¿Qué es el Grupo Wagner y qué tiene que ver con el Kremlin?
¿Qué es el Grupo Wagner y que tiene que ver con el Kremlin? . Introducción La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a poner en discusión el papel de los actores armados no estatales dentro de los conflictos contemporáneos. Entre ellos, Grupo Wagner adquirió relevancia por su participación en escenarios bélicos, su cercanía al Kremlin y la rebelión protagonizada en 2023. El caso permite reflexionar sobre el poder estatal, el rol de las organizaciones militares privadas y las consecuencias de su participación en la guerra. El grupo Wagner y el Estado ruso El grupo Wagner se ha convertido en uno de los actores más polémicos dentro de la política internacional. Fue fundado en 2014 y estuvo integrado inicialmente por ex miembros de las fuerzas armadas rusas y combatientes de élite. Posteriormente, reclutó prisioneros rusos a cambio de indultos. Se presenta como una empresa militar privada, aunque su accionar estuvo estrechamente ligado a los intereses del Estado ruso en distintos conflictos armados, especialmente en la guerra con Ucrania. Además de participar en este conflicto, Wagner también operó en Siria, Libia, Mali, Sudán, entre otros países africanos, consolidándose como una herramienta de influencia internacional para el Kremlin. Las operaciones de Wagner en distintos países del mundo demuestran que no se trata únicamente de una fuerza auxiliar para la guerra, sino también de un instrumento de proyección internacional que responde a objetivos geopolíticos más amplios. El grupo participó tanto en tareas militares como en la protección de gobiernos aliados y recursos estratégicos, lo que le permitió al Kremlin aumentar su influencia en regiones estratégicas sin recurrir directamente al ejército regular. Organizaciones internacionales y gobiernos occidentales lo denunciaron por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y desestabilización regional; también impulsaron sanciones económicas y propusieron clasificar a Wagner como una organización terrorista o criminal transnacional. Estas reacciones muestran que el grupo dejó de ser visto únicamente como un actor militar ruso y pasó a considerarse un problema de seguridad internacional. A través de Wagner, Rusia logró fortalecer vínculos políticos y económicos favorables a Moscú y ampliar su presencia en regiones donde otras potencias, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, también disputan influencia. La existencia del Grupo Wagner pone en cuestión la idea central del Estado moderno como poseedor del monopolio legítimo de la violencia. Tradicionalmente, los Estados concentran el control de las fuerzas armadas y de la coerción. Sin embargo, la existencia de organizaciones militares privadas con cierta autonomía demuestra que ese monopolio puede fragmentarse si los gobiernos delegan funciones estratégicas en actores armados no estatales. La utilización de mercenarios modifica la forma en que se desarrollan los conflictos y, más importante aún, la manera en que los Estados ejercen poder e influencia internacional. Utilizar grupos privados o paramilitares para intervenir en conflictos es frecuente en los Estados autoritarios. Durante años, el gobierno ruso negó mantener vínculos directos con la organización, pero las acciones de Wagner evidenciaron una coordinación funcional con los intereses estratégicos de Rusia. Así, el Kremlin evita asumir completamente las responsabilidades políticas y jurídicas derivadas del grupo mercenario. De este modo, funciona como un instrumento de poder informal y permite ampliar la capacidad de intervención estatal sin recurrir a las fuerzas armadas oficiales. El caso Wagner expresa una transformación de las guerras tradicionales. Los conflictos ya no dependen únicamente de ejércitos nacionales, sino también de empresas privadas, grupos paramilitares y actores no estatales que operan con distintos niveles de autonomía. Esto acarrea problemas éticos y legales, debido a que dificulta establecer responsabilidades frente a violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. Delegar el monopolio de la violencia en organizaciones privadas también implica riesgos para la estabilidad estatal. El caso Wagner demostró que un grupo armado con creciente autonomía puede transformarse en una amenaza para el mismo gobierno que lo promovió. La rebelión encabezada por Prigozhin en 2023 fue la máxima expresión de ese peligro. La rebelión del líder Yevgeny Prigozhin construyó su poder económico y político gracias a su cercanía con Putin. Conocido como el ‘chef de Putin’ debido a los contratos de catering que obtuvo con el Kremlin y el ejército ruso, logró expandir sus negocios hacia el ámbito militar al crear el grupo Wagner. Con el tiempo, dejó de ser únicamente un empresario cercano al poder y se transformó en una figura política y militar con creciente influencia pública. Su creciente exposición mediática y sus críticas abiertas a las autoridades militares rusas demostraron su intención de disputar poder dentro del sistema político. En 2023, encabezó una rebelión que evidenció las tensiones al interior del poder ruso y los peligros que implica la privatización de la violencia. Desafió abiertamente al gobierno y puso en cuestión la estabilidad del país. Tras el acuerdo que puso fin al motín, parte de las fuerzas de Wagner fueron trasladadas a Bielorrusia, donde continúan realizando entrenamientos militares y manteniendo presencia regional. Incluso después de la rebelión, el grupo continuó siendo un actor relevante en la estrategia de seguridad rusa. Este enfrentamiento también evidenció que la organización había acumulado un nivel de autonomía y poder difícil de controlar hasta para el propio Kremlin. Aunque el conflicto terminó rápidamente y Prigozhin murió al poco tiempo en un accidente aéreo, el episodio expresa una fragilidad institucional que contradice la idea de un Vladimir Putin intocable. El Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido cree que es altamente probable que éste esté detrás del accidente. Asimismo, en el canal de Telegram Gray Zone, vinculado a Wagner, se informó que el avión había sido derribado por el ejército ruso, pero no se proporcionó evidencia. En cambio, el ex asesor de Putin, Sergei Markov, acusó a la inteligencia ucraniana. Más allá de las hipótesis sobre las causas del incidente, el episodio refuerza la imagen de un sistema político donde la lealtad al poder es central y donde las disputas internas pueden resolverse mediante mecanismos opacos y violentos. En este sentido, la muerte de Prigozhin fue interpretada por muchos analistas como una demostración de autoridad por parte de Putin
Bolivia en un punto de inflexión
Bolivia en un punto de inflexión . En las últimas semanas hubo numerosas protestas y bloqueos de rutas en toda Bolivia, en los que se pidió el fin de las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno de Paz y, hasta cierto punto, incluso su renuncia. Estas manifestaciones, impulsadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales, comenzaron como un rechazo a un proyecto de reforma agraria promovido por el gobierno, pero rápidamente escalaron hacia un cuestionamiento general de las políticas de austeridad, como la eliminación de subsidios a los combustibles. El epicentro de las protestas se encuentra principalmente en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, siendo este último el más afectado por los bloqueos de ciudades y rutas. Tal es la magnitud de las protestas que, a pesar de los operativos policiales, las fuerzas de seguridad aún no han logrado despejar varias de las carreteras que rodean La Paz y El Alto. Evo Morales Aunque Evo Morales ya no ocupa cargos públicos ni controla el Movimiento al Socialismo (MAS), el expresidente volvió a convertirse en una figura central dentro de la crisis política que atraviesa Bolivia. Desde el departamento de Cochabamba, Morales respaldó las protestas y bloqueos que desde hace semanas afectan al gobierno de Rodrigo Paz. Incluso definió las movilizaciones como una “sublevación del pueblo” y reclamó la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Desde el gobierno boliviano aseguran que detrás de las protestas existe un intento de desestabilización impulsado por sectores cercanos al exmandatario. En una entrevista con TN, Rodrigo Paz afirmó que “Evo Morales quiere volver al poder a cualquier costo” y acusó a grupos vinculados al expresidente de promover bloqueos y hechos violentos para generar caos político y económico. “No vienen a dialogar, vienen a bloquear y generar daño”, sostuvo el mandatario, quien además vinculó parte de esas movilizaciones con recursos provenientes del narcotráfico. Mientras tanto, Morales continúa manteniendo influencia sobre sectores indígenas, sindicatos y organizaciones cocaleras que históricamente constituyeron su principal base política. Y aunque ya no cuenta con el mismo poder institucional que durante sus años de gobierno, la actual crisis volvió a demostrar que sigue conservando capacidad de movilización y peso dentro del escenario político boliviano. Futuro de Bolivia Lo que ocurra en las próximas semanas puede terminar definiendo buena parte del rumbo político de Bolivia en los próximos años. La crisis actual no solo refleja un conflicto económico o social, sino también una disputa mucho más profunda acerca de qué modelo político y económico debería seguir el país después de casi dos décadas marcadas por el predominio del MAS. Rodrigo Paz, por ahora, mantiene legitimidad institucional y respaldo internacional como presidente electo democráticamente. Varios gobiernos de la región y organismos internacionales continúan reconociendo a su administración como la autoridad legítima del país, mientras que dentro del Congreso todavía conserva apoyo suficiente para sostener parte de su agenda política y económica. Sin embargo, el gobierno enfrenta crecientes dificultades para contener las protestas y estabilizar la situación social. Las medidas de ajuste económico generaron rechazo incluso entre sectores que inicialmente habían acompañado a Paz como una alternativa moderada tras años de gobiernos vinculados al MAS. A ello se suma la dificultad para recuperar el control de varias regiones donde los bloqueos continúan afectando la circulación, el abastecimiento y la actividad económica. Por ahora, el escenario sigue completamente abierto. Si el gobierno logra contener la crisis y mantener el apoyo político, Paz podría consolidarse como el dirigente que puso fin definitivamente al ciclo político de Evo Morales. Pero si las protestas continúan creciendo y el desgaste económico se profundiza, el conflicto podría volver a abrir espacio para que sectores cercanos al expresidente recuperen protagonismo dentro de la política boliviana. Por Máximo Hoch. Bibliografía: https://www.infobae.com/america/opinion/2026/05/25/la-captura-inmediata-de-evo-morales-es-fundamental-para-una-bolivia-prospera-y-segura/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g8y5dmrjlo https://www.infobae.com/america/america-latina/2026/05/23/crece-la-tension-en-bolivia-la-policia-se-volvio-a-enfrentar-a-los-manifestantes-para-desbloquear-las-carreteras/ https://tn.com.ar/internacional/2026/05/23/el-presidente-de-bolivia-hablo-sobre-las-violentas-protestas-en-el-pais-evo-morales-quiere-volver-al-poder/ https://www.bbc.com/news/articles/clyp7w035d5o ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
¿La pelota no se mancha? Hipocresía y negocios en el Mundial 2026
¿La pelota no se mancha?: Hipocresía y negocios en el Mundial 2026 . El inicio del Mundial de Fútbol 2026 en Estados Unidos ha dejado en claro que los grandes torneos deportivos ya no pueden analizarse de forma aislada de la geopolítica y de los intereses corporativos. Lejos de ser un espacio neutral de distensión global, el arranque del campeonato expone de manera cruda cómo la FIFA ha subordinado el juego a la agenda política de Washington y al control migratorio más estricto. Lo que presenciamos hoy no es una fiesta del deporte, sino la presunta consolidación de un modelo donde el negocio financiero y la persecución ideológica prevalecen por encima de la cultura popular de este deporte. Este escenario pone de manifiesto la flagrante doble moral con la que se administra el fútbol internacional en la actualidad. Mientras la FIFA actuó con una rapidez implacable para suspender y marginar a Rusia de toda competencia internacional apelando a principios éticos y de paz, muestra una docilidad absoluta frente a los Estados Unidos. El máximo organismo del fútbol no tiene reparos políticos en asociarse con una potencia mundial a la que se le atribuyen bloqueos económicos unilaterales, intervenciones globales y vetos migratorios arbitrarios, demostrando que las sanciones morales se aplican de manera selectiva según el peso financiero del anfitrión de turno. La condescendencia de la dirigencia deportiva ha permitido que la administración estadounidense utilice el Mundial como una vitrina de su doctrina soberanista y de seguridad nacional. Las fronteras del país organizador no operan bajo criterios de hospitalidad deportiva, más bien, parecerían actuar como aduanas ideológicas destinadas a filtrar y controlar severamente, bajo logísticas discriminatorias, a las delegaciones de naciones no alineadas con sus intereses. De esta manera, el torneo queda condicionado por los sesgos políticos de la Casa Blanca, transformando los estadios y los aeropuertos en extensiones de un régimen de sospecha generalizada. A la par de este alineamiento político, el Mundial de cuarenta y ocho equipos desnuda la conversión definitiva de la FIFA en una corporación transnacional que mercantiliza la pasión popular. La prioridad exclusiva de la cúpula dirigencial ha sido garantizar ganancias récord y blindar los intereses de sus patrocinadores globales, desplazando la cultura histórica del fútbol hacia un esquema de consumo de élite. En este diseño corporativo, el hincha tradicional es visto únicamente como un activo financiero a explotar mediante tarifas prohibitivas, palcos VIP y restricciones comerciales abusivas que privatizan el espectáculo que tanto amamos. Frente a este proceso de desmantelamiento de la mística popular, el análisis periodístico crítico resulta indispensable para denunciar el sesgo del torneo. En su cobertura editorial, el histórico relator Víctor Hugo Morales alzó la voz para trazar una línea de resistencia conceptual frente a los monopolios económicos que manejan el deporte. Evocando la emblemática consigna maradoniana de “la pelota no se mancha”, Morales planteó la urgencia de defender la identidad cultural y el patrimonio de los pueblos frente a un modelo de exclusión financiera que despoja a los aficionados legítimos de la fiesta que ellos mismos construyeron. “Es un mundial marketinero, un mundial entregado al poder económico” sentenció el periodista. Las denuncias sobre el sesgo institucional estadounidense, no son crónicas o discursos ideológicos, sino que son realidades fácticas. El delantero Aymen Hussein, la principal figura de la selección de Irak, fue retenido e interrogado durante siete horas en el aeropuerto de Chicago debido a una supuesta confusión de nombres vinculada a los protocolos antiterroristas. La gravedad del hecho quedó registrada en las declaraciones del propio futbolista, quien denunció públicamente haber sido tratado como un criminal por las autoridades migratorias. El rigor punitivo y el desprecio protocolar también afectaron de manera directa a los representantes del fútbol africano. El plantel completo y el cuerpo técnico de la selección de Senegal fueron sometidos a una exhaustiva y hostil requisa aduanera en plena pista de aterrizaje a su llegada a Carolina del Norte. Este procedimiento, completamente desmesurado para una delegación deportiva oficial, demuestra que las agencias federales estadounidenses anteponen la intimidación y el control fronterizo por sobre los acuerdos mínimos de cortesía internacional que exige la organización de un Mundial. Asimismo, las restricciones unilaterales de Washington terminaron por excluir a profesionales que contaban con todos los méritos deportivos para participar en la cita máxima. Al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, galardonado formalmente como el mejor réferi del continente africano, se le denegó el ingreso al país a pesar de tener toda la documentación visada en regla. Este veto migratorio explícito expone cómo las leyes nacionales de exclusión aplicadas por los Estados Unidos prevalecen de forma absoluta sobre la supuesta autonomía de la FIFA, proscribiendo a un profesional por su procedencia. El absurdo geopolítico y la complicidad dirigencial alcanzaron su punto máximo con la situación impuesta a la selección de Irán durante este campeonato. Ante la negativa del gobierno estadounidense de permitir que la delegación iraní concentre y se hospede de manera permanente en su territorio, el equipo se vio obligado a fijar su campamento logístico en México. Los futbolistas deben cruzar la frontera internacional exclusivamente para disputar sus partidos y abandonar el suelo de los Estados Unidos inmediatamente después del pitazo final, funcionando como parias temporales en el torneo. Desde una perspectiva estrictamente analítica, estos episodios demuestran que los atropellos logísticos no son fallas organizativas aisladas, sino el resultado directo de una estructura institucional sometida al poder del anfitrión. La FIFA ha claudicado en su rol de garante de la igualdad deportiva al aceptar que las fobias políticas de una potencia dicten quiénes pueden arbitrar, dónde deben dormir los equipos y qué futbolistas merecen ser investigados. El éxito financiero de la corporación deportiva se sostiene, precisamente, sobre la normalización de estas asimetrías de poder. Este modelo de exclusión se traslada también al plano micro de las sedes, donde las regulaciones corporativas asfixian la dinámica local de las ciudades anfitrionas. Los monopolios comerciales impuestos por la FIFA, que restringen desde la distribución de agua hasta el control del transporte público y la gastronomía, configuran un
Magnifica Humanitas. Argentina como caso concreto en la tensión entre tecnocracia y humanismo.
Magnifica Humanitas. Argentina como caso concreto entre la tensión entre tecnocracia y humanismo. El 15 de mayo de 2026, el Papa León XIV firmó la primera encíclica de su papado: Magnifica Humanitas. La fecha en que se firma este documento coincide con el 135.° aniversario de Rerum Novarum, la más emblemática de su homónimo León XIII. Con esa mera información ya debería quedar claro que la intencionalidad detrás, el análisis que hace y el corpus programático en que se apoya no son en absoluto casualidad. Esta encíclica contiene un cuerpo primordialmente teológico y filosófico, pero también un programa social y político sólido. Aquí el enfoque será analizar el momento histórico en el que se inserta este documento, observando particularmente su dimensión social y sus contraposiciones políticas concretas. Para poder explicar el lugar que ocupa esta encíclica hay que dar un paso atrás en la historia. En 1891, León XIII aborda la siguiente problemática: la revolución industrial había generado una acumulación de poder sin precedentes en manos del capital industrial, lo que había producido un deterioro de las condiciones laborales, algo que el Papa asociaba a una deshumanización. Él comprendía que “lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y músculos pueden dar de sí” (León XIII, 1891, §15). A lo largo del desarrollo de este documento, las condiciones laborales, la concentración de la riqueza y la transformación del mundo del trabajo se tratan como temas urgentes del momento. En 2026, León XIV observa una estructura social isomórfica a la de 1891. Así como su antecesor afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial, este texto busca responder a otra revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que comportan nuevos desafíos en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y el trabajo. El problema de fondo que analiza es el mismo que el de 1891: una acumulación de poder en manos de una élite que domina la técnica y un deterioro de las condiciones humanas ligado a dicha acumulación. Frente a esta postura, comprendemos que Magnifica Humanitas plantea una posición sumamente interesante frente a tres grandes problemas de nuestro tiempo: el trabajo, la relación entre el ser humano y la tecnología, y el poder. En cuanto al trabajo, León XIV lo aborda como una realización del ser humano, a la vez que discute la deshumanización en directo paralelismo con lo planteado en Rerum Novarum. Los cambios en la industria habían generado condiciones inhumanas de labor, muy palpables y concretas desde la distancia, pero que eran una novedad de aquel momento; en la actualidad, el Papa enfrenta las nuevas dificultades de una labor deshumanizante oculta detrás de algoritmos. Si antes las cosas nuevas eran que las personas pudieran ser tratadas como un “engranaje o una mercancía”, ahora el riesgo es que sean utilizadas “como un dato” (León XIV, 2026, §180). Quizás lo más rico del documento aparece en cuanto a la relación entre el ser humano y la tecnología, una relación siempre cambiante. Aquí no se plantea un ludismo irreflexivo ni la abolición de la tecnología, ni siquiera de la inteligencia artificial. Este argumento denota una superación de las dicotomías entre los dos polos. En cambio, se plantea desarmar la tecnología y la IA, no destruirlas; se comprende que la técnica debe funcionar con los seres humanos en posiciones de decisión sobre ella y que no es “una fuerza antagónica respecto a la persona”(León XIV, 2026, §4), pero debe usarse para proteger y construir, no para controlar u oprimir. Ahora bien, si se comprende que “las innovaciones tecnológicas –incluida la inteligencia artificial– no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión” (León XIV, 2026, §85), entonces entra en escena la dimensión del poder. Las cosas nuevas de nuestra época están completamente ligadas a lo novedoso de las formas de acumulación de poder –la cultura del poder–, ya que “los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente ‘privado’, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común” (León XIV, 2026, §5). Entonces, lo que hace Magnifica Humanitas es posicionarse frente a los mismos tecnócratas de los que había alertado el Papa Francisco cuando afirmó que se debía plantear “una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático” (Francisco, 2015, §111). Desde entonces, estos grupos se han articulado ideológicamente y en cuanto a modelos de poder. Aquí un nombre está comenzando a resonar cada vez más: Palantir. Palantir es una empresa de tecnología que opera en 140 países con el fin de proporcionar a Estados y empresas grandes portales para el análisis de macrodatos, especializados en inteligencia artificial. Fue fundada por Alex Karp y Peter Thiel (dos magnates con una alta formación filosófica). Entre los programas que ofrece la empresa se encuentran Gotham y Foundry. El primero se aplica para vigilancia predictiva, analizando patrones de civiles a partir de matrículas, redes sociales y facturas de servicios; por ejemplo, es utilizado por el ICE para identificar y localizar inmigrantes o “potenciales terroristas” en Estados Unidos. El segundo funciona directamente en zonas de guerra para predecir y planificar ataques armados o construir “domos” de seguridad. Aquí se puede ver claramente que la advertencia que hace el Papa sobre el uso de la IA como “arma” no está planteada en abstracto, sino a partir de situaciones muy concretas. Karp publicó en 2025 La república tecnológica, un manifiesto político que plantea una alianza entre los sectores tecnológicos y el Estado, en pos de proyectos de hard power de dominación occidental. Entre los puntos que elabora se establece que la deliberación democrática es
El ajedrez de CABA: la sanción del RIGI y la ampliación presupuestaria
El ajedrez de CABA: la sanción del Rigi y la ampliación presupuestaria. Desde la llegada de Javier Milei al gobierno, este ha tenido que lidiar con la ausencia de fuerzas provinciales que lo apoyaran de manera directa al no contar con gobernadores de su propio partido. Por lo tanto, ha debido recurrir a constantes negociaciones a lo largo de su mandato para sacar adelante sus reformas y consolidar los apoyos necesarios de cara a las elecciones de medio término. El 14 de mayo de 2026, la Legislatura porteña marcó un hito en la dinámica parlamentaria local al aprobar la adhesión al RIGI, impulsada por un acuerdo estratégico entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, la jornada expuso las tensiones subyacentes en esta coalición: durante el tratamiento de la ampliación del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el bloque libertario optó por una abstención táctica. Esta decisión, que permitió la sanción de la norma gracias a la mayoría oficialista, evidencia un esquema de cooperación selectiva donde LLA busca mantener su identidad opositora en materia fiscal mientras consolida su alianza programática en áreas clave de inversión. La abstención de los libertarios en el presupuesto deja claro que esto es una danza de actores de veto, tal como lo plantea Tsebelis (2002). En la Legislatura, si los bloques no se ponen de acuerdo, la máquina se frena: nadie saca nada. La abstención de LLA es un mensaje clarísimo: dejarle pasar la ampliación al PRO para que la gestión no se le incendie y así garantizar su gobernabilidad, pero no darles el voto afirmativo porque sería una mancha en el largo plazo. Es el típico equilibrio donde, si la distancia ideológica entre ellos se hace muy grande, la Legislatura entra en modo “parálisis controlada”. Se cuidan de no romper todo, pero cada uno marca el territorio para que el otro no se crea el dueño de la agenda. La formación de esta alianza no está libre de fricciones, las cuales pueden explicarse a través de la teoría de las coaliciones de Riker (1962). En un escenario donde el objetivo es maximizar la influencia legislativa, la formación de un acuerdo entre LLA y el PRO se comporta como una “coalición mínima ganadora”, donde ambas partes intentan restringir el número de integrantes al mínimo indispensable para asegurar la sanción de leyes como el RIGI que fue aprobado con la suma de 32 votos a favor contra 27 en contra. Esta lógica responde a la necesidad de no diluir los beneficios del poder, tanto en términos de control presupuestario como de rédito político, ya que al sumar más actores a la negociación terminaría aumentando innecesariamente los costos de esta. Para entender este equilibrio, hay que mirar el tablero de ajedrez porteño bajo la lógica de los “juegos de dos niveles” de Putnam (1988). LLA no solo negocia en el recinto, está jugando dos partidos simultáneos: uno interno, donde necesita los votos del PRO para sacar leyes como el RIGI, y otro externo, donde debe mantener su pureza ante un electorado nacional que penaliza cualquier rastro de la “casta” a la que votaron para barrer. La abstención táctica es, justamente, el resultado de esta doble presión: es el movimiento necesario para que el sistema no colapse a nivel local, pero sin sacrificar el capital político necesario para la pelea grande en la arena nacional. Es, en esencia, la forma en que el partido gestiona su propia supervivencia mientras transita el peligroso camino de ser oposición local y oficialismo nacional al mismo tiempo. La postura de los libertarios en la Legislatura porteña se entiende mejor con la “estrategia de conflicto” de Schelling (1960). En este juego, tener los votos no es todo; lo que realmente importa es quién se anima a tensar más la cuerda para que el otro no tenga más remedio que ceder. El poder de negociación no se mide solo por los votos que uno tiene, sino por la capacidad de realizar compromisos que fuercen al oponente a ajustar su conducta. En este ajedrez, la abstención funciona como una táctica de compromiso: LLA le comunica al PRO que su apoyo no es incondicional, sino que está sujeto a que se respeten ciertas líneas rojas programáticas. Al abstenerse en el presupuesto, los libertarios están realizando una movida deliberadamente costosa; el costo de esa abstención es el riesgo de que la ley no salga, pero el beneficio es la demostración de que son capaces de “dejar que la máquina se frene”. Esta señal es vital porque transforma un juego de negociación cooperativa en uno donde la parte que demuestra mayor voluntad de asumir riesgos (el que está dispuesto a dejar caer la ley) es quien termina dictando los términos de la negociación. En conclusión, el ajedrez legislativo porteño nos demuestra que la política no es solo la suma de votos, sino un equilibrio complejo entre instituciones y estrategias. Como nos enseñan Tsebelis (2002) y Riker (1962), la Legislatura funciona como un escenario donde los “actores de veto” y la lógica de las “coaliciones mínimas” imponen límites estrictos a lo que es posible pactar sin diluir el poder. Sin embargo, detrás de esa estructura rígida, opera una dinámica de “estrategia del conflicto” al estilo de Schelling (1960), donde cada abstención o voto es una señal deliberada para marcar territorio. Todo esto ocurre bajo la presión de un “juego de dos niveles” descrito por Putnam (1988), que obliga a los actores a equilibrar sus necesidades locales con las expectativas de una tribuna nacional que no perdona ambigüedades. En definitiva, esta alianza entre LLA y el PRO es un matrimonio por conveniencia que sobrevive no por afinidad, sino por un cálculo racional constante: el delicado arte de mantener la gobernabilidad sin dejar de ser quienes son en el intento Por Franco Clarens. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube
¿Bajo la misma bandera? La política exterior de la admiración
¿Bajo la misma bandera? La política exterior de la admiración La reciente firma de una Carta de Intención entre la Armada Argentina y Estados Unidos para desarrollar un programa de cooperación militar en el Atlántico Sur volvió a poner en escena una discusión que atraviesa toda la política exterior del gobierno de Javier Milei: si este creciente alineamiento con Washington responde efectivamente a una estrategia conveniente para la Argentina o si, en realidad, expresa una afinidad política e ideológica entre Milei y Donald Trump que termina condicionando las decisiones internacionales del país. El acuerdo —firmado en la Base Aeronaval Comandante Espora— contempla el envío de dos aviones de patrullaje marítimo, drones, sistemas de vigilancia y entrenamiento especializado durante cinco años. El programa se enmarca dentro de la estrategia hemisférica impulsada por el Comando Sur de Estados Unidos y apunta principalmente al monitoreo del Atlántico Sur y al combate contra la pesca ilegal, especialmente de flotas chinas. Sin embargo, el aspecto técnico del convenio parece ser apenas una parte de un fenómeno más amplio. Desde el comienzo de su gestión, Milei dejó en claro que su política exterior estaría orientada hacia un alineamiento prioritario con Estados Unidos e Israel, acompañado de un progresivo distanciamiento respecto de actores como China, Rusia o el bloque BRICS. Esa redefinición no quedó solamente en el plano discursivo, sino que comenzó a traducirse en acuerdos militares, posicionamientos diplomáticos y declaraciones internacionales cada vez más explícitas. La relación entre Milei y Trump ocupa un lugar central dentro de esa construcción. Ambos líderes comparten una narrativa política basada en la confrontación con el “poder establecido” y en la idea de representar una ruptura frente a la política tradicional. Pero, además, el respaldo del presidente norteamericano hacia Milei fue constante y público. Tras las elecciones legislativas argentinas de 2025, Trump aseguró que el oficialismo había contado “con mucha ayuda” por parte de Estados Unidos y sostuvo: “Esa elección hizo ganar mucho dinero a Estados Unidos”, vinculando directamente el triunfo libertario con beneficios económicos para Washington. Las declaraciones no pasaron desapercibidas porque dejaron al descubierto una relación, que viéndola superficialmente, parece ser profundamente asimétrica. Mientras el gobierno argentino presenta el vínculo como una alianza estratégica entre socios, desde Estados Unidos aparecen con claridad intereses económicos, financieros y geopolíticos concretos. El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, afirmó que “Argentina es un aliado vital en América Latina” y celebró que “la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida”. En ese contexto comenzaron a surgir interrogantes acerca de quién obtiene realmente mayores beneficios dentro de este acercamiento. El analista Andrés Gilio advirtió que el apoyo argentino a Trump “se da más por una identificación ideológica y valores compartidos que por lo conveniente o inconveniente” que pueda resultar para el país. La observación no es menor porque desplaza la discusión desde la cooperación bilateral hacia un terreno mucho más delicado como el de una política exterior organizada alrededor de afinidades personales e ideológicas. Ese aspecto se volvió todavía más visible frente al conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. En abril de 2026, Milei manifestó su “apoyo total y absoluto” al accionar militar norteamericano e israelí y definió a Israel como “el bastión de Occidente”. Días antes, el gobierno argentino había declarado terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní, profundizando aún más su alineación diplomática con Washington y Tel Aviv. Distintos sectores críticos comenzaron a advertir sobre las implicancias de dicho posicionamiento sosteniendo que “Estados Unidos no hace beneficencia” y que este tipo de acuerdos suelen consolidar relaciones profundamente desiguales, donde las potencias amplían su capacidad de influencia sobre países periféricos. Desde esa mirada, la discusión no pasa necesariamente por rechazar cualquier vínculo con Washington, sino por preguntarse cuánto margen de autonomía conserva la Argentina dentro de una relación cada vez más dependiente en términos financieros, tecnológicos y militares. El propio acuerdo naval refleja algunas de esas tensiones. Mientras Argentina profundiza su cooperación en defensa con Estados Unidos para monitorear el Atlántico Sur y controlar la actividad de flotas pesqueras chinas, Beijing continúa siendo uno de los principales socios comerciales del país y un actor clave para las exportaciones agropecuarias argentinas. En ese escenario, la política exterior comienza a insertarse dentro de una disputa global entre potencias que excede largamente los intereses inmediatos de la Argentina. La visita de Milei al portaaviones USS Nimitz junto a funcionarios centrales de su gobierno terminó de reforzar esa imagen. Más que un simple gesto diplomático, la escena funcionó como una demostración simbólica de pertenencia política y geopolítica. En distintos análisis periodísticos y audiovisuales sobre el vínculo Milei-Trump comenzó a aparecer una idea recurrente, el gobierno argentino no solo busca fortalecer relaciones con Estados Unidos, sino también construir una identidad internacional alineada con una determinada visión de Occidente, del mercado y del orden global. La discusión de fondo, entonces, ya no se limita únicamente a los beneficios inmediatos de la cooperación militar o financiera con Estados Unidos. El interrogante más profundo pasa por entender qué lugar ocupa realmente la Argentina dentro de esta relación y hasta qué punto las decisiones internacionales del gobierno responden a una estrategia nacional sostenida en el tiempo o, más bien, a la afinidad personal e ideológica entre Javier Milei y Donald Trump. A lo largo de su gestión, Milei no solo profundizó el alineamiento diplomático con Washington, sino que además construyó una relación política basada en una admiración explícita hacia la figura de Trump y hacia el modelo de liderazgo que representa. Esa identificación parece atravesar buena parte de la política exterior argentina, incluso en escenarios donde los intereses nacionales podrían requerir posiciones más equilibradas o pragmáticas, como en gran parte de la historia argentina. En ese marco, la pregunta que comienza a surgir es si el gobierno está priorizando una estrategia conveniente para la Argentina o si, en cambio, termina subordinando necesidades económicas, comerciales y geopolíticas del país a una lógica más bien individual, de alineamiento ideológico. La cuestión adquiere todavía mayor relevancia si se considera
De la cuarentena al aislamiento internacional: la ruptura con la OMS
De la cuarentena al aislamiento internacional: La ruptura con la OMS . El brote de hantavirus volvió a poner en discusión la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsada por Javier Milei. Mientras el Gobierno defiende la decisión y cuestiona el rol que tuvo el organismo durante la pandemia, reaparecen las dudas sobre cómo el COVID cambió la relación de gran parte de la sociedad con la salud pública, los expertos y los organismos internacionales. Una desconfianza que comenzó durante la cuarentena y que años después terminó teniendo nuevamente consecuencias políticas. Aquel 20 de marzo de 2020 era difícil encontrar a alguien que cuestionara las medidas sanitarias impulsadas por el entonces gobierno de Alberto Fernández. Frente a una nueva y en gran parte desconocida pandemia, casi toda la sociedad argentina apoyó el ASPO -el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio- como una forma necesaria de proteger el sistema sanitario y evitar una crisis mayor. Pero para noviembre de ese mismo año el clima social ya era muy distinto. La extensión de una de las cuarentenas más largas del mundo, sumada al impacto económico, el cierre de comercios y el desgaste emocional que dejó el encierro, empezó a generar desconfianza en ciertos sectores políticos y sociales. Con el paso de los meses, el rechazo a las restricciones sanitarias empezó a convertirse en algo más grande que una simple crítica a la cuarentena. Para algunos en la oposición al entonces gobierno, esto les generó una fuerte desconfianza hacia el Estado, los expertos y los organismos internacionales que habían respaldado muchas de las medidas tomadas durante la pandemia. Para parte de esos sectores, la OMS representaba los excesos del COVID 19: cuarentenas largas, restricciones a la circulación y decisiones que, según sus críticos, terminaron afectando libertades individuales y agravando la crisis económica. Estas posturas se vieron muy reflejadas en Javier Milei, quien ya durante la pandemia había sido uno de los críticos de la cuarentena y las restricciones sanitarias. Por lo que era de esperar que su presidencia fuera la que tomará acciones al respecto. Es en ese contexto en el que, el 5 de febrero de 2025, su gobierno anunció la salida de Argentina de la OMS, argumentando que el organismo tuvo un rol “nefasto” durante la pandemia y cuestionando sus recomendaciones sanitarias. Desde Casa Rosada también defendieron la medida como una decisión vinculada a la soberanía nacional y al rechazo de la “interferencia” de organismos internacionales en las políticas internas del país. La decisión generó críticas de especialistas y referentes del área sanitaria, que advirtieron sobre el impacto que podría tener abandonar espacios de cooperación internacional. Entre otras cosas, señalaron la importancia de la OMS en el intercambio de información epidemiológica, la coordinación frente a emergencias sanitarias y el acceso a programas internacionales de salud. El debate volvió a instalarse en las últimas semanas tras el brote de hantavirus detectado en un crucero que había partido desde Ushuaia y que ya provocó varias muertes. Frente a esto, la OMS volvió a pedir tanto a Argentina como a Estados Unidos que reconsideren su salida del organismo, remarcando la importancia de la cooperación internacional frente a brotes epidemiológicos. La respuesta del Gobierno fue inmediata: desde Casa Rosada aseguraron que Argentina tiene capacidad para responder y controlar este tipo de situaciones sanitarias por cuenta propia, y acusaron a la OMS de intentar utilizar políticamente el brote para presionar a países que decidieron alejarse de la institución. En la misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, afirmó que el país tiene “capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población” y sostuvo que Argentina puede mantener cooperación internacional “sin resignar soberanía”. Además, el Gobierno ratificó que no volverá a integrarse a la OMS, al considerar que el organismo tuvo un rol negativo durante la pandemia y representó muchas de las políticas sanitarias que hoy sectores del oficialismo siguen cuestionando. El cruce volvió a mostrar hasta qué punto la pandemia sigue marcando la discusión política incluso varios años después. Lo que comenzó como un debate sobre cuarentenas y restricciones terminó transformándose en una discusión mucho más amplia sobre el rol del Estado, los organismos internacionales y hasta sobre quién debe tener autoridad para tomar decisiones en una emergencia sanitaria. La pandemia dejó mucho más que una crisis sanitaria. También dejó una enorme crisis de confianza. Las restricciones, el impacto económico de la cuarentena y episodios como el vacunatorio VIP o la fiesta en Olivos terminaron dañando la relación de gran parte de la sociedad con las autoridades sanitarias, los expertos e incluso los organismos internacionales que respaldaban muchas de esas medidas. En ese contexto, el rechazo a la OMS dejó de ser algo minoritario y pasó a convertirse en una bandera política para sectores que veían en la pandemia un ejemplo de exceso estatal y avance sobre las libertades individuales. Javier Milei logró capitalizar gran parte de ese malestar y convertirlo en una decisión concreta de gobierno. Pero el brote de hantavirus volvió a mostrar que las amenazas sanitarias no desaparecieron con el fin del COVID 19. Y aunque muchas de las críticas a la gestión de la pandemia hayan sido válidas, eso no significa que cualquier reacción posterior también lo sea. La discusión ya no pasa solamente por el rol que tuvo la OMS durante el coronavirus, sino también por qué lugar debería ocupar la cooperación internacional frente a futuras emergencias sanitarias. El problema es que, en muchos casos, el debate dejó de centrarse en cómo mejorar las políticas sanitarias y pasó a convertirse en una discusión puramente política e ideológica. La salida de Argentina de la OMS parece ir en esa dirección: una decisión tomada más como reacción a todo lo que representó la pandemia que como parte de una estrategia sanitaria concreta. Y ahí es donde aparece la principal cuestión. Porque más allá de las críticas válidas que pueda haber hacia la OMS, los brotes y las emergencias sanitarias siguen existiendo. El hantavirus
Sobre la construcción y crisis del sistema político de Viktor Orbán en Hungría
Sobre la construcción y crisis del sistema político de Victor Orbán en Hungría . Introducción En las últimas décadas, el húngaro Viktor Orbán transformó profundamente el sistema político de su país. Esto convirtió a Hungría en uno de los casos más estudiados sobre la calidad de la democracia. Si bien Orbán mantuvo las instituciones electorales formales, llevó a cabo un proceso de centralización de poder, debilitamiento del Estado de derecho y erosión de los mecanismos de control institucional. Este proceso llevó a distintos analistas a caracterizar el régimen como un caso de ‘régimen híbrido’ o ‘autoritarismo electoral’, o, como al propio Orbán le gusta decir, ‘democracia iliberal’. Esta nota reconstruye brevemente la trayectoria política de Orbán, la transformación del sistema húngaro y los factores que explican su reciente derrota electoral, la cual abre paso a un escenario incierto respecto de los límites de la democracia en contextos de erosión institucional. ¿Quién es Viktor Orbán? Viktor Orbán inició su carrera política a finales de la década de 1980, en el contexto del colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, Hungría había permanecido bajo la órbita soviética y con un sistema de partido único liderado por el Partido Socialista Obrero Húngaro. Aunque el régimen era considerado más flexible que otros del bloque soviético, principalmente por las reformas económicas del comunismo goulash, las libertades políticas y la oposición no existían. En este contexto emergió una nueva generación de jóvenes opositores universitarios que reclamaban autonomía frente a Moscú. Entre ellos, en 1988 y con apenas 25 años, Orbán participó en la fundación de la Federación de Jóvenes Demócratas (Fidesz), que luego devino partido. Inicialmente fue reformista, liberal, anticomunista y prooccidental, y estaba compuesto por estudiantes e intelectuales jóvenes de zonas rurales y pequeños pueblos. Orbán ganó notoriedad cuando exigió la retirada de las tropas soviéticas del país en una ceremonia pública en homenaje a las víctimas de la Revolución Húngara. Sin embargo, con el tiempo, tanto Orbán como Fidesz atravesaron una profunda transformación ideológica. Tras la derrota electoral de 1994, Fidesz apenas logró ingresar al Parlamento, mientras que los partidos socialistas y liberales dominaron el escenario político. Orbán interpretó esta derrota como consecuencia del predominio cultural y mediático de las élites urbanas liberales, especialmente en Budapest. A partir de entonces, comenzó a adoptar un discurso nacionalista, conservador y fuertemente crítico de las élites europeas. Este giro no respondió únicamente a convicciones ideológicas, sino también a una estrategia política: mientras el espacio liberal y socialdemócrata parecía saturado, la derecha húngara carecía de representación. Orbán supo leer el clima político venidero y comenzó a construir una identidad política basada en la defensa de la soberanía nacional, los valores cristianos tradicionales y el rechazo a la inmigración. Tras una primera experiencia como primer ministro entre 1998 y 2002, regresó al poder en 2010 con una mayoría parlamentaria de dos tercios. Su retorno se vio favorecido por el desgaste de los gobiernos socialistas, atravesados por la crisis económica de 2008 y diversos escándalos políticos ocurridos entre 2006 y 2010. En un contexto de descontento social y debilidad opositora, el Fidesz logró consolidarse como la principal alternativa política para el país. Y, desde entonces, ganó sucesivamente las elecciones de 2014, 2018 y 2022, consolidando su hegemonía por más de una década. Su discurso político se estructuró alrededor de una narrativa de confrontación permanente: presentaba su gobierno como una ‘lucha’ destinada a defender a Hungría y a la ‘Europa cristiana’ frente a amenazas externas. Ellas incluían la inmigración, el liberalismo progresista, las políticas de género impulsadas por la Unión Europea, la comunidad LGBT+, entre otras. La crisis migratoria de 2015 fortaleció más esta narrativa porque Hungría se convirtió en un punto clave de paso para refugiados que provenían de Medio Oriente y África, situación que Orbán utilizó para profundizar su discurso securitario y antiinmigración, vinculando sistemáticamente la migración con el terrorismo y promoviendo la construcción de una valla fronteriza con Serbia. Esta identidad le permitió convertirse en uno de los principales referentes de la nueva derecha populista europea. Mantuvo una estrecha sintonía con figuras como Donald Trump, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, defendiendo la construcción de un ‘nuevo orden soberanista’ frente a las instituciones supranacionales. En paralelo, su enfrentamiento con Bruselas se intensificó: acusó repetidamente a la Unión Europea de actuar como un ‘imperio’ que atentaba contra la soberanía de los Estados nacionales, mientras las instituciones europeas cuestionaban el deterioro del Estado de derecho en Hungría y congelaban fondos por preocupaciones vinculadas a la corrupción y la independencia judicial. Esta tensión se profundizó tras la invasión rusa en Ucrania, cuando Orbán adoptó una postura distinta al resto de la Unión Europea, bloqueando o demorando paquetes de ayuda económica y militar a Kiev y manteniendo una relación cercana con Moscú. Hungría tiene un sistema parlamentario Es relevante destacar que ciertos mecanismos democráticos pueden permitir que un dirigente permanezca en el poder durante largos períodos de tiempo sin que ello implique un régimen autoritario per se. Hungría posee un sistema parlamentario: el primer ministro no es elegido de forma directa por la ciudadanía, sino por el Parlamento. A diferencia de los sistemas presidencialistas, aquí no existen límites estrictos sobre la duración del mandato, siempre y cuando el jefe de gobierno conserve el apoyo parlamentario suficiente para gobernar. Es decir: el líder cambia cuando cambian las mayorías (Sartori, 1994). ¿Democracia? ¿‘iliberal’? Orbán definió al sistema político húngaro como una “democracia iliberal”, planteando que era posible mantener legitimidad electoral sin adoptar plenamente los principios del liberalismo político occidental. Pero esto es cuestionable: el Estado de derecho, la libertad de prensa y los límites institucionales al poder no son elementos accesorios de la democracia, sino condiciones necesarias para su funcionamiento (Dahl, 2009). En este sentido, lo que el ex primer ministro propuso fue una definición ampliada del concepto de democracia, pero vacía de contenido, en un claro caso de ‘estiramiento conceptual’ (Sartori y Morlino, 1999). Más que una forma alternativa de
El mito de la despolitización juvenil: identidades, participación y digitalidad.
El mito de la despolitización juvenil: identidades, participación y digitalidad . La categoría de la juventud como sujeto político-social universal se asentó durante la segunda mitad de los años sesenta. El Mayo Francés y el Cordobazo argentino son algunos de los eventos donde los jóvenes tomaron un protagonismo social preponderante. La historiadora Valeria Manzano argumenta, en su libro La era de la juventud en Argentina (2017), que la juventud como actor sociocultural fue una construcción de la posguerra y que nuestro país no fue una mera caja de resonancia de un fenómeno lejano, sino que la dinámica adquirió aquí sus propias características y modos de participación política, cultural y social. Ahora, los modos en que los jóvenes se involucran políticamente han cambiado significativamente desde entonces. La pregunta que cabe hacerse no es si los jóvenes participan, sino cómo y en qué condiciones lo hacen. Autores como Pablo Vommaro (2015), uno de los referentes de los estudios sobre juventud y política en la América Latina, sostiene que la participación política no desapareció, sino que se transformó: menos atada a organizaciones de socios, como sindicatos o partidos clásicos, y más a cuestiones culturales o a luchas sociales específicas. Estas modificaciones en la politicidad de los jóvenes estarían ancladas en la creciente digitalización de la vida social y las actividades en las redes sociales. Comprender de esta forma a la politización juvenil se aleja de una noción que se ha vuelto preponderante en el sentido común: los jóvenes son apáticos y están desinteresados en la política. En este artículo vamos a presentar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENRS-PISAC, 2019-2020), de donde surgió el libro Una sociología de la vida en común de Gabriel Kessler y Juan Ignacio Piovani, enfocándonos particularmente en las preguntas sobre participación política y jóvenes, para ponerle números a ese mito e intentar analizar los procesos de identificación política actuales. Empecemos por el dato más general: un 31,4% de los jóvenes de 18 a 29 años realizó alguna acción política en los últimos 12 meses, siendo la segunda cohorte más activa, superada únicamente por la de 30 a 44 años (35,7%). Cabe aclarar que la encuesta mide la acción política desde la participación en huelgas y movilizaciones hasta la firma de una petición o un reclamo laboral. Podemos acusar que los números generales son bajos, pero este no es un problema exclusivo de los jóvenes sino general. Este primer dato desmiente, al menos parcialmente, la imagen de una generación especialmente desmovilizada. Indaguemos más sobre los números, porque más allá de la participación en términos brutos, vale observar los modos en que los jóvenes construyen su identificación política. Son la cohorte que más se identifica con grupos de género (45%) y comunidades de gustos y hobbies (47,7%), por encima de cualquier otra franja etaria. Esto habla de una politicidad que se ancla en lo cultural y lo identitario antes que en lo institucional, un razonamiento que no es nuevo en la literatura académica. Maristella Svampa (2000) la documentó tempranamente al estudiar la erosión de la identidad laboral en los trabajadores metalúrgicos de los años noventa: cuando el trabajo dejó de estructurar la subjetividad obrera, las identidades se “astillaron” en múltiples pertenencias más fluidas y culturales. Algo análogo parece ocurrir hoy con los jóvenes. Este argumento se refuerza al observar los números de participación en organizaciones y asociaciones con socios. La cohorte más joven es la que menos se adscribe a este tipo de estructuras, y esa proporción crece sostenidamente con la edad. Los sindicatos y las asociaciones tradicionales tienen, claramente, cada vez menos incidencia en la politización juvenil. Pero aquí aparece la paradoja más interesante de los datos: consultados sobre pertenencia a partido político, los jóvenes resultan ser la cohorte con mayor identificación (25,6%). El dato desmiente de forma directa la idea de que a la juventud no le interesa la política partidaria ni sus estructuras, y obliga a matizar cualquier diagnóstico apresurado sobre su supuesto desinterés. Entonces, los jóvenes todavía participan políticamente, se involucran con los partidos y se identifican con grupos culturales y sociales. La tentación analítica es explicar todo esto como un fenómeno puramente digital, una generación que hace política a través de redes sociales y comunidades virtuales. Los datos, nuevamente, complican esa lectura. Si bien los jóvenes se informan y se comunican principalmente por redes sociales, más de dos tercios de quienes participan políticamente lo hacen de forma presencial. Estos jóvenes combinan la participación digital con la presencial, a su vez que se informan y convocan por redes, esa combinación es precisamente lo que define su modo particular de hacer política. Esta encuesta, cabe aclarar, remite a los años de la pandemia, y ese contexto importa. La pandemia no fue solo una crisis sanitaria sino un catalizador de transformaciones políticas profundas, especialmente entre los jóvenes. El sociólogo y antropólogo Pablo Semán viene documentando desde entonces cómo una franja significativa de la juventud atravesó un proceso de reconfiguración ideológica atada al aislamiento, el distanciamiento con el Estado y la digitalidad. Ese clima fue, según Semán, uno de los puntos que hizo posible el ascenso de La Libertad Avanza. En su libro Está entre nosotros (2023) distingue dos tipos de adherentes jóvenes al espacio libertario: los doctrinarios, con una formación ideológica deliberada en torno al liberalismo, y los que llegaron al partido a través de las redes sociales, atraídos por un lenguaje disruptivo que circulaba en TikTok, YouTube y Twitter antes de que LLA tuviese estructura partidaria relevante. Esta segunda vía es la que mejor ilustra cómo la combinación de participación digital y presencial que mostraba la ENRS se tradujo en el ciclo electoral de 2023, es también la más propensa a desencantarse con el gobierno. Según la encuesta Atlas Intel, de cara a la victoria de LLA en noviembre de 2023 el 69% de los jóvenes menores de 24 años y 54% de entre 25 y 34 apoyaban al candidato libertario. El número más alto para cualquier cohorte etaria. Si miramos la aprobación
Minería y PBI: El costo de oportunidad de la Ley de Glaciares.
Minería y PBI: El costo de oportunidad de la Ley de Glaciares. Este 7 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Minería, una fecha que este año gana una relevancia mayor debido a los recientes cambios introducidos en la Ley de Glaciares sancionada en 2010. Esta ley, que en su momento tuvo un apoyo social masivo basado en la protección ambiental, hoy enfrenta un escenario político muy distinto donde el consenso se ha desplazado hacia un pragmatismo federal que prioriza el desarrollo económico. Esta evolución es clave para entender el impacto en el PBI, ya que mientras el sector se mantuvo estancado aportando menos del 1%, la actual flexibilización de las zonas protegidas busca destrabar inversiones que las provincias consideran vitales para el crecimiento. La Ley 26.639 fue sancionada en septiembre de 2010 estableciendo los “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” teniendo el objetivo de proteger las reservas de agua dulce de todo el pais, una clausula que a la larga daria mucho debate sería la prohibición absoluta de cualquier actividad industrial o minera en las zonas protegidas en las que también se incluía la zona del “ambiente periglacial”, suelo congelado que regula el agua aunque no tenga hielo a la vista, bloqueando así proyectos mineros en la zona de la alta montaña. Esta ley ha tenido consecuencias tanto positivas como negativas, por un lado se aseguraron las reservas hídricas que hay en los andes en contra del cambio climático y la contaminación que podría llevar la minería allá. Por otro lado, en el ámbito económico, la rigidez de la norma (especialmente sobre el ambiente periglacial) causó una prolongada parálisis en el sector. Esta incertidumbre jurídica no solo frenó proyectos de cobre y oro de clase mundial, sino que también alimentó un conflicto federal entre las provincias cordilleranas y la Nación por el control de los recursos. Al final del día, el estancamiento de la minería en niveles cercanos al 0,7% del PBI demuestra que, si bien la ley cumplió su objetivo ambiental, también funcionó como un freno para la generación de divisas que hoy, en mayo de 2026, el país busca reactivar con urgencia. Fuente: Datos históricos basados en el Banco Mundial y proyecciones para 2024-2026 del FMI (World Economic Outlook, Abril 2026). Para entender el impacto real de este estancamiento, basta con mirar hacia el otro lado de la cordillera. En 2010, cuando Argentina sancionó su ley, el PBI per cápita de ambos países era relativamente cercano (USD 10.260 contra USD 12.870 de Chile). Sin embargo, dieciséis años después, la brecha se ha ensanchado drásticamente: mientras que Chile fortalece su crecimiento en una minería que representa más del 10% de su economía, Argentina se mantuvo atada casi exclusivamente al ciclo del agro. Chile alcanza hoy un PBI per cápita de USD 18.500, superando con creces los USD 14.360 de Argentina habiendo también alcanzado una diferencia del 55% en 2020. Esta diferencia no es casual, es el resultado de haber bloqueado proyectos que podrían haber aportado miles de millones de dólares anuales en exportaciones. En 2010, el apoyo a la ley fue transversal y en todos los sectores políticos hubo cierto apoyo demostrado. El kirchnerismo (tras el veto inicial), la oposición radical y los sectores de izquierda se unieron bajo una presión social enorme. En ese entonces, el discurso ambientalista de los centros urbanos (como Buenos Aires o Córdoba) pesaba más que las necesidades económicas de las provincias. El lema era “el agua vale más que el oro” y la minería se veía como una actividad “ajena” que solo dejaba pasivos ambientales En cambio para 2026, el panorama político ha dado un giro hacia lo que podríamos llamar un pragmatismo federal. A diferencia de la épica ambientalista que unió al país en 2010, hoy el consenso está liderado por los gobernadores de las provincias mineras, quienes ven en la flexibilización y reforma de la ley la única llave real para atraer inversiones bajo el RIGI y revertir el estancamiento económico. Este cambio de apoyos refleja una sociedad y una dirigencia que, golpeadas por la falta de divisas, han dejado de ver a la protección del ambiente periglacial como un principio innegociable para pasar a considerarlo un obstáculo técnico que debe removerse en favor del crecimiento del PBI. En conclusión, este 7 de mayo nos hace ver los cambios de opiniones y discursos que ha habido frente a la minería: de pasar del ambientalismo que reinaba en 2010 a la búsqueda del aumento del PBI en 2026. Por Franco Clarens. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto