presentan diez candidaturas, siendo las más relevantes las de Nicolás Maduro por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que busca alcanzar su tercer mandato, y Edmundo González Urrutia por la Plataforma Unitaria Democrática, un diplomático de bajo perfil que representa a la oposición más importante en forma unificada y busca derrotar al chavismo y su autoritarismo. El candidato que obtenga más votos se convertirá en Presidente para el mandato 2025-2031. Las elecciones del corriente año registran permanencias con respecto a tres arenas de competencia democrática desde los inicios de los mandatos de Chávez. La arena judicial fue tempranamente cooptada por el chavismo, específicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Estos organismos están haciendo omiso ante las irregularidades del proceso pre-electoral. En la arena legislativa, el oficialismo gozó constantemente de una mayoría absoluta. Y cuando no la logró –como en 2015– empleó mecanismos inconstitucionales para impedir que la oposición fuera mayoría en la Asamblea. Actualmente, el Poder Legislativo está dominado por el chavismo tras las elecciones de 2020 en las que obtuvo más del 90% de las bancas debido a que la oposición no se presentó. Las siguientes elecciones legislativas serán en el año 2025. A lo largo del chavismo, numerosos medios de comunicación privados fueron cerrados, otros fueron condicionados a apoyar al gobierno para no ser acosados y los medios públicos funcionaron como voceros del gobierno. La previa a las elecciones de 2024 también presenta la sofocación de los medios de comunicación (Sala 58; 2023). Debido a este panorama, las elecciones se inscriben en un campo de juego ampliamente favorable para el oficialismo. Con respecto a la arena electoral, se observan algunas continuidades y otras particularidades. Y, al igual que las elecciones de 2018, presenta rasgos que impiden calificar a los comicios de libres, justos y democráticos. Según datos de junio de 2024 han emigrado 7.774.494 venezolanos (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela; s.f.) y podrían conformar la circunscripción electoral más grande de Venezuela. Sin embargo, debido a la forma y el tiempo de inscripción, votarán únicamente 69.189[1][2] emigrantes. Asimismo, se habilitaron cinco días para el lapso de presentación de postulaciones. Con respecto a los plazos para la modificación y sustitución de postulaciones se establecieron veinte días. Estas últimas cuestiones cobran gran importancia tras la inhabilitación del Consejo Nacional Electoral a la candidatura de María Corina Machado. Machado fue seleccionada candidata con el 92,35% de los votos en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática en 2023 (Los Angeles Times; 2023) y era una de las candidatas mejor valoradas según las encuestas. Debido a la inhabilitación de su candidatura, Machado propuso la postulación de Corina Yoris. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que el sistema del Consejo Nacional Electoral impidió la posibilidad de inscribir a Yoris dentro del plazo establecido. La Plataforma obtuvo una prórroga y, al no poder concretar la inscripción de Yoris, alistó a Edmundo González Urrutia. Además del caso de Machado, el Consejo Nacional Electoral invalidó la participación de ocho partidos. En octubre de 2023 el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria Democrática suscribieron al Acuerdo de Barbados[3] con el objetivo de convenir las condiciones necesarias para llevar a cabo las elecciones presidenciales de 2024. Las irregularidades descritas demuestran las violaciones del gobierno al Acuerdo: la inhabilitación de Machado y Yoris irrespetó el derecho de los actores políticos a seleccionar sus candidatos, la fecha elegida no fue pactada por ambos bloques, la actualización del Registro Electoral no garantizó la inscripción y actualización de millones de venezolanos y se incumplió la invitación a la misión de la Unión Europea con su revocatoria. El incumplimiento del Acuerdo de Barbados por parte del chavismo no suscitó penalizaciones por parte del Consejo Nacional Electoral ni de la Justicia. Las elecciones de 2024 presentan una particularidad fundamental: la participación de la Plataforma Unitaria Democrática. Tanto en 2018 como en 2024 el oficialismo intentó inhabilitar su participación. Pero este año la Plataforma cambió su estrategia: mientras en las presidenciales de 2018 decidió no participar, en 2024 lo hará con el candidato que el sistema le permitió inscribir. El factor internacional es fundamental en tanto un fuerte apoyo internacional en favor de la democracia aumenta las probabilidades de transiciones democráticas (Mainwaring y Pérez Liñán; 2014). Los actores internacionales ejercen influencia sobre el régimen mediante la provisión de incentivos, la imposición de sanciones, el monitoreo electoral y la persuasión diplomática. En este sentido, las sanciones que los Estados Unidos y la Unión Europea imponen a Venezuela desde 2015 y 2018 respectivamente (BBC News Mundo, 2024; Consejo de la Unión Europea, s.f.) buscan aumentar las probabilidades de caída
El conflicto judicial en marcha entre la provincia de Chubut y el Estado Nacional: una mirada política y jurídica de la cuestión.
El conflicto judicial en marcha entre la provincia de Chubut y el Estado Nacional: una mirada política y jurídica de la cuestión. Palabras claves: Coparticipación federal de Impuestos; Fondos Fiduciarios; doctrina de la emergencia económica; federalismo de concertación; acuerdos políticos. El veintisiete (27) de febrero de 2024 la provincia de Chubut inició un reclamo ante el Estado Nacional con el fin de que cese en su conducta intempestiva que supuso la retención automática de los fondos a los que la provincia patagónica tiene derecho en virtud de la distribución establecida en la Ley 23548 de Coparticipación de Recursos Fiscales. Para así decidir, la justicia federal de la ciudad capital de Rawson basó sus fundamentos en la doctrina de la emergencia económica a raíz de la declaración establecida en la Ley N°VII 94 sancionada por la Legislatura local. Cabe destacar que el pasado doce (12) de marzo de 2024 la resolución que finalmente hizo lugar al pedido de Chubut fue apelada por el Estado Nacional y seguirá su destino ante los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Allí se verán en juego argumentos que suelen observarse en los distintos conflictos que surgen dada la regulación actual de la Ley 23548 y que giran en torno al respeto de las normas que integran el denominado “Federalismo de concertación”. Introducción: Recientemente la provincia de Chubut (en adelante Chubut) inició un reclamo ante la justicia federal de dicha provincia patagónica con el fin de que el Estado Nacional (en adelante EN) cese la retención automática de las sumas que le corresponden en la distribución establecida acorde a la coparticipación federal de impuestos; ello con motivo de la deuda que Chubut mantiene por préstamos originados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Asimismo, la provincia solicitó que se renegocie la deuda en condiciones razonables que impliquen principalmente una modificación de las condiciones vigentes de actualización de la deuda en cuanto a que pasen de la tasa CER vigente a una tasa BADLAR. Todos estos requerimientos, sostuvo además Chubut, debían mantenerse durante la vigencia de la ley de emergencia económica, financiera y administrativa declarada por la legislatura local mediante la Ley VII N°94. Promovidas las medidas antedichas, el Juzgado Federal de Rawson N° 1 a cargo del Dr. Hugo Ricardo Sastre hizo lugar a lo peticionado por Chubut “disponiendo el cese de la retención que -en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial- la demandada viene realizando sobre las sumas que ha de percibir aquella en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos; ello, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda y por el periodo máximo comprendido por el ejercicio financiero en curso” (conforme surge de la propia resolución que es de acceso público a la comunidad[1]). De este modo, aquello que se pretende con el presente artículo es abordar el conflicto judicial que encuentra a ambas jurisdicciones-provincial y nacional- tanto desde un enfoque técnico-jurídico como político (todo ello en un lenguaje lo más llano posible y que promueva la comprensión de las distintas variables de la cuestión). ¿Cómo definir legalmente a los Fondos Fiduciarios? Durante el mes de febrero del corriente año, el Presidente de la República ha tildado a los Fondos Fiduciarios como parte de las “cajas negras de la política”[2]. Vale detenerse entonces en la definición legal de estos, sus normas reglamentarias y un análisis de la razonabilidad de tales regulaciones a la luz la transparencia y la publicidad de todo acto de gobierno[3] (conforme artículo 33 y concordantes de la Constitución Nacional- en adelante CN-). En primer lugar, es dable considerar que los fondos fiduciarios se encuadran dentro de la noción de un “contrato de fideicomiso público” que por su parte tiene varias similitudes con el contrato de fideicomiso que acontece entre privados (conforme artículos 1666 y 1667 del Código Civil y Comercial de la Nación). La diferencia central, por el contrario, se constituye en que los fondos fiduciarios públicos o bien los contratos de fideicomiso público persiguen- cabe aclarar por ahora en estos términos- un fin público que responde al interés general. Ahora bien, a partir de esta noción podemos consignar a las partes integrantes de este contrato de la siguiente manera: Fiduciante: se trata del Estado Nacional o bien de un organismo designado a los efectos del contrato. Fiduciario: se trata de la entidad pública o privada a quien se le transmite la propiedad de aquellos bienes que integran el contrato y asume a su vez la obligación de administrar o gestionarlos en pos de cumplir un determinado fin. Beneficiarios: son los destinatarios de los beneficios producto del fideicomiso que como se observa responde a determinados objetivos perseguidos por el Estado Nacional. Seguidamente, corresponde por lo tanto adentrarse en el régimen del fondo fiduciario objeto de cuestionamientos judiciales en el caso que nos ocupa; esto es el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (en adelante FFDP) regulado por el Decreto N° 286/95. Desde un primer vértice, cabe clarificar los objetivos del fondo fiduciario bajo estudio. Tal como surge del artículo 1 de la norma mencionada, el Fondo Fiduciario tiene por fin- en lo que aquí se destaca- “(…) c) Asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de las deudas de los Estados Provinciales, su renegociación y/o cancelación y (…) d) Asistir y financiar programas de desarrollo, mejora de la eficiencia, incremento de la calidad de las prestaciones y fortalecimiento en general de los sectores de la economía real, educación, justicia, salud y seguridad”. Es decir que como en el caso de Chubut, parte de los objetivos buscados responde a mejorar o refinanciar el endeudamiento que las distintas provincias argentinas puedan contraer con el Estado Nacional. Además, el FFDP tiene en miras garantizar y contribuir al ejercicio de derechos básicos como la educación, acceso a la justicia, salud, entre otros.[1]. Despejado todo lo vinculado a los fines perseguidos por el FFDP, no quedan dudas que el fiduciante es el Estado
Cooperación centro-sur: un acercamiento a los modelos de seguridad de la Argentina y El Salvador
Cooperación centro-sur: un acercamiento a los modelos de seguridad de la Argentina y El Salvador En un mundo interconectado, donde los desafíos en materia de seguridad trascienden las fronteras, la cooperación entre naciones e intrarregional se volvió indispensable. El vínculo entre Argentina y El Salvador superó la distancia geográfica, encontrando en la cooperación en seguridad un terreno fértil para el intercambio de experiencias, recursos y estrategias. Resuena cada vez más el éxito que tuvo el modelo de seguridad salvadoreño y son aún más resonantes las voces que solicitan la implementación de un esquema de seguridad “a lo Bukele” en su propio país, pero ¿cómo está compuesta esta estrategia de seguridad? El modelo salvadoreño Según Ramírez (2023), el “Plan de Control Territorial” toca múltiples aristas, contrariando la idea colectiva de que se trata únicamente de un programa de “mano dura”. El modelo salvadoreño se puede explicar como un proceso compuesto por 6 fases: Preparación: El objetivo del Gobierno es retomar el control de los territorios ocupados por las Maras (bandas criminales), deteniendo e incomunicando a cualquier criminal o sospechoso en el proceso. Oportunidades: Orientada a generar mejores condiciones para los jóvenes y a prevenir la violencia, consiste en la reconstrucción del entramado social de las comunidades, la creación de centros comunitarios y la formación laboral de los jóvenes salvadoreños. Modernización de las fuerzas de seguridad: Se centra en la mejora de los equipos que utilizan las fuerzas de seguridad (drones, equipos de visión nocturna, cámaras de vídeo, armas, chalecos antibalas, unidades de patrulla y uniformes) para luchar contra el crimen organizado. Incursión: Con un tiempo estimado de cinco años, esta fase tiene como objetivo recuperar la totalidad de los territorios ocupados por las Maras. Se emplearán tanto efectivos de la policía como del ejército, pretendiendo duplicar el número de efectivos abocados a esta tarea (de 20 mil a 40 mil). Extracción: Durante esta fase, la policía y el ejército cercarán los municipios más grandes para extraer a todos los pandilleros restantes. Integración: Mediante la creación de instituciones especializadas, en este caso la llamada Dirección Nacional de Integración, se buscará coordinar un sistema integral de capacitación con enfoque laboral y la generación de programas para reducir la pobreza. El modelo argentino Debido al cambio de gobierno suscitado en la Argentina y a partir de las declaraciones de Patricia Bullrich, se discierne que la nueva administración emplea (incorporando ciertos elementos propios del nuevo gobierno) el Plan Estratégico Institucional (PEI) gestado por la anterior administración. Según el Ministerio de Seguridad de la Nación (2022), el PEI del 2022-2024 consta de seis ejes de gestión, siendo los siguientes: Prevención y lucha contra el delito organizado. Fortalecimiento de los mecanismos de articulación federal, abordaje territorial y despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Ramiréz, R.R. (2022). Bukele: ¿El salvador de El Salvador? Los desafíos de un modelo político y de seguridad. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Seguridad de la Nación.(2020). Plan Estratégico Institucional 2022-2024. Ministerio de Seguridad de la Nación. Articulación conjunta de las fuerzas policiales y de seguridad federales en el diseño e implementación de políticas de género, bienestar, inclusión y diversidad que aporten al cambio en la cultura organizacional y en sus vínculos con la ciudadanía. Fortalecimiento y promoción de mecanismos tendientes a garantizar la integridad, ética, legalidad y transparencia de las fuerzas policiales y de seguridad. Reducir los riesgos ante catástrofes naturales. Mejorar e incrementar la formación de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. Contrastes y coincidencias en los planes de seguridad Si se analiza ambos proyectos de seguridad, se concluye que se encuentran más diferencias que similitudes. En un principio ambos planes admiten la necesidad de modernizar y capacitar constantemente a las fuerzas de seguridad, así como también se admite el rol central que juega la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en la lucha contra el crimen. Entre las diferencias más tajantes que se puede encontrar entre ambos modelos están: Por un lado, el PEI de Argentina exceptuó la participación de las FFAA en la lucha contra el crimen organizado, limitando al plan a la mera coordinación y cooperación entre las fuerzas de seguridad nacional y provinciales. En cambio, el “Plan de Control Territorial” de Bukele no solo optó por hacer partícipe a las fuerzas armadas salvadoreñas, en la lucha contra las Maras, sino que se han vuelto un activo clave en los operativos. Por otro parte, el esquema argentino busca la optimización de las relaciones entre el poder judicial y las fuerzas de seguridad a la hora de habilitar los operativos, El Salvador optó por brindarle (por medio de la declaración del Estado de emergencia y la limitación de los derechos constitucionales) a las fuerzas de seguridad la capacidad de detener civiles en el acto, sin orden de detención y bajo cualquier motivo de sospecha. La reciente gestión de Bullrich ha mostrado cierta agresividad a la hora de combatir crímenes trasnacionales como el tráfico de bienes, la trata de personas o el narcotráfico. Este empeño contra el crimen organizado, junto a los reclamos provenientes de la sociedad preocupada por la inseguridad palpable en zonas particulares como Rosario o la Matanza, hace que tanto el accionar de Bullrich como las tácticas de Bukele se muestren como una vía válida para calmar estos reclamos sociales. A pesar de los logros de Bukele (desde la reducción drástica de la tasa de homicidios, hasta el encarcelamiento de 75000 presuntos criminales), no hay que olvidar que todas estas victorias se obtuvieron por medio del establecimiento del Estado de emergencia y la suspensión de ciertos derechos constitucionales, etiquetándose como acciones antidemocráticas y contrarias a los derechos humanos, acarreando denuncias de múltiples organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, y figuras políticas relevantes como Kamala Harris (Ramírez, 2023). Entonces ¿Qué tan necesario es implementar un programa de seguridad “a lo Bukele” en la Argentina? Por un lado, es cierto que la Argentina tiene ciertas similitudes con la situación salvadoreña: una pobreza cada vez más