Aerolíneas Argentinas: volar entre la grieta
Aerolíneas Argentinas: volar entre la grieta. La relación entre el Estado y Aerolíneas Argentinas volvió a ocupar el centro de la discusión pública en los últimos años, especialmente a partir de las tensiones entre los gremios aeronáuticos y los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. Sin embargo, lejos de agotarse en las cancelaciones de vuelos o en las complicaciones para miles de pasajeros, el conflicto permite observar una discusión mucho más profunda y sostenida en el tiempo: qué lugar debe ocupar el Estado en empresas estratégicas y cuáles son los límites entre la necesidad de eficiencia económica y la función social de los servicios públicos. La discusión alrededor de Aerolíneas Argentinas excede desde hace tiempo la lógica exclusivamente empresarial. Desde su reestatización en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la compañía pasó a ocupar un lugar simbólico dentro de la política argentina. Para el kirchnerismo, la recuperación de la línea aérea de bandera representaba una decisión vinculada a la soberanía y a la integración territorial. La propia Cristina Kirchner definió a la empresa como “un instrumento de conectividad para todo el país”, una frase que sintetizó una mirada donde la ganancia económica no aparecía como único criterio de evaluación. Bajo esa lógica, Aerolíneas amplió rutas nacionales, fortaleció conexiones federales y aumentó significativamente el volumen de pasajeros transportados. Muchas rutas que difícilmente resultarían atractivas para operadores privados comenzaron a sostenerse bajo financiamiento estatal, priorizando la integración territorial antes que la rentabilidad inmediata. Aunque también cabe destacar que esa expansión estuvo acompañada por fuertes subsidios estatales y por una estructura sindical históricamente fortalecida; y con el paso de los años, ambos elementos comenzaron a convertirse en uno de los principales focos de discusión política. La llegada del gobierno de Mauricio Macri marcó un cambio importante en esa concepción. El macrismo impulsó una visión más orientada hacia la eficiencia empresarial y promovió la apertura del mercado aerocomercial con el ingreso de compañías low cost. En ese contexto, Macri llegó a afirmar que “en estas condiciones no vale la pena que sea estatal”, dejando en evidencia una mirada donde el déficit económico de la empresa pasaba a ocupar el centro del debate. Esa diferencia de enfoques derivó rápidamente en conflictos con los gremios aeronáuticos. Los sindicatos comenzaron a denunciar pérdida de poder adquisitivo, congelamiento salarial y falta de diálogo con el Gobierno, mientras que desde el oficialismo se insistía en la necesidad de reducir costos y reorganizar la empresa. Los paros y medidas de fuerza comenzaron a repetirse con mayor frecuencia, afectando vuelos nacionales e internacionales y provocando demoras, cancelaciones y miles de pasajeros varados en distintos aeropuertos del país. Sin embargo, reducir esos conflictos únicamente a molestias en el transporte aéreo implica dejar de lado una parte importante del problema. Detrás de cada paro también aparecían reclamos vinculados al deterioro salarial de pilotos, técnicos, tripulantes y trabajadores de tierra, en un contexto económico atravesado por inflación y pérdida del poder adquisitivo. Los gremios denunciaban que los ajustes recaían principalmente sobre los trabajadores, mientras el Gobierno buscaba instalar la idea de que Aerolíneas Argentinas funcionaba como una estructura excesivamente costosa para el Estado. Con la llegada de Javier Milei, esa tensión no solo resurgió, sino que adquirió un tono todavía más confrontativo. La actual gestión profundizó el discurso contra las empresas públicas y volvió a instalar la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas. Los sindicatos, por su parte, denunciaron un vaciamiento progresivo de la compañía y una nueva pérdida salarial frente a la inflación. En los últimos días, además, el conflicto volvió a sumar un nuevo capítulo. Aerolíneas Argentinas eliminó el equipaje de mano gratuito para la tarifa más económica en vuelos de cabotaje, una medida que comenzó a regir este mes y que fue interpretada por distintos sectores como parte del ajuste impulsado por el gobierno nacional. A partir de ahora, los pasajeros de la tarifa base solo podrán viajar sin costo adicional con un bolso pequeño de hasta tres kilos, mientras que el equipaje conocido como “carry on” deberá abonarse aparte. La decisión generó fuertes críticas y reabrió el debate sobre el modelo de empresa que busca implementar el actual gobierno. En este contexto, cada medida de fuerza comenzó a adquirir una dimensión política todavía mayor. Desde el Gobierno, los paros fueron presentados muchas veces como mecanismos de presión corporativa impulsados por sectores sindicales privilegiados. Desde los gremios, en cambio, se sostuvo que las protestas respondían al deterioro de las condiciones laborales y a la falta de instancias reales de negociación salarial. El impacto sobre los pasajeros, sin embargo, resulta innegable. Esa situación genera un desgaste social creciente y alimenta críticas hacia los sindicatos aeronáuticos. No obstante, el conflicto también deja en evidencia un problema estructural más complejo, la dificultad histórica de los distintos gobiernos para encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica de la empresa, la preservación de los puestos de trabajo y la garantía de un servicio estratégico para el país. En ese sentido, la comparación entre los distintos gobiernos permite observar que detrás de Aerolíneas Argentinas siempre existieron dos concepciones profundamente distintas sobre el Estado. Mientras el kirchnerismo entendió a la empresa como una herramienta necesaria para garantizar conectividad federal y presencia estatal en regiones poco rentables, tanto Macri como Milei priorizaron una lógica más vinculada al mercado y al recorte del gasto público. En síntesis, los conflictos alrededor de Aerolíneas Argentinas muestran que el debate nunca terminó de resolverse. Cada cambio de gobierno reactiva discusiones sobre subsidios, salarios, privatización, conectividad y rol estatal, mientras los paros y las tensiones gremiales continúan exponiendo cuestiones a resolver para alcanzar un equilibrio entre la sustentabilidad económica de la empresa y su función como servicio estratégico para el país A más de quince años de su reestatización, Aerolíneas Argentinas sigue funcionando como mucho más que una línea aérea de bandera. En ella se condensan debates sobre soberanía, integración territorial, derechos laborales, gasto público y poder sindical. Y mientras esos debates permanezcan abiertos, cada conflicto en los aeropuertos seguirá
¿Cómo impacta el conflicto en Irán a la economía argentina?
¿Cómo impacta el conflicto en Irán a la economía argentina? Una reciente escalada de tensiones en torno a Irán volvió a ubicar al precio del petróleo en el centro de la escena global. En un contexto de creciente inestabilidad política, los conflictos en regiones estratégicas alteran los equilibrios geopolíticos e impactan en la economía internacional, evidenciando el grado de interdependencia que caracteriza al escenario actual. Estas dinámicas trascienden lo territorial y se traducen en aumentos de precios, cambios en las expectativas y un endurecimiento de las condiciones financieras, alcanzando a economías alejadas del conflicto, como la argentina. ¿Qué sucede en Irán? Irán ocupa un lugar relevante en el sistema energético mundial por su capacidad productiva y su ubicación geográfica. La región del Golfo Pérsico concentra una parte significativa del comercio global de petróleo y el Estrecho de Ormuz es uno de los principales puntos de tránsito, por lo que resultará clave para garantizar su circulación. Este rol estratégico se inscribe en un vínculo históricamente conflictivo con Estados Unidos, que se remonta a la Revolución Islámica de 1979, cuando se produjo una ruptura profunda en las relaciones diplomáticas entre ambos países debido a un giro en la orientación política de Irán, que implicó un rechazo a la injerencia occidental en los asuntos regionales. Desde entonces, las tensiones se han sostenido en torno a distintos ejes, como su posicionamiento geopolítico y los conflictos en torno a su desarrollo tecnológico y militar. Este escenario se ha complejizado aún más con la participación de otros actores, como Israel, que considera a Irán una amenaza para su seguridad por su programa nuclear y su potencial influencia en la región. Esta rivalidad se expresa de forma directa e indirecta a través de conflictos en distintos puntos de Medio Oriente, de modo que la inestabilidad es la regla en la región. Este entramado de “amigos” y “enemigos” en términos de Carl Schmitt (1932), contribuye a que cualquier escalada en la región trascienda lo estrictamente político y militar. En contextos de conflicto e incertidumbre, el precio del petróleo suele reaccionar en alza. Esto no sólo responde a interrupciones de la producción sino también respecto de las expectativas que estos tipos de conflictos generan. En un mercado donde la energía es un insumo central para múltiples actividades económicas, cualquier alteración en su precio genera efectos en cadena. ¿Cómo impacta a Argentina? En el caso argentino, se traduce en impactos concretos: el encarecimiento del petróleo se traslada a los precios de los combustibles, lo cual repercute sobre los costos de transporte y, por ende, sobre el precio de bienes y servicios. Esto desemboca en presiones inflacionarias en una economía que ya presenta dificultades estructurales. Por su parte, la situación también presenta un aspecto potencialmente favorable: los desarrollos en Vaca Muerta podrían beneficiarse de los precios elevados, en tanto mayores ingresos por exportaciones. Sin embargo, esto es limitado por la necesidad de infraestructura, inversiones y estabilidad macroeconómica para sostener una expansión del sector. A nivel global, algunos países productores, como Estados Unidos y Rusia, ya están capitalizando este escenario, no solo a partir de precios más altos, sino también mediante incrementos en su producción que cubren parte del faltante generado por el conflicto. Estas circunstancias también generan un reordenamiento en los flujos financieros a nivel global. En contextos de incertidumbre, los inversores tienden a trasladar sus capitales hacia activos más seguros, lo que encarece el acceso a créditos y aumenta el riesgo país de las economías emergentes. En América Latina, implica mayores dificultades para sostener el financiamiento público. Es decir: el impacto del conflicto configura un escenario de tensiones donde conviven restricciones y oportunidades. Incluso en países productores como Estados Unidos, los efectos del encarecimiento del petróleo no son unívocos: mientras ciertos sectores se benefician, otros enfrentan mayores costos, de modo que las distintas economías del mundo se encuentran atravesadas por variables que no controlan y cuyos efectos resultan ineludibles. Conclusión Lo que ocurre en el escenario internacional evidencia el grado de interdependencia propio de las economías contemporáneas. Un conflicto en un continente inevitablemente se traduce en modificaciones en precios, expectativas y condiciones de funcionamiento de otros países geográficamente lejanos. Economías como la argentina enfrentan los efectos de estas dinámicas, así como sus propias limitaciones para responder, al mismo tiempo que algunos sectores pueden experimentar beneficios debido a los precios internacionales elevados. Por Luisina Raimondi. Fuentes: Fariza, I. (2 de mayo de 2026). Los países petroleros de afuera del Golfo hacen caja con la crisis de Ormuz. El País. Disponible en: https://elpais.com/economia/2026-05-02/los-paises-petroleros-de-fuera-del-golfo-hacen-caja-con-la-crisis-de-ormuz.html?utm_source= López, D. (28 de abril de 2026). La guerra en Irán deja sin margen fiscal a América Latina para afrontar el alza de la energía y los alimentos. El País. Disponible en: https://elpais.com/economia/2026-04-29/la-guerra-en-iran-deja-sin-margen-fiscal-a-america-latina-para-afrontar-el-alza-de-la-energia-y-de-los-alimentos.html?utm_source= Loustalot, L. (2 de marzo de 2026). Petróleo, mercados globales y commodities: qué impacto tendrá en la economía Argentina la escalada bélica en Medio Oriente. Infobae. Disponible en: https://www.infobae.com/economia/2026/03/02/petroleo-mercados-globales-y-commodities-que-impacto-tendra-en-la-economia-argentina-la-escalada-belica-en-medio-oriente/?utm_source= Runno, M. (20 de marzo de 2026). Guerra en Irán: análisis de lo bueno, lo malo, lo regular y otros datos para estar al tanto. Mdz. Disponible en: https://www.mdzol.com/politica/guerra-iran-analisis-lo-bueno-lo-malo-lo-regular-y-otros-datos-estar-al-tanto-n1479312?gad_source=1&gad_campaignid=22322009745&gbraid=0AAAAAp0lVOH9B5UMS3PtzpdoDWc-ZNJ8T&gclid=Cj0KCQjwh-HPBhCIARIsAC0p3cfbazvTxiXxOiIcje2abP3aI7_U01fKwCVYpJpsWTcIsR9z-2rZhvUaAv_zEALw_wcB ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
Trump y la falsa ilusión de las Malvinas
Trump y la falsa ilusión de las Malvinas La semana pasada fue realmente movida en los círculos internos de la OTAN. Un memo interno del Pentágono, filtrado en los últimos días, reveló que Estados Unidos está evaluando revisar su posición de reconocimiento soberano del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, lo que generó un fuerte revuelo tanto en Argentina como en el Reino Unido. En los últimos meses, Estados Unidos se fue involucrando cada vez más en el conflicto con Irán, asumiendo un rol central en la escalada. Washington, que lidera las operaciones y sostiene gran parte del esfuerzo militar, solo cuenta con Israel como su principal -y prácticamente único- aliado activo en el terreno. En contraste, el resto de los países de la OTAN adoptaron una postura mucho más cautelosa. Incluso el Reino Unido, uno de los socios históricos de Estados Unidos, evitó involucrarse directamente en el conflicto y se mantuvo al margen de las acciones militares, lo que generó malestar en Washington, que esperaban un acompañamiento mayor de sus aliados. En ese contexto, las tensiones escalaron también en el plano político. Donald Trump apuntó contra el primer ministro británico, Keir Starmer, llamándolo de cobarde y cuestionando su negativa a involucrarse militarmente. Desde el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó ese malestar al advertir que la guerra dejó en evidencia las tensiones dentro de la alianza y que una coalición pierde sentido si sus miembros no están dispuestos a apoyarse en momentos clave. Fue en base a esto que se filtró el memo del Pentágono. El documento plantea una serie de posibles medidas para presionar a aliados que no acompañaron a Estados Unidos en el conflicto, incluyendo sanciones, limitaciones en la cooperación militar y la revisión de ciertos compromisos estratégicos. Entre esas opciones aparece un punto particularmente sensible: la posibilidad de reconsiderar el apoyo histórico de Washington al Reino Unido en la disputa por las Malvinas. Aunque la mención a las Islas Malvinas puede sonar, a primera vista, como una buena noticia para la Argentina, lo cierto es que no implica necesariamente un cambio real en la postura de Estados Unidos. No se trata de una decisión tomada, sino de una opción más dentro de un contexto de tensión con sus aliados. En ese sentido, la posibilidad de revisar el apoyo al Reino Unido parece estar más vinculada a la necesidad de Washington de marcarle la cancha a los países que no acompañaron su postura frente a Irán. Más que un gesto hacia la Argentina, la cuestión Malvinas entra en juego como una ficha dentro de una disputa más grande entre potencias, pero que, en la práctica, difícilmente termine cambiando algo concreto. La filtración, por obvias razones, genero un gran revuelo tanto en Reino Unido como en Argentina. Del lado del Reino Unido, la respuesta muy contundente. Desde el gobierno de Keir Starmer remarcaron que la soberanía de las Islas Malvinas “no está en discusión” y que el principio de autodeterminación de los isleños -que ellos argumentan que se demostró en el referéndum ilegal del 2013- seguirá siendo la base de su posición. Además, en esa línea, buscaron bajarle el tono a la filtración y dejar en claro que no esperan cambios en el escenario actual. En Argentina, en cambio, las declaraciones fueron más optimistas. El presidente Javier Milei habló de avances en el reclamo y sostuvo que su gobierno está haciendo “todo lo humanamente posible” para que las islas vuelvan a manos argentinas. Sin embargo, más allá del tono positivo, el episodio también deja expuesta cierta falta de claridad en la estrategia oficial, ya que el reclamo histórico convive con señales contradictorias. Por un lado, es cuestionable la falta de una postura firme frente al avance de la explotación de recursos en la zona, como el proyecto petrolero impulsado por la británica Rockhopper junto con la israelí Navitas, que no fue planteado por el presidente Javier Milei en su reciente encuentro con Benjamin Netanyahu. Por otro, también es llamativa la ausencia de críticas contundentes frente a las maniobras militares del Reino Unido en el Atlántico Sur. Para la Argentina, cualquier señal que parezca acercar la posibilidad de recuperar las Islas Malvinas inevitablemente genera expectativa. Pero la historia reciente muestra que, en la política internacional, las grandes potencias suelen mover este tipo de temas según sus propios intereses y necesidades del momento. Hoy, la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura parece estar mucho más ligada a sus tensiones con la OTAN y al conflicto con Irán que a una decisión real de respaldar el reclamo argentino. Por eso, más que ilusionarse con gestos o filtraciones, el desafío para la Argentina sigue siendo construir una estrategia clara y sostenida en el tiempo para mantener vivo su reclamo legitimo de soberanía. Por Máximo Hoch. Fuentes: https://www.reuters.com/world/pentagon-email-floats-suspending-spain-nato-othersteps-over-iran-rift-source-2026-04-24/ https://www.theguardian.com/uk-news/2026/apr/24/uk-position-falklandsunchanged-leaked-pentagon-memo https://www.perfil.com/noticias/internacional/malvinas-que-hay-detras-del-giro-detrump-y-el-vacio-estrategico-del-gobierno-libertario-a39.phtml https://www.infobae.com/politica/2026/04/25/expectativa-y-cautela-en-el-gobiernosobre-malvinas-tras-un-posible-cambio-en-la-postura-de-estados-unidos/ ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
Al filo del gatillo: violencia escolar, digitalidad y pánico moral.
Al filo del gatillo: violencia escolar, digitalidad y pánico moral El lunes 30 de marzo del año 2026 en la Ciudad de San Cristóbal de la provincia de Santa Fé un jóven de 15 años ingresó al patio de su escuela y comenzó a disparar a quien cruce por su camino. En el acto hirió a nueve estudiantes, uno de los cuales no sobrevivió al ataque. En la semana posterior se develó una red digital que lo conectaba con otros estudiantes secundarios. Fueron detenidos dos jóvenes más: uno que anunciaba un tiroteo en escuelas del área de Rafaela, también la provincia de Santa Fé, y otro que tenía conocimiento de estos ataques y falló en denunciarlos. Lo que siguió a estos eventos fue algo inédito en la historia de nuestro país. La semana del 15 de abril, apenas una quincena después del ataque en San Cristóbal, se difundieron a lo ancho y largo del territorio nacional una serie de amenazas de tiroteo pintadas en baños y paredes de cientos de escuelas. Estos sucesos acercaron al conocimiento público lo que podría pensarse como un “nuevo” problema social en el país: los tiroteos en las escuelas secundarias. Pero, más relevante, pusieron en evidencia algunas de las problemáticas más invisibilizadas durante el último tiempo en relación a los jóvenes: la violencia escolar, la salud mental y la formación de comunidades online que reemplazan los ámbitos de socialización presencial. A pesar de la novedad que presentan estos casos en particular, no es la primera vez en la historia del país que ocurren atentados en las escuelas, que se realizan amenazas de tiroteos o hasta que hay muertes desencadenantes de estos hechos. El primer caso del que pudimos dar noción ocurrió en el año 1997 en un colegio de Burzaco, pero dentro de este mismo ya se considera que la presencia de revólveres entre los estudiantes secundarios era una problemática recurrente. Durante el año 2000 un jóven de 19 años arremetió contra sus compañeros en la localidad de Rafael Calzada, con una víctima fatal y un herido. El más emblemático de estos acontecimientos es la Masacre de Carmen de Patagones, en el año 2004. En este caso un jóven, también, de 15 años llevó a su escuela un arma de fuego y arremetió contra sus compañeros, provocando tres víctimas fatales y cinco heridos. Podemos dirigir a esta fecha un catalizador en el abordaje político de la violencia en las escuelas, ya que en base a este caso se conformó el Observatorio de Violencias en las Escuelas. Estos casos emblemáticos y trágicos que llevaron a la muerte de adolescentes y la conmoción moral no estaban todavía mediados por la digitalidad, pero ya aparecían algunos de los mismos significantes que se le atribuyen a los atentados más recientes: la violencia escolar y, específicamente, el bullying. Los investigadores Daniel Miguez, Paola Gallo y Gabriel Noel realizaron un informe en el 2009 donde trabajaron la cuestión de la violencia escolar. Aquí es fundamental comprender que la violencia no puede ser entendida como homogénea, es decir, se debe hablar de violencias; para así comprenderla en su totalidad y generar una pluralidad de tratamientos acorde a la gravedad de la problemática. Ellos acuerdan que se debe analizar los modos en que los adolescentes y jóvenes interactúan entre sí y como esto conforma modos de transitar la escolaridad y socializarse. Se observa que apenas el 6% de los actos violentos tienen que ver con portación de armas, robos o atentados, y que menos de un 30% tiene que ver con enfrentamientos físicos, mientras que lo que más tiene lugar es la “violencia sutil” (amedrentamiento, hostigamiento y, lo que ahora llamamos, bullying). Si bien los actos violentos físicos y los tiroteos generan el pánico moral generalizado, no se debe perder de vista la multiplicidad de la problemática y su transversalidad a la experiencia escolar. Ahora, el argumento más significativo del texto es lo que Noel comprende cómo la “crisis de autoridad” y el “escalamiento”. Para explicar este argumento se parte de desmontar dos de las más circulantes explicaciones de la violencia escolar: “la metáfora de la escuela opaca” y “la metáfora de la escuela transparente”. La primera de estas supone que lo que ocurre en una escuela se explica únicamente por su dinámica interna: si hay violencia en una escuela, es porque la escuela hizo algo mal o no hizo suficiente. Evocando implícitamente que la escuela debería estar preservada de la conflictividad que acecha al resto de la sociedad. Esta posición suele ser enunciada por las familias. La segunda se refiere al polo opuesto: la violencia escolar no es más que la perpetuación de la violencia externa. Que las escuelas son víctimas pasivas, que no pueden resolver sus problemas sin que antes sean resueltos los problemas sociales que constituyen la violencia por fuera de ella, principalmente: la pobreza y la desigualdad. Este argumento es usualmente presentado por las autoridades escolares. Frente a esto Noel comprende que la escuela funciona como un prisma. No es opaca ni transparente, sino que refracta las influencias del exterior según su propia geometría institucional. Los problemas sociales que afectan a las escuelas se acrecientan por la falta de una autoridad-burocrática que se haga cargo de los mismos, tanto las familias como las autoridades escolares culpan al otro. Esto puede llevar a rápidos mecanismo de escalada que pasen de “violencia sutil” a conflictos mayores (como podrían ser los atentados). Ahora, desde la masificación de la comunicación digital y, sobre todo tras la pandemia, se han acrecentado superlativamente las amenazas de atentados (y han crecido las violencia escolares en general). La organización por medio de grupos de Whatsapp, Discord, Telegram y otras plataformas de mensajería digital parecen ser el modo en que potenciales perpetradores se ponen en contacto entre sí. Apenas durante el año 2025 se registraron amenazas de tiroteo en un colegio de Escobar y el ingreso de una jóven armada a una escuela en La Paz, Mendoza. A esto se suma la amenaza dentro de UBA-Exactas del
La Libertad Avanza: choque entre la militancia y la estructura.
La Libertad Avanza: choque entre la militancia y la estructura. En los últimos días, cobró mucha relevancia una acción llevada a cabo por el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, la cual terminó desatando una feroz disputa en uno de los campos donde más se evidencia la acción partidaria del sector libertario: las redes sociales. Desde hace un tiempo, los militantes digitales libertarios vienen siendo críticos de numerosos nombramientos dentro del partido. Cuestionan tanto el pasado de diversos dirigentes y coordinadores seccionales (como el controversial ex-peronista Ramón ‘el nene’ Vera o el ex-radical Maximiliano Bondarenko) así como las acciones hostiles contra quienes se manifiestan críticos hacia su gestión. Esto último fue lo que detonó la interna: Sebastián Pareja inició denuncias contra varios militantes que, en redes sociales, manifestaban su disconformidad con los integrantes que el coordinador provincial incorporó a la estructura partidaria bonaerense. La respuesta de los militantes no solo se dirigió hacia el propio Pareja, sino que también llegó a miembros de la cúpula del gobierno como Lilia Lemoine y además salpicó la imagen de Karina y Javier Milei, la cual ya se encontraba desgastada tras episodios como el “Adornigate”, llevando la imagen del presidente a mínimos históricos. Las principales críticas hacia Javier Milei se centran en su inacción sobre el ámbito político del Gobierno, campo que él mismo aclara repetidamente que está delegado en su hermana, Karina Milei. Es ella quien sostiene a figuras como Sebastián Pareja o Eduardo “Lule” Menem, nombres fuertemente resistidos por la militancia digital del espacio. Imagen neta de Javier Milei. Fuente: Opina Argentina Esta tensión ilustra lo que el politólogo Angelo Panebianco (1990) describe como el conflicto intrínseco en la institucionalización de los partidos políticos. Según Panebianco, existe una pugna constante entre los “creyentes” (militantes que priorizan la identidad y la pureza ideológica) y los “carreristas” o profesionales de la política, que priorizan el control territorial y la expansión del aparato. En este caso, el uso de denuncias legales para disciplinar a la base digital marca un punto de quiebre: la estructura formal del partido intenta imponerse sobre la red horizontal que lo llevó al poder, transformando lo que nació como un movimiento de indignación en una organización política tradicional con jerarquías y límites a la disidencia interna. La pérdida de cohesión con esta base militante implica una fisura estratégica para el proyecto oficialista. Para un gobierno que mantiene una confrontación constante con los medios de comunicación, un conflicto con su militancia digital debilita la capacidad de respuesta ante la agenda de los medios tradicionales, dado que este sector funciona como su principal escudo defensivo y como su único canal directo de comunicación con la sociedad. Como señala Paolo Gerbaudo (2019), en los “partidos digitales” el hiper-liderazgo depende de un vínculo directo con la base, si la gestión del territorio, encabezada por figuras como Sebastián Pareja, intenta disciplinar esa red mediante una estructura burocrática clásica, se produce un cortocircuito que drena la energía del movimiento. A modo de conclusión: Si el Ejecutivo, en su afán de institucionalizarse, decide otorgar un protagonismo excesivo a figuras como Sebastián Pareja, corre el riesgo de quedar en una situación de orfandad política: desprovisto del despliegue territorial de los punteros tradicionales y, simultáneamente, vacío de la mística que aportan sus seguidores originales. Como señala el autor Angelo Panebianco (1990), cuando una organización prioriza los incentivos de poder de los políticos de carrera por sobre la identidad de los creyentes, el partido pierde su capacidad de movilización y se vuelve extremadamente vulnerable ante las crisis que tenga que afrontar en un futuro. Por Franco Clarens. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
Gobierno vs. prensa: cuando la crítica se convierte en enemistad
Gobierno vs prensa: cuando la crítica se convierte en enemistad La violencia verbal del gobierno de Javier Milei contra periodistas volvió a ocupar el centro de la escena a partir del reciente ataque al analista político Carlos Pagni, un episodio que, lejos de agotarse en lo coyuntural, permite observar con mayor claridad un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. No se trata simplemente de una reacción frente a una editorial crítica, sino de una forma de intervención pública que redefine el vínculo entre el poder político y la prensa, corriendo los límites del debate democrático. En este caso, la figura presidencial no aparece como un actor más dentro de la discusión pública, sino como un protagonista que, desde su posición de autoridad, imprime un tono que impacta sobre todo el sistema político y comunicacional. En esa intervención pública, el presidente no se limitó a cuestionar argumentos o interpretaciones, sino que apeló a descalificaciones personales tajantes, utilizando expresiones como “delincuente malparido” y “basura” para referirse a Pagni. Este tipo de calificativos no solo desplaza el eje de la discusión desde las ideas hacia las personas, sino que también contribuye a degradar el intercambio conceptual en la escena pública, instalando al agravio como sustituto del argumento, algo que no puede ignorarse cuando el discurso proviene de la máxima autoridad del país. De esta manera, el efecto no es menor: el tono se irradia, se reproduce y termina moldeando la conversación pública en su conjunto. Este tipo de expresiones no aparecen de manera aislada ni pueden ser interpretadas como exabruptos ocasionales, sino que forman parte de una narrativa más amplia en la que el oficialismo construye una marcada división entre un “nosotros”, asociado a la verdad, la legitimidad y la voluntad popular, y un “ellos”, donde ubica a buena parte del periodismo. En ese esquema, la prensa deja de ser un actor crítico propio de una democracia plural para convertirse en un adversario político, sospechado de operar en contra del gobierno. Esta lógica de dos bandos simplifica lo complejo del debate público y reduce la discusión a una confrontación permanente, donde la crítica es leída como ataque y la diferencia como enemistad. Lejos de ser un fenómeno novedoso, la tensión entre gobierno y prensa tiene una larga tradición en la historia argentina, atravesando distintos actores políticos y etapas institucionales. Sin embargo, lo que distingue al momento actual es la intensidad y la sistematicidad de esa confrontación, que parece haberse profundizado en lugar de encontrar fuentes de resolución o convivencia democrática. En ese esquema, los medios dejan de ser canales críticos propios de una democracia para convertirse en enemigos a los que se acusa de operar, mentir o conspirar, una lógica que corre el debate de ideas hacia el terreno de la deslegitimación. La reiteración de agravios por parte del jefe de Estado tiene un efecto acumulativo, porque no solo impacta sobre los periodistas aludidos de manera directa, sino que establece un clima general en el que la agresión verbal se vuelve una herramienta política válida. El caso de Pagni no es el único, ya que Milei ha protagonizado cruces similares con otros periodistas, como Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, a quienes también ha acusado de mentir o de formar parte de una supuesta estructura de intereses contrarios a su gobierno. Desde el propio campo periodístico comenzaron a surgir advertencias sobre este fenómeno, y una de las más claras fue la de Ernesto Tenembaum, quien sostuvo que “cuando el poder insulta sistemáticamente al periodismo, no está discutiendo: está buscando disciplinar”. En la misma línea, el periodista agregó que “no es un problema personal con un periodista, es un mensaje para todos”, señalando que detrás de cada ataque individual hay una señal dirigida al conjunto de la prensa. Estas reflexiones permiten comprender que el problema también radica en el uso sistemático de la dureza del lenguaje y los agravios al sector periodístico por parte de la máxima autoridad del país, especialmente en un contexto donde la confrontación con los medios parece profundizarse en lugar de atenuarse. En una democracia, la libertad de expresión no solo protege el derecho de los funcionarios a responder críticas, sino que constituye una garantía esencial para el funcionamiento del sistema republicano, en tanto permite la existencia de un periodismo capaz de investigar, cuestionar y controlar al poder sin condicionamientos. Una prensa libre no es un privilegio, sino un derecho de la sociedad a estar informada, a acceder a miradas diversas y a construir opinión sobre la base de información múltiple. Cuando ese equilibrio se altera y el discurso oficial se carga de violencia, el riesgo es que se genere un efecto de autocensura, temor o desgaste en el ejercicio del periodismo, afectando directamente la calidad del debate público y empobreciendo la circulación de análisis e ideas. En ese sentido, el problema trasciende a los periodistas como individuos y alcanza a la ciudadanía en su conjunto, que depende de una prensa libre para comprender la realidad y ejercer un control crítico sobre quienes gobiernan. En este contexto, la situación abre un interrogante más profundo sobre el estado de la democracia argentina, porque una prensa hostigada o deslegitimada pierde capacidad de cumplir su rol, y con ello se debilita uno de los principales contrapesos del poder. La reiteración de insultos y descalificaciones desde la cima del Estado no puede ser leída únicamente como una opinión personal, sino como un fenómeno político con consecuencias. La pregunta que queda abierta, entonces, no es solo hasta dónde puede escalar este conflicto, sino qué tipo de democracia se construye al momento en que se responde a la crítica con violencia y cuando quienes deben ser controlados buscan desacreditar a quienes los controlan. Por Danilo Marino ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
YPF: el fallo que cambió el tablero
YPF: el fallo que cambió el tablero El fallo reciente de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dio marcha atrás con la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, fue un verdadero punto de quiebre en una de las causas judiciales más largas y caras que tuvo que enfrentar nuestro país. De golpe, quedó sin efecto una sentencia que obligaba al Estado a pagar más de 16 mil millones de dólares y que incluso había avanzado sobre las acciones de la empresa. El impacto fue inmediato: alivio económico y una señal fuerte en defensa de la soberanía jurídica argentina. ¿De qué se trató el fallo, concretamente? La Cámara de Apelaciones le dio la razón a la Argentina al entender que el juez de primera instancia había aplicado mal el derecho argentino: le había dado más peso al estatuto societario de YPF —un contrato entre privados— que a la ley de expropiación votada por el Congreso de la Nación. En la práctica, eso significaba que los accionistas minoritarios, encabezados por el fondo Burford Capital, no tenían derecho a reclamar la indemnización millonaria que pretendían, porque la expropiación fue un acto de soberanía estatal y debía interpretarse como tal. El tribunal neoyorquino, en definitiva, aplicó el derecho argentino tal como correspondía —y no como le convenía a los demandantes—, y eso cambió todo el resultado del caso. Mirado en frío, el fallo mejora la posición del país en el plano financiero y legal internacional. No borra de un plumazo los problemas de siempre —el riesgo país, la desconfianza de los mercados o el historial de juicios externos—, pero sí desactiva un escenario extremo que ponía en jaque a YPF, un activo clave, y complicaba cualquier plan económico a mediano plazo. Pero el efecto del fallo no quedó solo en los tribunales. En la política local, la decisión reavivó una pelea conocida: quién se cuelga la medalla. Desde el oficialismo salieron a festejarlo como un triunfo propio y como prueba de que la estrategia legal del Estado funcionó, destacando el trabajo de la Procuración del Tesoro y de los abogados que llevaron el caso. En ese relato, evitar una condena multimillonaria aparece como un logro de gestión y un quiebre después de años de derrotas judiciales en el exterior. Del otro lado, sectores del peronismo —sobre todo los ligados a la reestatización de 2012— leen el fallo como una confirmación tardía de que aquella decisión política fue correcta. Para ellos, la apelación ganada no viene a “arreglar” la expropiación, sino a ratificar que fue legal y que el juicio es, en el fondo, una herencia de las privatizaciones de los años noventa y del entramado legal que se armó en ese momento. El problema es que esta pelea por adjudicarse la victoria corre el riesgo de simplificar demasiado una historia que atravesó varios gobiernos y que, en lo esencial, mantuvo una línea jurídica bastante consistente. De hecho, varios especialistas advirtieron que llevar la discusión política demasiado lejos —sobre todo si se pone en duda la legalidad de la expropiación— podría jugar en contra del país si el caso vuelve a reactivarse, debilitando una defensa que se construyó durante más de diez años. Además, el fallo no significa que todo esté terminado. Los demandantes todavía pueden pedir que el caso sea revisado por el pleno del tribunal (en banc) o incluso intentar llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Son caminos posibles, pero poco frecuentes y con chances limitadas. Mientras tanto, la condena quedó sin efecto y eso le devuelve al Estado argentino algo clave: margen de maniobra y menos presión externa. En esa misma línea, la Justicia estadounidense le dio en los últimos días más tiempo al fondo Burford Capital para intentar apelar el fallo favorable a la Argentina. Esa prórroga confirma que el expediente sigue abierto y que el alivio, aunque importante, no es definitivo. El desafío ahora es administrar bien el tiempo ganado y evitar que la interna política termine dañando una posición legal que, hasta acá, se sostuvo con argumentos sólidos y mantiene en suspenso uno de los mayores riesgos financieros y judiciales de la historia reciente. En resumen, el fallo por YPF deja a la Argentina bastante mejor parada que en los últimos años, aunque no libre de riesgos. Más que un punto final, es una oportunidad: bajar un cambio en la pelea política, construir una mirada institucional más compartida y evitar que, por disputas internas, se vuelva a encender un conflicto que el país logró —al menos por ahora— dejar atrás. Por Sofía María Carrizo ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
La Universidad en disputa: desde la Reforma hasta hoy
La Universidad en disputa: desde la reforma hasta hoy La Reforma Universitaria de 1918 dio lugar a la emergencia de nuevos actores políticos en tanto habilitó la conformación de espacios de debate, organización y disputa ideológica en el ámbito universitario. Hasta ese momento, el acceso a la educación superior era limitado porque las universidades funcionaban, en gran medida, como instituciones orientadas a la reproducción de élites y de un orden conservador. El proceso reformista originado en Córdoba nace en un contexto de creciente movilización estudiantil frente a universidades con estructuras académicas que se consideraban obsoletas. Las demandas incluyeron la modernización de planes de estudio, la democratización del gobierno universitario y la ampliación del acceso. El gobierno de Hipólito Yrigoyen acompañó y apoyó este proceso, lo cual permitió transformaciones significativas. Los resultados del proceso reformista y los meses de huelga fueron, entre tantos, la instauración del cogobierno universitario, la autonomía institucional, la libertad de cátedra y un mayor vínculo de la universidad con las problemáticas sociales. Asimismo, la Reforma trascendió el ámbito local y proyectó su influencia en otros países de América Latina. Esto permitió que, hasta la actualidad, la universidad sea un espacio donde distintas corrientes políticas -desde el radicalismo hasta el peronismo y las izquierdas- tengan una presencia sostenida en los ámbitos de representación estudiantil. En este sentido, la universidad pública ha funcionado, desde la Reforma, como un espacio de disputa entre proyectos políticos diversos. A lo largo del siglo XX, estas corrientes encontraron en la universidad un ámbito privilegiado de inserción y construcción política. En los años posteriores a 1918, el reformismo universitario, vinculado al radicalismo, predominó en la organización estudiantil y en la defensa de sus principios. A partir de 1940, con el avance del peronismo, se produjeron transformaciones como la ampliación del acceso -a partir de la gratuidad universitaria- y tensiones con los sectores reformistas. Posteriormente, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, las corrientes de izquierda adquirieron una presencia significativa en el movimiento estudiantil, en un contexto de creciente politización y polarización. Estos procesos no se desarrollaron de manera lineal debido a las sucesivas interrupciones del orden democrático. En este marco, se produjeron episodios de fuerte movilización social, como el ‘Cordobazo’, una protesta masiva contra la dictadura que contó con la participación de estudiantes y trabajadores. Es que las dictaduras militares llevaron a cabo la intervención de las universidades, la suspensión de los centros de estudiantes y la persecución de la militancia, incluyendo la desaparición de estudiantes durante la última dictadura militar. Asimismo, hechos como ‘La Noche de los Lápices’ ilustran el alcance de la represión. Sin embargo, el retorno de la democracia en 1983 permitió la reactivación de estos espacios. Distintos análisis recientes destacan la relevancia del ámbito universitario como espacio de socialización política y como canal de construcción del voto joven. Sectores vinculados a La Libertad Avanza retoman esta lectura y promueven la inserción de nuevas agrupaciones estudiantiles en universidades para poder consolidar su presencia a largo plazo. Esta estrategia también se vincula con el protagonismo que adquiere el electorado joven en el escenario político. Diversos estudios señalan que se trata de un segmento en proceso de formación de identidades políticas, lo que lo convertiría en un espacio relevante para construir adhesiones y lealtades partidarias en el mediano plazo. Por ello, estas iniciativas han comenzado a organizarse sistemáticamente, con presencia en instituciones del país y el desarrollo de estrategias orientadas a competir en elecciones estudiantiles. Estas agrupaciones, entre las cuales destaca Universitarios por la Libertad, estructuran sus propuestas en torno a ejes como: la crítica al funcionamiento administrativo de las universidades, la demanda de mayor transparencia en la gestión y la promoción de reformas que modernicen el sistema, enfatizando en un mayor vínculo con el privado y la actualización de los planes de estudio. Todo este escenario se enmarca en un contexto en el que la cuestión del financiamiento universitario ha devenido central en la agenda pública. Dado que el sistema de educación superior depende en gran medida del presupuesto estatal, las condiciones de funcionamiento de las universidades -incluyendo salarios docentes, infraestructura, investigación y políticas de bienestar- se ven directamente afectadas por las decisiones de política económica. La discusión gira en torno a la asignación de recursos, la sostenibilidad y el rol que el Estado debe adoptar respecto de la educación superior. Por un lado, actores del ámbito universitario enfatizan en la necesidad de garantizar el financiamiento como condición necesaria para sostener la educación pública. Por otro lado, desde sectores del gobierno nacional, encabezados por Javier Milei, se han planteado cuestionamientos vinculados a la eficiencia del uso de los recursos y a la necesidad de profundizar los mecanismos de auditoría. Es decir que estas disputas atraviesan a las autoridades, personal no docente, estudiantes y a los espacios de militancia. Las posiciones políticas dentro de las universidades no expresan meras orientaciones ideológicas sino también una preferencia respecto de las condiciones materiales que permiten el funcionamiento cotidiano de las universidades. A modo de cierre La universidad pública, gratuita y de calidad continúa funcionando como un espacio privilegiado de socialización política y de disputa entre proyectos diversos. La emergencia de sectores vinculados a La Libertad Avanza se inscribe en esta amplia trayectoria donde distintos espacios políticos han buscado construir representación en el ámbito universitario. Esto responde a las intenciones de Javier Milei de ampliar su llegada a los sectores jóvenes. La persistencia de debates en torno al financiamiento, el rol del Estado y las formas de organización estudiantil refuerzan el carácter político de la vida universitaria en la medida en que expresan distintas posiciones sobre cómo debe sostenerse y organizarse el sistema universitario. Por Luisina Raimondi Universidad de Buenos Aires. (s. f.). UBA Noticias. https://www.uba.ar/ubanoticias/noticias/387 Chmois, D. (2026, abril 1). El brazo universitario de La Libertad Avanza: clave para ordenar el voto joven, pilar del mileísmo. El Economista. https://eleconomista.com.ar/politica/el-brazo-universitario-libertad-avanza-clave-ordenar-voto-joven-pilar-mileismo-n93801 Graciano, O. (s. f.). La Reforma Universitaria entre pasado y presente. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). https://www.coneau.gob.ar/archivos/publicaciones/100-anios-Reforma-Universitaria/tomo1/Tomo1-12-Osvaldo-Graciano.pdf Perfil. (2026). Las
No es solo Adorni: la corrupción política en Argentina
No es solo adorni: la corrupción política en Argentina La historia de Manuel Adorni y su ascenso hacia las altas esferas de la política nacional, va en concordancia con muchas de las otras de este gobierno y se ancla en ese famoso emblema de campaña: el anti-casta. Un vecino del barrio de Caballito, fanático del juego Age of Empire, eventual panelista de televisión, una persona que a todas luces podría ser “normal”, enredado en uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años. La suma de este escándalo: dos departamentos y unos viajes al exterior, parecen un precio bajo a pagar para uno de los principales funcionarios del gobierno nacional. Pero dentro de la retórica construida por el propio gobierno, que afirmó que Argentina dejaría de ser “tierra fértil para los políticos corruptos”, no se puede sino remarcar la contradicción. Este caso no es único, se suman: Libra, ANDIS, los gastos del gabinete, los sospechosos préstamos del Banco Nación, entre las muestras de que este gobierno no está exento de la corrupción que tanto enarboló durante la campaña. Pero este no será el foco de este artículo. Aquí no buscamos culpables individuales, echarlos a todos o “cortarles las manos”, como afirmó el mismo presidente; al menos, no únicamente. La corrupción en Argentina es un fenómeno que traspasa partidos políticos, agrupaciones e ideologías. Es un problema público y social, una de las grandes preocupaciones de los argentinos y no tiene soluciones simples o recetas mágicas para que desaparezca. Históricamente, la corrupción fue un problema relevante para la filosofía política y el derecho que, en busca de una sociedad virtuosa, teorizaban sobre las posibilidades y extensiones de este fenómeno. Desde mitad del siglo pasado se comenzó a conformar como un problema público de la mano de escándalos en distintos países de la región y del mundo. En Argentina, esto empezó con la vuelta de la democracia en 1983 y, sobre todo, con la llegada de los años 90’. Así, la corrupción, el clientelismo y la criminalidad fueron tomando protagonismo en la agenda pública y en la ciudadanía. La autora Ana María Arjona Trujillo comprende que lo “corrupto” puede ser entendido desde diversas escuelas, aquí nos atenemos principalmente a la concepción sociológica, tocando también algunas nociones legalistas, moralistas y behavioristas. Así, la corrupción se basa principalmente en la percepción pública del hecho, construida en torno a un aprendizaje cultural, moral y legal. Es un atentado a transgredir ciertas normas, principios y valores, que se consideran importantes para la existencia y el mantenimiento de un orden social justo e “incluye aquellas maneras de usar dinero para atender objetivos privados por medios políticos ilegales” (Heidenheimer et al., 1989: 11). A su vez, debemos comprender que los actos de corrupción tienen distintas escalas, según la posición que ocupe el infractor y el hecho en particular que se perpetúe. Aquellas personas en función pública, con un cargo de mayor visibilidad e importancia, serán más penadas socialmente que las que ocupen un rol menor en la sociedad. Pero también entendemos que hay algo endémico en la sociedad argentina, que se indigna con las grandes causas de corrupción de sus adversarios políticos, pero tolera desmedidamente las propias. Las formas en que se mide la corrupción suelen ser esquivas. Al ser un hecho con una eminente naturaleza ilegal se busca ocultar, aun así, existen algunos indicadores que buscan aproximarse a una cuantificación del fenómeno. El principal índice de reconocimiento global es el Índice de Percepción de Corrupción, que se basa justamente en la preocupación de la ciudadanía por los escándalos de corrupción en cada país. Aquí Argentina obtiene 36 de 100 puntos posibles, ocupa el puesto 104 a nivel mundial y el séptimo en Latinoamérica, manteniendo niveles inferiores a países como Cuba, Colombia, Zambia y Kosovo, por dar algunos ejemplos. Esta tendencia se mantiene en cualquiera de los indicadores serios que se consulten. En el WGI (Control de Corrupción del Banco Mundial) el país está debajo del promedio global y en el índice de Ausencia de Corrupción del WJP hasta por debajo del promedio Latinoamericano. En todos ellos se nota una misma tendencia, un breve aumento durante los años 2016 y 2019 y una nueva bajada tras la pandemia (con el gobierno del Frente de Todos), que está siendo profundizada durante el gobierno de La Libertad Avanza. Aquella subida puso al país apenas por encima del promedio global, para luego volver a descender cada vez más cerca del promedio Latinoamericano. Estos aumentos se correlacionan con la gestión del gobierno del PRO, que tampoco está exento de escándalos (Panamá Papers, el caso del Correo Argentino, Avianca, entre otros). Previo a esto, durante los gobiernos Kirchneristas, las causas son extensas y bien detalladas, hasta el punto de llegar a la condena penal de la ex-presidenta y algunos de sus funcionarios. Es decir, difícilmente podemos afirmar que la corrupción ocurre porque un gobierno es particularmente corrupto, tampoco porque existe un momento histórico que lo fomenta. Es un problema transversal al funcionamiento de las instituciones democráticas del país y los entramados de poder. Esto puede llevar a una resolución simplista: que la corrupción está tan enraizada dentro del sistema político nacional y de la cultura argentina, que enfrentarla sería una tarea prácticamente imposible. Esta fundamentación no es nueva y pertenece a los clásicos abordajes funcionalistas que la ven como una parte del sistema y un “mal endémico” de los sistemas democráticos, afirmó Trujillo. Esta posición fue replicada por el actual presidente, quien afirmó que “La corrupción es inherente a la existencia del Estado” y que quienes evaden los impuestos del país son “héroes”. Pero, con lo que respecta a este trabajo, entendemos que la corrupción genera una pérdida de legitimidad de los gobiernos, de la democracia en general y de “La Política” a gran escala. La Política se transita como un espacio sucio donde es imposible triunfar sin embarrarse. Se va construyendo, cada vez más, como un juego que requiere inversiones millonarias y centrar la cuestión
Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría
Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría La descentralización del poder es la garantía que posee la República para conservar el equilibrio entre los distintos poderes que la comprenden. Entre ellos, se encuentra el Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente; el Poder Legislativo, formado por aquellos que aprueban o rechazan las leyes; y el Poder Judicial, garante de sancionar a aquellos que no cumplan con su deber constitucional. La estrategia, la comunicación y las alianzas son parte de la dinámica legislativa. Con la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre, el cuadro político cambió. Hoy en día se encuentra un oficialismo fuerte, capaz de accionar en la arena legislativa, posicionándose como el gobierno más “reformista de la historia”, mencionado varias veces por el gobierno actual. Este artículo analiza cómo la victoria legislativa de La Libertad Avanza en octubre modificó el equilibrio tradicional de poder en Argentina, otorgándole al oficialismo una posición inédita, siendo un gobierno no peronista. Además, se examinan los antecedentes históricos y los efectos institucionales de este nuevo escenario, incluidos los desafíos de la gobernabilidad futura para comprender sus implicancias en la calidad democrática y la estabilidad política del país. De la oposición al poder: el ascenso de La Libertad Avanza Históricamente el Poder Legislativo estuvo dominado por el peronismo, encontrando una dificultad por parte de partidos opositores de poder establecer un consenso político. Cambiemos, en 2017, fue victorioso en las elecciones de medio término. Este triunfo fue un respiro para el gobierno de turno pudiendo llevar adelante varias iniciativas. Lo relevante es que este partido contó con la singularidad de ser una alianza política (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y la Unión Cívica). El mismo corría el riesgo de que las incidencias internas obstaculizaran los proyectos del Poder Ejecutivo. Como se mencionó, el diálogo y la negociación fueron necesarios para poder mantener el rumbo del país. Por su parte, la agrupación libertaría comenzó su recorrido en el año 2021. Javier Milei y Victoria Villarruel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), iniciaron su trayectoria política siendo legisladores por este distrito en la Cámara baja. Esto le otorgó una mayor entidad y reconocimiento, comprendiendo un contexto nacional polarizado. Figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Georgia Meloni, José Antonio Kast en la actualidad son algunas figuras políticas que acompañan la ideología de Javier Milei. Factores como los mencionados le permitieron a Milei tener un crecimiento exponencial llegando a la presidencia en 2023. Hoy en día, se expresa un panorama excepcional. Luego de mucho tiempo LLA pudo obtener la primera minoría, siendo todos los legisladores del bloque de un mismo partido político. Esto es un hecho novedoso en la política argentina. Elecciones de medio término LLA triunfó en las elecciones de octubre de este año, imponiéndose con más del 40% de los votos, dejando en el segundo puesto a Fuerza Patria, partido encabezado por dirigentes peronistas. Esto refleja un nuevo escenario a nivel nacional, evidenciando un Congreso Nacional con una primera minoría violeta. Esto le garantiza al Poder Ejecutivo gobernabilidad y obstáculos escasos comparado a otros gobiernos no peronistas. Por su parte se definieron 127 diputados nacionales. Ademas, provincias como Salta, Neuquén, Rio Negro, Chaco, Santiago del Estero y CABA también eligieron senadores. LLA cuenta hoy en día con 95 diputados, mientras que el PRO (aliado de LLA) tiene 12. La oposición más dura -peronismo/kirchnerismo- se quedó con 93 diputados. El macrismo en 2017 obtuvo casi un 42% de los votos. Cambiemos incrementó los escaños y en algunas provincias tuvo una victoria avasalladora, pero en el Congreso seguía habiendo más diputados de otras fuerzas, precisando de un diálogo recurrente para sacar adelante leyes propuestas por el oficialismo de ese entonces. Sumado a esto, el espacio mostró tensiones internas significativas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO y la Coalición Cívica compitieron bajo el frente Vamos Juntos, mientras que la UCR presentó Evolución Ciudadana, demostrando diferencias estratégicas y de liderazgo dentro de la coalición. Institucionalidad y polarización: el desafío de gobernar con mayoría propia La consolidación de LLA como la primera minoría legislativa trae consigo una serie de debates institucionales importantes que ayudan a entender cómo funciona actualmente la República Argentina. Aunque tener un bloque cohesionado le da al Poder Ejecutivo una capacidad sin precedentes para avanzar en su agenda, como lo ha hecho históricamente los gobiernos peronistas, también se plantean preguntas sobre el equilibrio de poderes y la calidad del proceso deliberativo actual. Desde un punto de vista institucional, la rapidez legislativa que logra el oficialismo puede verse como un fortalecimiento del Estado; sin embargo, la disminución de los contrapesos políticos preocupa a aquellos que valoran la negociación plural como un mecanismo clave para evitar la concentración de poder. El Congreso, según su diseño constitucional, no está destinado solo a validar políticas, sino que también debe ser un espacio de representación y control. La menor necesidad de alcanzar consensos amplios podría empobrecer el debate democrático y reducir la deliberación técnica y política que caracteriza a los sistemas republicanos sólidos. Proyectos como la Modernización Laboral, la Reforma del Código Penal, entre otros, serán claves para terminar de solidificar el proyecto nacional correspondiente al partido violeta. Esta mayoría parlamentaria permitirá una aceptación rápida. Además, se encuentran partidos aliados y dialoguistas como el PRO, miembros de la UCR, de Provincias Unidas, entre otros dentro del Parlamento. Este contexto se desarrolla en un ambiente de creciente polarización. El estilo de discurso del oficialismo y la adversidad de algunos sectores opositores, profundiza la división política y social. Esta polarización emocional tiende a simplificar el debate público en términos binarios y complica la construcción de acuerdos transversales. Así, la dinámica institucional se ve influenciada no solo por la aritmética legislativa, sino también por un ecosistema político y mediático donde prevalece la lógica del antagonismo constante. El presidente Javier Milei y La Libertad Avanza se han consolidado como la primera minoría