La Libertad Avanza: choque entre la militancia y la estructura.
La Libertad Avanza: choque entre la militancia y la estructura. En los últimos días, cobró mucha relevancia una acción llevada a cabo por el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, la cual terminó desatando una feroz disputa en uno de los campos donde más se evidencia la acción partidaria del sector libertario: las redes sociales. Desde hace un tiempo, los militantes digitales libertarios vienen siendo críticos de numerosos nombramientos dentro del partido. Cuestionan tanto el pasado de diversos dirigentes y coordinadores seccionales (como el controversial ex-peronista Ramón ‘el nene’ Vera o el ex-radical Maximiliano Bondarenko) así como las acciones hostiles contra quienes se manifiestan críticos hacia su gestión. Esto último fue lo que detonó la interna: Sebastián Pareja inició denuncias contra varios militantes que, en redes sociales, manifestaban su disconformidad con los integrantes que el coordinador provincial incorporó a la estructura partidaria bonaerense. La respuesta de los militantes no solo se dirigió hacia el propio Pareja, sino que también llegó a miembros de la cúpula del gobierno como Lilia Lemoine y además salpicó la imagen de Karina y Javier Milei, la cual ya se encontraba desgastada tras episodios como el “Adornigate”, llevando la imagen del presidente a mínimos históricos. Las principales críticas hacia Javier Milei se centran en su inacción sobre el ámbito político del Gobierno, campo que él mismo aclara repetidamente que está delegado en su hermana, Karina Milei. Es ella quien sostiene a figuras como Sebastián Pareja o Eduardo “Lule” Menem, nombres fuertemente resistidos por la militancia digital del espacio. Imagen neta de Javier Milei. Fuente: Opina Argentina Esta tensión ilustra lo que el politólogo Angelo Panebianco (1990) describe como el conflicto intrínseco en la institucionalización de los partidos políticos. Según Panebianco, existe una pugna constante entre los “creyentes” (militantes que priorizan la identidad y la pureza ideológica) y los “carreristas” o profesionales de la política, que priorizan el control territorial y la expansión del aparato. En este caso, el uso de denuncias legales para disciplinar a la base digital marca un punto de quiebre: la estructura formal del partido intenta imponerse sobre la red horizontal que lo llevó al poder, transformando lo que nació como un movimiento de indignación en una organización política tradicional con jerarquías y límites a la disidencia interna. La pérdida de cohesión con esta base militante implica una fisura estratégica para el proyecto oficialista. Para un gobierno que mantiene una confrontación constante con los medios de comunicación, un conflicto con su militancia digital debilita la capacidad de respuesta ante la agenda de los medios tradicionales, dado que este sector funciona como su principal escudo defensivo y como su único canal directo de comunicación con la sociedad. Como señala Paolo Gerbaudo (2019), en los “partidos digitales” el hiper-liderazgo depende de un vínculo directo con la base, si la gestión del territorio, encabezada por figuras como Sebastián Pareja, intenta disciplinar esa red mediante una estructura burocrática clásica, se produce un cortocircuito que drena la energía del movimiento. A modo de conclusión: Si el Ejecutivo, en su afán de institucionalizarse, decide otorgar un protagonismo excesivo a figuras como Sebastián Pareja, corre el riesgo de quedar en una situación de orfandad política: desprovisto del despliegue territorial de los punteros tradicionales y, simultáneamente, vacío de la mística que aportan sus seguidores originales. Como señala el autor Angelo Panebianco (1990), cuando una organización prioriza los incentivos de poder de los políticos de carrera por sobre la identidad de los creyentes, el partido pierde su capacidad de movilización y se vuelve extremadamente vulnerable ante las crisis que tenga que afrontar en un futuro. Por Franco Clarens. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
Gobierno vs. prensa: cuando la crítica se convierte en enemistad
Gobierno vs prensa: cuando la crítica se convierte en enemistad La violencia verbal del gobierno de Javier Milei contra periodistas volvió a ocupar el centro de la escena a partir del reciente ataque al analista político Carlos Pagni, un episodio que, lejos de agotarse en lo coyuntural, permite observar con mayor claridad un patrón de comportamiento sostenido en el tiempo. No se trata simplemente de una reacción frente a una editorial crítica, sino de una forma de intervención pública que redefine el vínculo entre el poder político y la prensa, corriendo los límites del debate democrático. En este caso, la figura presidencial no aparece como un actor más dentro de la discusión pública, sino como un protagonista que, desde su posición de autoridad, imprime un tono que impacta sobre todo el sistema político y comunicacional. En esa intervención pública, el presidente no se limitó a cuestionar argumentos o interpretaciones, sino que apeló a descalificaciones personales tajantes, utilizando expresiones como “delincuente malparido” y “basura” para referirse a Pagni. Este tipo de calificativos no solo desplaza el eje de la discusión desde las ideas hacia las personas, sino que también contribuye a degradar el intercambio conceptual en la escena pública, instalando al agravio como sustituto del argumento, algo que no puede ignorarse cuando el discurso proviene de la máxima autoridad del país. De esta manera, el efecto no es menor: el tono se irradia, se reproduce y termina moldeando la conversación pública en su conjunto. Este tipo de expresiones no aparecen de manera aislada ni pueden ser interpretadas como exabruptos ocasionales, sino que forman parte de una narrativa más amplia en la que el oficialismo construye una marcada división entre un “nosotros”, asociado a la verdad, la legitimidad y la voluntad popular, y un “ellos”, donde ubica a buena parte del periodismo. En ese esquema, la prensa deja de ser un actor crítico propio de una democracia plural para convertirse en un adversario político, sospechado de operar en contra del gobierno. Esta lógica de dos bandos simplifica lo complejo del debate público y reduce la discusión a una confrontación permanente, donde la crítica es leída como ataque y la diferencia como enemistad. Lejos de ser un fenómeno novedoso, la tensión entre gobierno y prensa tiene una larga tradición en la historia argentina, atravesando distintos actores políticos y etapas institucionales. Sin embargo, lo que distingue al momento actual es la intensidad y la sistematicidad de esa confrontación, que parece haberse profundizado en lugar de encontrar fuentes de resolución o convivencia democrática. En ese esquema, los medios dejan de ser canales críticos propios de una democracia para convertirse en enemigos a los que se acusa de operar, mentir o conspirar, una lógica que corre el debate de ideas hacia el terreno de la deslegitimación. La reiteración de agravios por parte del jefe de Estado tiene un efecto acumulativo, porque no solo impacta sobre los periodistas aludidos de manera directa, sino que establece un clima general en el que la agresión verbal se vuelve una herramienta política válida. El caso de Pagni no es el único, ya que Milei ha protagonizado cruces similares con otros periodistas, como Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, a quienes también ha acusado de mentir o de formar parte de una supuesta estructura de intereses contrarios a su gobierno. Desde el propio campo periodístico comenzaron a surgir advertencias sobre este fenómeno, y una de las más claras fue la de Ernesto Tenembaum, quien sostuvo que “cuando el poder insulta sistemáticamente al periodismo, no está discutiendo: está buscando disciplinar”. En la misma línea, el periodista agregó que “no es un problema personal con un periodista, es un mensaje para todos”, señalando que detrás de cada ataque individual hay una señal dirigida al conjunto de la prensa. Estas reflexiones permiten comprender que el problema también radica en el uso sistemático de la dureza del lenguaje y los agravios al sector periodístico por parte de la máxima autoridad del país, especialmente en un contexto donde la confrontación con los medios parece profundizarse en lugar de atenuarse. En una democracia, la libertad de expresión no solo protege el derecho de los funcionarios a responder críticas, sino que constituye una garantía esencial para el funcionamiento del sistema republicano, en tanto permite la existencia de un periodismo capaz de investigar, cuestionar y controlar al poder sin condicionamientos. Una prensa libre no es un privilegio, sino un derecho de la sociedad a estar informada, a acceder a miradas diversas y a construir opinión sobre la base de información múltiple. Cuando ese equilibrio se altera y el discurso oficial se carga de violencia, el riesgo es que se genere un efecto de autocensura, temor o desgaste en el ejercicio del periodismo, afectando directamente la calidad del debate público y empobreciendo la circulación de análisis e ideas. En ese sentido, el problema trasciende a los periodistas como individuos y alcanza a la ciudadanía en su conjunto, que depende de una prensa libre para comprender la realidad y ejercer un control crítico sobre quienes gobiernan. En este contexto, la situación abre un interrogante más profundo sobre el estado de la democracia argentina, porque una prensa hostigada o deslegitimada pierde capacidad de cumplir su rol, y con ello se debilita uno de los principales contrapesos del poder. La reiteración de insultos y descalificaciones desde la cima del Estado no puede ser leída únicamente como una opinión personal, sino como un fenómeno político con consecuencias. La pregunta que queda abierta, entonces, no es solo hasta dónde puede escalar este conflicto, sino qué tipo de democracia se construye al momento en que se responde a la crítica con violencia y cuando quienes deben ser controlados buscan desacreditar a quienes los controlan. Por Danilo Marino ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
YPF: el fallo que cambió el tablero
YPF: el fallo que cambió el tablero El fallo reciente de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dio marcha atrás con la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, fue un verdadero punto de quiebre en una de las causas judiciales más largas y caras que tuvo que enfrentar nuestro país. De golpe, quedó sin efecto una sentencia que obligaba al Estado a pagar más de 16 mil millones de dólares y que incluso había avanzado sobre las acciones de la empresa. El impacto fue inmediato: alivio económico y una señal fuerte en defensa de la soberanía jurídica argentina. ¿De qué se trató el fallo, concretamente? La Cámara de Apelaciones le dio la razón a la Argentina al entender que el juez de primera instancia había aplicado mal el derecho argentino: le había dado más peso al estatuto societario de YPF —un contrato entre privados— que a la ley de expropiación votada por el Congreso de la Nación. En la práctica, eso significaba que los accionistas minoritarios, encabezados por el fondo Burford Capital, no tenían derecho a reclamar la indemnización millonaria que pretendían, porque la expropiación fue un acto de soberanía estatal y debía interpretarse como tal. El tribunal neoyorquino, en definitiva, aplicó el derecho argentino tal como correspondía —y no como le convenía a los demandantes—, y eso cambió todo el resultado del caso. Mirado en frío, el fallo mejora la posición del país en el plano financiero y legal internacional. No borra de un plumazo los problemas de siempre —el riesgo país, la desconfianza de los mercados o el historial de juicios externos—, pero sí desactiva un escenario extremo que ponía en jaque a YPF, un activo clave, y complicaba cualquier plan económico a mediano plazo. Pero el efecto del fallo no quedó solo en los tribunales. En la política local, la decisión reavivó una pelea conocida: quién se cuelga la medalla. Desde el oficialismo salieron a festejarlo como un triunfo propio y como prueba de que la estrategia legal del Estado funcionó, destacando el trabajo de la Procuración del Tesoro y de los abogados que llevaron el caso. En ese relato, evitar una condena multimillonaria aparece como un logro de gestión y un quiebre después de años de derrotas judiciales en el exterior. Del otro lado, sectores del peronismo —sobre todo los ligados a la reestatización de 2012— leen el fallo como una confirmación tardía de que aquella decisión política fue correcta. Para ellos, la apelación ganada no viene a “arreglar” la expropiación, sino a ratificar que fue legal y que el juicio es, en el fondo, una herencia de las privatizaciones de los años noventa y del entramado legal que se armó en ese momento. El problema es que esta pelea por adjudicarse la victoria corre el riesgo de simplificar demasiado una historia que atravesó varios gobiernos y que, en lo esencial, mantuvo una línea jurídica bastante consistente. De hecho, varios especialistas advirtieron que llevar la discusión política demasiado lejos —sobre todo si se pone en duda la legalidad de la expropiación— podría jugar en contra del país si el caso vuelve a reactivarse, debilitando una defensa que se construyó durante más de diez años. Además, el fallo no significa que todo esté terminado. Los demandantes todavía pueden pedir que el caso sea revisado por el pleno del tribunal (en banc) o incluso intentar llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos. Son caminos posibles, pero poco frecuentes y con chances limitadas. Mientras tanto, la condena quedó sin efecto y eso le devuelve al Estado argentino algo clave: margen de maniobra y menos presión externa. En esa misma línea, la Justicia estadounidense le dio en los últimos días más tiempo al fondo Burford Capital para intentar apelar el fallo favorable a la Argentina. Esa prórroga confirma que el expediente sigue abierto y que el alivio, aunque importante, no es definitivo. El desafío ahora es administrar bien el tiempo ganado y evitar que la interna política termine dañando una posición legal que, hasta acá, se sostuvo con argumentos sólidos y mantiene en suspenso uno de los mayores riesgos financieros y judiciales de la historia reciente. En resumen, el fallo por YPF deja a la Argentina bastante mejor parada que en los últimos años, aunque no libre de riesgos. Más que un punto final, es una oportunidad: bajar un cambio en la pelea política, construir una mirada institucional más compartida y evitar que, por disputas internas, se vuelva a encender un conflicto que el país logró —al menos por ahora— dejar atrás. Por Sofía María Carrizo ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
La Universidad en disputa: desde la Reforma hasta hoy
La Universidad en disputa: desde la reforma hasta hoy La Reforma Universitaria de 1918 dio lugar a la emergencia de nuevos actores políticos en tanto habilitó la conformación de espacios de debate, organización y disputa ideológica en el ámbito universitario. Hasta ese momento, el acceso a la educación superior era limitado porque las universidades funcionaban, en gran medida, como instituciones orientadas a la reproducción de élites y de un orden conservador. El proceso reformista originado en Córdoba nace en un contexto de creciente movilización estudiantil frente a universidades con estructuras académicas que se consideraban obsoletas. Las demandas incluyeron la modernización de planes de estudio, la democratización del gobierno universitario y la ampliación del acceso. El gobierno de Hipólito Yrigoyen acompañó y apoyó este proceso, lo cual permitió transformaciones significativas. Los resultados del proceso reformista y los meses de huelga fueron, entre tantos, la instauración del cogobierno universitario, la autonomía institucional, la libertad de cátedra y un mayor vínculo de la universidad con las problemáticas sociales. Asimismo, la Reforma trascendió el ámbito local y proyectó su influencia en otros países de América Latina. Esto permitió que, hasta la actualidad, la universidad sea un espacio donde distintas corrientes políticas -desde el radicalismo hasta el peronismo y las izquierdas- tengan una presencia sostenida en los ámbitos de representación estudiantil. En este sentido, la universidad pública ha funcionado, desde la Reforma, como un espacio de disputa entre proyectos políticos diversos. A lo largo del siglo XX, estas corrientes encontraron en la universidad un ámbito privilegiado de inserción y construcción política. En los años posteriores a 1918, el reformismo universitario, vinculado al radicalismo, predominó en la organización estudiantil y en la defensa de sus principios. A partir de 1940, con el avance del peronismo, se produjeron transformaciones como la ampliación del acceso -a partir de la gratuidad universitaria- y tensiones con los sectores reformistas. Posteriormente, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, las corrientes de izquierda adquirieron una presencia significativa en el movimiento estudiantil, en un contexto de creciente politización y polarización. Estos procesos no se desarrollaron de manera lineal debido a las sucesivas interrupciones del orden democrático. En este marco, se produjeron episodios de fuerte movilización social, como el ‘Cordobazo’, una protesta masiva contra la dictadura que contó con la participación de estudiantes y trabajadores. Es que las dictaduras militares llevaron a cabo la intervención de las universidades, la suspensión de los centros de estudiantes y la persecución de la militancia, incluyendo la desaparición de estudiantes durante la última dictadura militar. Asimismo, hechos como ‘La Noche de los Lápices’ ilustran el alcance de la represión. Sin embargo, el retorno de la democracia en 1983 permitió la reactivación de estos espacios. Distintos análisis recientes destacan la relevancia del ámbito universitario como espacio de socialización política y como canal de construcción del voto joven. Sectores vinculados a La Libertad Avanza retoman esta lectura y promueven la inserción de nuevas agrupaciones estudiantiles en universidades para poder consolidar su presencia a largo plazo. Esta estrategia también se vincula con el protagonismo que adquiere el electorado joven en el escenario político. Diversos estudios señalan que se trata de un segmento en proceso de formación de identidades políticas, lo que lo convertiría en un espacio relevante para construir adhesiones y lealtades partidarias en el mediano plazo. Por ello, estas iniciativas han comenzado a organizarse sistemáticamente, con presencia en instituciones del país y el desarrollo de estrategias orientadas a competir en elecciones estudiantiles. Estas agrupaciones, entre las cuales destaca Universitarios por la Libertad, estructuran sus propuestas en torno a ejes como: la crítica al funcionamiento administrativo de las universidades, la demanda de mayor transparencia en la gestión y la promoción de reformas que modernicen el sistema, enfatizando en un mayor vínculo con el privado y la actualización de los planes de estudio. Todo este escenario se enmarca en un contexto en el que la cuestión del financiamiento universitario ha devenido central en la agenda pública. Dado que el sistema de educación superior depende en gran medida del presupuesto estatal, las condiciones de funcionamiento de las universidades -incluyendo salarios docentes, infraestructura, investigación y políticas de bienestar- se ven directamente afectadas por las decisiones de política económica. La discusión gira en torno a la asignación de recursos, la sostenibilidad y el rol que el Estado debe adoptar respecto de la educación superior. Por un lado, actores del ámbito universitario enfatizan en la necesidad de garantizar el financiamiento como condición necesaria para sostener la educación pública. Por otro lado, desde sectores del gobierno nacional, encabezados por Javier Milei, se han planteado cuestionamientos vinculados a la eficiencia del uso de los recursos y a la necesidad de profundizar los mecanismos de auditoría. Es decir que estas disputas atraviesan a las autoridades, personal no docente, estudiantes y a los espacios de militancia. Las posiciones políticas dentro de las universidades no expresan meras orientaciones ideológicas sino también una preferencia respecto de las condiciones materiales que permiten el funcionamiento cotidiano de las universidades. A modo de cierre La universidad pública, gratuita y de calidad continúa funcionando como un espacio privilegiado de socialización política y de disputa entre proyectos diversos. La emergencia de sectores vinculados a La Libertad Avanza se inscribe en esta amplia trayectoria donde distintos espacios políticos han buscado construir representación en el ámbito universitario. Esto responde a las intenciones de Javier Milei de ampliar su llegada a los sectores jóvenes. La persistencia de debates en torno al financiamiento, el rol del Estado y las formas de organización estudiantil refuerzan el carácter político de la vida universitaria en la medida en que expresan distintas posiciones sobre cómo debe sostenerse y organizarse el sistema universitario. Por Luisina Raimondi Universidad de Buenos Aires. (s. f.). UBA Noticias. https://www.uba.ar/ubanoticias/noticias/387 Chmois, D. (2026, abril 1). El brazo universitario de La Libertad Avanza: clave para ordenar el voto joven, pilar del mileísmo. El Economista. https://eleconomista.com.ar/politica/el-brazo-universitario-libertad-avanza-clave-ordenar-voto-joven-pilar-mileismo-n93801 Graciano, O. (s. f.). La Reforma Universitaria entre pasado y presente. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). https://www.coneau.gob.ar/archivos/publicaciones/100-anios-Reforma-Universitaria/tomo1/Tomo1-12-Osvaldo-Graciano.pdf Perfil. (2026). Las
No es solo Adorni: la corrupción política en Argentina
No es solo adorni: la corrupción política en Argentina La historia de Manuel Adorni y su ascenso hacia las altas esferas de la política nacional, va en concordancia con muchas de las otras de este gobierno y se ancla en ese famoso emblema de campaña: el anti-casta. Un vecino del barrio de Caballito, fanático del juego Age of Empire, eventual panelista de televisión, una persona que a todas luces podría ser “normal”, enredado en uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años. La suma de este escándalo: dos departamentos y unos viajes al exterior, parecen un precio bajo a pagar para uno de los principales funcionarios del gobierno nacional. Pero dentro de la retórica construida por el propio gobierno, que afirmó que Argentina dejaría de ser “tierra fértil para los políticos corruptos”, no se puede sino remarcar la contradicción. Este caso no es único, se suman: Libra, ANDIS, los gastos del gabinete, los sospechosos préstamos del Banco Nación, entre las muestras de que este gobierno no está exento de la corrupción que tanto enarboló durante la campaña. Pero este no será el foco de este artículo. Aquí no buscamos culpables individuales, echarlos a todos o “cortarles las manos”, como afirmó el mismo presidente; al menos, no únicamente. La corrupción en Argentina es un fenómeno que traspasa partidos políticos, agrupaciones e ideologías. Es un problema público y social, una de las grandes preocupaciones de los argentinos y no tiene soluciones simples o recetas mágicas para que desaparezca. Históricamente, la corrupción fue un problema relevante para la filosofía política y el derecho que, en busca de una sociedad virtuosa, teorizaban sobre las posibilidades y extensiones de este fenómeno. Desde mitad del siglo pasado se comenzó a conformar como un problema público de la mano de escándalos en distintos países de la región y del mundo. En Argentina, esto empezó con la vuelta de la democracia en 1983 y, sobre todo, con la llegada de los años 90’. Así, la corrupción, el clientelismo y la criminalidad fueron tomando protagonismo en la agenda pública y en la ciudadanía. La autora Ana María Arjona Trujillo comprende que lo “corrupto” puede ser entendido desde diversas escuelas, aquí nos atenemos principalmente a la concepción sociológica, tocando también algunas nociones legalistas, moralistas y behavioristas. Así, la corrupción se basa principalmente en la percepción pública del hecho, construida en torno a un aprendizaje cultural, moral y legal. Es un atentado a transgredir ciertas normas, principios y valores, que se consideran importantes para la existencia y el mantenimiento de un orden social justo e “incluye aquellas maneras de usar dinero para atender objetivos privados por medios políticos ilegales” (Heidenheimer et al., 1989: 11). A su vez, debemos comprender que los actos de corrupción tienen distintas escalas, según la posición que ocupe el infractor y el hecho en particular que se perpetúe. Aquellas personas en función pública, con un cargo de mayor visibilidad e importancia, serán más penadas socialmente que las que ocupen un rol menor en la sociedad. Pero también entendemos que hay algo endémico en la sociedad argentina, que se indigna con las grandes causas de corrupción de sus adversarios políticos, pero tolera desmedidamente las propias. Las formas en que se mide la corrupción suelen ser esquivas. Al ser un hecho con una eminente naturaleza ilegal se busca ocultar, aun así, existen algunos indicadores que buscan aproximarse a una cuantificación del fenómeno. El principal índice de reconocimiento global es el Índice de Percepción de Corrupción, que se basa justamente en la preocupación de la ciudadanía por los escándalos de corrupción en cada país. Aquí Argentina obtiene 36 de 100 puntos posibles, ocupa el puesto 104 a nivel mundial y el séptimo en Latinoamérica, manteniendo niveles inferiores a países como Cuba, Colombia, Zambia y Kosovo, por dar algunos ejemplos. Esta tendencia se mantiene en cualquiera de los indicadores serios que se consulten. En el WGI (Control de Corrupción del Banco Mundial) el país está debajo del promedio global y en el índice de Ausencia de Corrupción del WJP hasta por debajo del promedio Latinoamericano. En todos ellos se nota una misma tendencia, un breve aumento durante los años 2016 y 2019 y una nueva bajada tras la pandemia (con el gobierno del Frente de Todos), que está siendo profundizada durante el gobierno de La Libertad Avanza. Aquella subida puso al país apenas por encima del promedio global, para luego volver a descender cada vez más cerca del promedio Latinoamericano. Estos aumentos se correlacionan con la gestión del gobierno del PRO, que tampoco está exento de escándalos (Panamá Papers, el caso del Correo Argentino, Avianca, entre otros). Previo a esto, durante los gobiernos Kirchneristas, las causas son extensas y bien detalladas, hasta el punto de llegar a la condena penal de la ex-presidenta y algunos de sus funcionarios. Es decir, difícilmente podemos afirmar que la corrupción ocurre porque un gobierno es particularmente corrupto, tampoco porque existe un momento histórico que lo fomenta. Es un problema transversal al funcionamiento de las instituciones democráticas del país y los entramados de poder. Esto puede llevar a una resolución simplista: que la corrupción está tan enraizada dentro del sistema político nacional y de la cultura argentina, que enfrentarla sería una tarea prácticamente imposible. Esta fundamentación no es nueva y pertenece a los clásicos abordajes funcionalistas que la ven como una parte del sistema y un “mal endémico” de los sistemas democráticos, afirmó Trujillo. Esta posición fue replicada por el actual presidente, quien afirmó que “La corrupción es inherente a la existencia del Estado” y que quienes evaden los impuestos del país son “héroes”. Pero, con lo que respecta a este trabajo, entendemos que la corrupción genera una pérdida de legitimidad de los gobiernos, de la democracia en general y de “La Política” a gran escala. La Política se transita como un espacio sucio donde es imposible triunfar sin embarrarse. Se va construyendo, cada vez más, como un juego que requiere inversiones millonarias y centrar la cuestión
Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría
Reescribiendo las reglas: el Poder Legislativo bajo la nueva mayoría La descentralización del poder es la garantía que posee la República para conservar el equilibrio entre los distintos poderes que la comprenden. Entre ellos, se encuentra el Poder Ejecutivo, dirigido por el presidente; el Poder Legislativo, formado por aquellos que aprueban o rechazan las leyes; y el Poder Judicial, garante de sancionar a aquellos que no cumplan con su deber constitucional. La estrategia, la comunicación y las alianzas son parte de la dinámica legislativa. Con la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el 26 de octubre, el cuadro político cambió. Hoy en día se encuentra un oficialismo fuerte, capaz de accionar en la arena legislativa, posicionándose como el gobierno más “reformista de la historia”, mencionado varias veces por el gobierno actual. Este artículo analiza cómo la victoria legislativa de La Libertad Avanza en octubre modificó el equilibrio tradicional de poder en Argentina, otorgándole al oficialismo una posición inédita, siendo un gobierno no peronista. Además, se examinan los antecedentes históricos y los efectos institucionales de este nuevo escenario, incluidos los desafíos de la gobernabilidad futura para comprender sus implicancias en la calidad democrática y la estabilidad política del país. De la oposición al poder: el ascenso de La Libertad Avanza Históricamente el Poder Legislativo estuvo dominado por el peronismo, encontrando una dificultad por parte de partidos opositores de poder establecer un consenso político. Cambiemos, en 2017, fue victorioso en las elecciones de medio término. Este triunfo fue un respiro para el gobierno de turno pudiendo llevar adelante varias iniciativas. Lo relevante es que este partido contó con la singularidad de ser una alianza política (Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical y la Unión Cívica). El mismo corría el riesgo de que las incidencias internas obstaculizaran los proyectos del Poder Ejecutivo. Como se mencionó, el diálogo y la negociación fueron necesarios para poder mantener el rumbo del país. Por su parte, la agrupación libertaría comenzó su recorrido en el año 2021. Javier Milei y Victoria Villarruel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), iniciaron su trayectoria política siendo legisladores por este distrito en la Cámara baja. Esto le otorgó una mayor entidad y reconocimiento, comprendiendo un contexto nacional polarizado. Figuras como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Georgia Meloni, José Antonio Kast en la actualidad son algunas figuras políticas que acompañan la ideología de Javier Milei. Factores como los mencionados le permitieron a Milei tener un crecimiento exponencial llegando a la presidencia en 2023. Hoy en día, se expresa un panorama excepcional. Luego de mucho tiempo LLA pudo obtener la primera minoría, siendo todos los legisladores del bloque de un mismo partido político. Esto es un hecho novedoso en la política argentina. Elecciones de medio término LLA triunfó en las elecciones de octubre de este año, imponiéndose con más del 40% de los votos, dejando en el segundo puesto a Fuerza Patria, partido encabezado por dirigentes peronistas. Esto refleja un nuevo escenario a nivel nacional, evidenciando un Congreso Nacional con una primera minoría violeta. Esto le garantiza al Poder Ejecutivo gobernabilidad y obstáculos escasos comparado a otros gobiernos no peronistas. Por su parte se definieron 127 diputados nacionales. Ademas, provincias como Salta, Neuquén, Rio Negro, Chaco, Santiago del Estero y CABA también eligieron senadores. LLA cuenta hoy en día con 95 diputados, mientras que el PRO (aliado de LLA) tiene 12. La oposición más dura -peronismo/kirchnerismo- se quedó con 93 diputados. El macrismo en 2017 obtuvo casi un 42% de los votos. Cambiemos incrementó los escaños y en algunas provincias tuvo una victoria avasalladora, pero en el Congreso seguía habiendo más diputados de otras fuerzas, precisando de un diálogo recurrente para sacar adelante leyes propuestas por el oficialismo de ese entonces. Sumado a esto, el espacio mostró tensiones internas significativas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO y la Coalición Cívica compitieron bajo el frente Vamos Juntos, mientras que la UCR presentó Evolución Ciudadana, demostrando diferencias estratégicas y de liderazgo dentro de la coalición. Institucionalidad y polarización: el desafío de gobernar con mayoría propia La consolidación de LLA como la primera minoría legislativa trae consigo una serie de debates institucionales importantes que ayudan a entender cómo funciona actualmente la República Argentina. Aunque tener un bloque cohesionado le da al Poder Ejecutivo una capacidad sin precedentes para avanzar en su agenda, como lo ha hecho históricamente los gobiernos peronistas, también se plantean preguntas sobre el equilibrio de poderes y la calidad del proceso deliberativo actual. Desde un punto de vista institucional, la rapidez legislativa que logra el oficialismo puede verse como un fortalecimiento del Estado; sin embargo, la disminución de los contrapesos políticos preocupa a aquellos que valoran la negociación plural como un mecanismo clave para evitar la concentración de poder. El Congreso, según su diseño constitucional, no está destinado solo a validar políticas, sino que también debe ser un espacio de representación y control. La menor necesidad de alcanzar consensos amplios podría empobrecer el debate democrático y reducir la deliberación técnica y política que caracteriza a los sistemas republicanos sólidos. Proyectos como la Modernización Laboral, la Reforma del Código Penal, entre otros, serán claves para terminar de solidificar el proyecto nacional correspondiente al partido violeta. Esta mayoría parlamentaria permitirá una aceptación rápida. Además, se encuentran partidos aliados y dialoguistas como el PRO, miembros de la UCR, de Provincias Unidas, entre otros dentro del Parlamento. Este contexto se desarrolla en un ambiente de creciente polarización. El estilo de discurso del oficialismo y la adversidad de algunos sectores opositores, profundiza la división política y social. Esta polarización emocional tiende a simplificar el debate público en términos binarios y complica la construcción de acuerdos transversales. Así, la dinámica institucional se ve influenciada no solo por la aritmética legislativa, sino también por un ecosistema político y mediático donde prevalece la lógica del antagonismo constante. El presidente Javier Milei y La Libertad Avanza se han consolidado como la primera minoría
Violencia de género, narcotráfico y trabajo sexual
Violencia de género, narcotráfico y trabajo sexual: hablemos sobre el triple femicidio de Florencio Varela El 24 de septiembre se encontraron los cuerpos de Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutierrez (15) en Florencio Varela, ciudad de la zona sur del conurbano bonaerense. A partir de aquel momento se abrió un debate que vincula la violencia de género, los crímenes por narcotráfico, el trabajo sexual y el feminismo. Este breve artículo busca echar claridad sobre asuntos que, a menudo, se vuelven cotidianos. Según el Registro Nacional de Femicidios de la CSJN[1], en Argentina hubo un femicidio cada 39 horas en 2024. Las ONG feministas, en las que funcionan observatorios de datos con perspectiva de género, contabilizan 164 femicidios en los primeros ocho meses de 2025. Femicidios en números La importancia de categorizar los crímenes motivados por la violencia de género con la carátula de femicidio radica en la visibilización de la relación entre la muerte de mujeres y su carácter estructural. En este sentido, se entiende por femicidio cualquier acción u omisión ejercida por una persona hacia una mujer por razón de su género, producto de un sistema de creencias que justifica el control ejercido sobre el cuerpo de las mujeres. En síntesis: que maten a una mujer por ser mujer.[2] En esta tipología también se incluyen las consecuencias para el responsable de las muertes, siendo penalizado con la privación de su libertad. En 2015, año en el que se comienzan a contabilizar las muertes bajo la figura judicial de femicidio, el total de datos sobre las víctimas fue de 235 mujeres. De esta cifra se calcula que al menos en el 20% de los casos había habido una denuncia previamente realizada. La clave para entender la diferencia entre el crimen por homicidio agravado y un femicidio es la categoría de género, intrínsecamente vinculada con la razón por la muerte violenta de mujeres. La interseccionalidad ofrece un marco para entender cómo el género funciona en un entramado de otros problemas sociales que conviven. Las causas son estructurales En 2024, año del último informe realizado por la CSJN, se registraron 247 víctimas de violencia de género. A partir de las movilizaciones llevadas adelante por organizaciones feministas desde 2015, el Estado invirtió en recursos creando protocolos para la investigación, la detección de causas judiciales, se ampliaron los conceptos y sujetos afectados por la violencia de género (travesticidio/transfemicidio – rescata la intersección) y se integraron equipos profesionales e interdisciplinarios para el diseño y relevamiento de datos contingentes. Sin embargo, las cifras no muestran cambios significativos que ofrezcan un panorama alentador para quienes se enfrentan a situaciones de violencia por motivos de género. Durante el gobierno actual se cerraron programas que promovían la autonomía económica, la prevención de las violencias, el cierre de líneas telefónicas de emergencia (144), entre otras medidas.[1] El factor económico es imprescindible al abordar la desigualdad de género: el contexto de necesidad de un amplio porcentaje de mujeres frente a la falta de oportunidades de sostenimiento económico de sus hogares las obliga a contraer deudas, hacer changas y vincularse con economías de venta ilegal de sustancias. Este es el punto de inflexión en donde prostitución o trabajo sexual se entrecruza con el narcotráfico, evidenciando cómo el narcocrimen[2] está atravesado por la cuestión de género. Responsabilizar antes que penalizar El ejercicio de la prostitución es una decisión a la vez que un daño colateral de la pertenencia a una clase social determinada. Entre los discursos que surgieron a raíz del triple femicidio se destacó la responsabilización de las jóvenes. Repensar la coyuntura es trazar un puente entre ideologías ya que la violencia pertenece a un debate que se supone transversal a los posicionamientos político-partidarios. Por Camila García Degasperi [1] Desde el año 2015 el principal organismo de justicia, elabora un informe que registra las muertes judicializadas de mujeres por motivos de género. [2] Esto también incluye a mujeres trans. [3] En el informe previamente citado, refiere que entre 2017 y 2024 hubo un promedio de 245 víctimas anuales, además se debe tener en cuenta que entre los casos registrados se incluyen las víctimas directas y la figura de femicidios múltiples. [4] Según el informe PROCUNAR (2022) la narcocriminalidad incluye no solo a las formas del crimen organizado de venta de drogas, sino que incluye toda acción delictiva relacionada con el tráfico de sustancias ilícitas. Es un fenómeno social atravesado por condicionantes estructurales. ¿Querés estar todavíamás cerca de la política? Jóvenes que buscamos fortalecer el nexo que une al ciudadano con la política, de una forma innovadora y profesional. Facebook Twitter Youtube Politeia © 2021. Todos los derechos reservados. Política de privacidad FAQ Contacto
El conurbano bonaerense: epicentro político y electoral
El conurbano bonaerense: epicentro político y electoral Con un peso demográfico determinante y una fuerte incidencia en la definición de los resultados provinciales y nacionales, la Provincia de Buenos Aires concentra tanto la fortaleza del peronismo como los desafíos más profundos de la democracia local. Su relevancia no solo se mide en votos, sino también en su capacidad de sostener liderazgos, moldear estrategias de campaña y funcionar como un termómetro del clima político argentino. Este artículo analiza cómo la concentración de poder político en el conurbano bonaerense influye en la alternancia electoral, la renovación de liderazgos y la participación de nuevas generaciones en la política, así como los riesgos que implica la falta de pluralidad y el estancamiento del poder local. La provincia más poblada, y el territorio más disputado El territorio bonaerense es el más populoso de la República Argentina. Esta región tiene 17.523.996 habitantes, de acuerdo con el Censo 2022. Esto implica hablar de un 38,15% de la población total de la Argentina. Por su parte, el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), presenta una población estimada de 13.271.187 personas. Así, se comprende la relevancia geográfica y política de esta provincia. En el conurbano bonaerense se encuentran los municipios más poblados e importantes del país. La Matanza (1,8 millones de habitantes), Lomas de Zamora (600 mil habitantes), Quilmes (580 mil habitantes), Almirante Brown (560 mil habitantes),son algunos de ellos. No solo se destaca su peso electoral, sino su desarrollo tanto social como cultural, siendo centros económicos, industriales y universitarios. Según el Observatorio del Conurbano (2025): ”La dirigencia política se ha ocupado de mantener al conurbano bajo la lupa. Del padrón total de la Provincia de Buenos Aires, compuesto por 14.376.592 electores habilitados, 9,7 millones (67,5 %) residen en los 24 partidos del conurbano,(…) ”. El peso electoral es central, especialmente hablando en las elecciones legislativas. Parte de este electorado definirá una amplia porción de bancas en la Cámara Baja del Congreso, como también así, la aprobacion que se le dará al Poder Ejecutivo. La Provincia de Buenos Aires en clave electoral: el poder del conurbano El pasado 7 de septiembre Fuerza Patria obtuvo una victoria contundente en las elecciones provinciales, dejando al descubierto la importancia política que posee la provincia. La fortaleza electoral de este partido en la región bonaerense se encuentra en la primera y tercera sección, encontrando municipios claves, entre ellos Quilmes, La Matanza, Merlo, San Martín, entre otros. Aproximadamente hablamos de un electorado de 11 millones de personas. Para cualquier candidato, mantener la primacía en el conurbano garantiza mayor legitimidad, especialmente en el Congreso de la Nación. Por ello, el justicialismo ha buscado consolidar su poder en la mayoría de los municipios que lo componen, otorgando una gobernabilidad sólida a lo largo de los años. Las estrategias de campaña suelen concentrarse allí (actos, recorridas, anuncios económicos focalizados, etc). Por eso, los partidos diseñan programas sociales y discursos especialmente orientados a este electorado. El Conurbano funciona como el corazón político del peronismo y como un campo de disputa clave para cualquier fuerza nacional, destacando las grandes problemáticas que comprende esta región como por ejemplo la desigualdad social y la dependencia hacia el estado. En Buenos Aires el peronismo ha gobernado desde hace años. Allí el radicalismo se posiciono en 1983 con el impulso de Raúl Alfonsín hasta 1987 con el triunfo del Partido Justicialista (PJ), gobernando ininterrumpidamente hasta el 2015 donde la provincia se pintó de amarillo con la victoria de María Eugenia Vidal, perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO). En 2019 esto se revirtió devolviéndole el poder al peronismo junto al actual gobernador, Axel Kicillof. Esto gracias al apoyo que el conurbano bonaerense le ha dado históricamente al peronismo. La Matanza, con una población de 1.841.247 personas, es el ejemplo perfecto de esto. El PJ gobierna desde 1983 hasta la actualidad. Por otro lado en Quilmes, el PJ ha gobernado más de 26 años desde la vuelta democrática, con interrupciones como en 2015 con la intendencia de Martiniano Molina (PRO). En Florencio Varela y otros municipios sucede algo similar. De esta forma, se constata el gran aparato político y social que ha podido construir el peronismo junto a la provincia, otorgándo un gran respaldo y recursos frente a las elecciones tanto locales como nacionales. Por ejemplo, en años anteriores la fuerza que presenta el PJ en términos electorales se mantiene sólida, comparado a la de otros partidos políticos. En el 2023 el conurbano bonaerense acompañó al peronismo, donde se eligieron candidatos presidenciales, diputados nacionales, y en algunos distritos también candidatos a gobernadores o intendentes. En las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en localidades como Quilmes y La Matanza Fuerza Patria, en ese momento llamada Unión por la Patria (UXP) consiguió un respaldo de más del 40%. Fuente:https://www.lanacion.com.ar/politica/paso-2023-el-mapa-de-resultados-en-el-conurbano-municipio-por-municipio-nid11082023/#/ Si se quiere avanzar hacia la actualidad lo mismo ocurrió en el mes de Septiembre. Se aprecia en el mapa como esta región esta prácticamente de color azul representando la primacia que posee el PJ en la region. Fuente: https://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=22921 ¿Por qué el peronismo ha logrado mantener el poder? Desde que se restableció la democracia en 1983, el peronismo estableció una sólida presencia en el territorio a través de gobiernos municipales con fuertes raíces locales, redes de activistas, estructuras partidarias organizadas y un relato de identidad que sigue resonando en grandes grupos de personas. Además, es relevante destacar al electorado que apoya al peronismo. Hablamos de votantes pertenecientes a barrios populares y clase media entendiendo que la Provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, comprende una gran desigualdad social y altos índices de pobreza. Diego Genoud (2017) remarca que: “Durante los años ochenta y noventa, el peronismo tuvo una gran sensibilidad para detectar los nuevos contornos de la pobreza. (…) Desde Duhalde empiezan a ganar una creciente influencia en la administración de recursos y administran planes” El Observatorio del Conurbano (2024) anuncia que: “En el primer trimestre de 2024, la pobreza en el conurbano fue del 62%. Esto le ha permitido al PJ
Aranceles: Trump presiona a Brasil y reconfigura el tablero global
Aranceles: Trump presiona a Brasil y reconfigura el tablero global Donald Trump expone los aranceles propuestos en la Casa Blanca, 2 de abril de 2025. © 2025 Samuel Corum/Sipa USA via AP Photo Lula y Bolsonaro en el tablero comercial de Trump En un movimiento que impacta el contexto regional, Estados Unidos elevó en agosto los aranceles a Brasil al 50%, sumando presión sobre un socio clave y profundizando las tensiones comerciales que marcan el segundo mandato de Trump. El hecho se suma a una larga lista de casos en los que Estados Unidos incrementó de manera unilateral los gravámenes a las importaciones. Según el discurso oficial, la motivación principal de estas medidas es reducir el déficit comercial y reindustrializar el país. Estados Unidos es el principal importador del mundo y, según el Council on Foreign Relations, su balanza comercial es deficitaria desde hace más de 40 años. Trump afirma que la causa fundamental de esta situación es el esquema de comercio desigual sostenido en base a aranceles bajos y acuerdos preferenciales. El endurecimiento de las tarifas afecta a una amplia variedad de productos estratégicos que Estados Unidos importa de Brasil. Algunos como la carne, la soja, el café y el azúcar son parte esencial de las cadenas de suministro. A pesar del discurso proteccionista con el que Trump justifica estas medidas, un eventual encarecimiento de las importaciones podría incrementar los precios de estos productos de consumo masivo y afectar al mercado interno estadounidense. Sin embargo, además de los intereses económicos, también aparecen factores políticos. El propio Trump señaló que el aumento a Brasil fue una respuesta a la “persecución” judicial contra Jair Bolsonaro, sentenciado el 11 de septiembre a más de 27 años de prisión por el intento de golpe de 2022. El expresidente mantiene una relación política y personal estrecha con el mandatario norteamericano. En Brasil, la reacción fue inmediata. Luiz Inácio Lula da Silva calificó la medida como una violación a la soberanía nacional y rechazó “que nadie fuera de Brasil se entrometa en nuestros problemas internos”. Aunque reiteró su disposición a negociar sobre comercio, adoptó un discurso nacionalista que fortaleció su liderazgo. De acuerdo con la consultora Genial/Quaest, en agosto la aprobación del gobierno de Lula ascendió al 46%, frente al 40% de mayo, lo que lo perfila con mayor solidez de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. En paralelo, la desaprobación cayó seis puntos. Esta reconfiguración del humor social coincidió con la decisión estadounidense de elevar los aranceles sobre productos brasileños. En las mediciones de intención de voto, el actual presidente apareció al frente en cualquier escenario, mientras que Bolsonaro permanece estancado. La imagen del expresidente se resintió, cada vez más vinculada a las tensiones derivadas de la política comercial de Washington. En este contexto, la presión de la potencia norteamericana no solo impacta en la política interna brasileña, sino que podría empujar a Lula a reposicionar sus exportaciones y consolidar su relación con otros socios, especialmente China. El gigante asiático viene demostrando su interés en la región mediante la búsqueda de acuerdos comerciales y el desarrollo de proyectos de inversión. Estas medidas arancelarias podrían contribuir a un mayor protagonismo chino en Latinoamérica o a debilitar la influencia norteamericana. Aranceles como herramienta de política exterior El episodio brasileño no es aislado, sino que refleja una estrategia más amplia de Trump de usar la política arancelaria como herramienta de presión internacional. Al igual que con Brasil, Washington apuntó también a otras regiones. En varios casos, las tarifas se usaron como instrumento político más que de regulación comercial. A principios de año, Trump amenazó con aranceles del 50% a Europa, que finalmente quedaron en 15% tras un acuerdo en la OTAN en junio, donde los países europeos se comprometieron a aumentar su presupuesto de defensa. Con México ocurrió algo similar: tras la amenaza de sanciones, reforzó controles migratorios y fronterizos. La semana pasada, Trump volvió a redoblar la presión. Según funcionarios europeos y reportes diplomáticos, instó a la UE a aplicar aranceles de hasta el 100% sobre productos de China e India y a reducir las compras de petróleo ruso. Analistas interpretan que busca presionar a Moscú y vulnerar sus finanzas. Al mismo tiempo, estaría intentando alinear a sus aliados europeos tras su estrategia respecto de la guerra ruso-ucraniana. Este uso de la política comercial como herramienta de disuasión y negociación refleja la intención de Washington no solo de reequilibrar la balanza comercial de EE. UU., sino también de reconfigurar el tablero geopolítico en su favor. Según especialistas, esta situación podría generar efectos ambiguos. Por un lado, es posible que esta nueva estrategia sirva para forzar a aliados y rivales a ajustarse a su agenda, y obtener concesiones que favorezcan a los intereses estadounidenses. Sin embargo, también podría acelerar la coordinación de potencias no occidentales, fortaleciendo foros como el BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, que desafíen la influencia política y económica global de EE. UU. De cualquier modo, es probable que la incertidumbre tarifaria genere profundos dilemas para un gran número de países y bloques regionales. El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales destaca que este contexto “obliga a reformular el Mercosur, particularmente, su arancel externo común”. A su vez, podrían producirse nuevas tensiones en el bloque ante la existencia de posturas contrapuestas. Los gobiernos de Lula y de Javier Milei -más cercano políticamente a Washington- podrían enfrentar dificultades para conciliar intereses comunes. Además, el CARI también advierte sobre las dificultades que esto podría presentar para nuestro país: una posible reducción en las exportaciones argentinas, sumado a una situación interna vulnerable y un entorno global más competitivo. En general, las economías emergentes podrían enfrentar mayores desafíos para mantener su participación en el mercado internacional. A fin de cuentas, la nueva estrategia de Trump se ve condicionada tanto por repercusiones internacionales como por factores domésticos. En última instancia, su viabilidad dependerá de la capacidad de Trump para sortear
Elecciones provinciales: un reacomodamiento del poder rumbo a octubre
Elecciones provinciales: un reacomodamiento del poder rumbo a octubre El pasado domingo 31 de agosto, Corrientes eligió gobernador y vice, quienes llevarán el rumbo provincial durante los próximos 4 años. La agrupación política Vamos Corrientes de la mano de Juan Pablo Valdés obtuvo nuevamente una victoria contundente, afirmándose la primacía del partido radical a nivel provincial. Por su parte, La Libertad Avanza (LLA), de manera sorpresiva se posicionó en cuarto lugar dejando mucho que desear y una gran incertidumbre con respecto a la permanencia de su poder. Esto se confirmó este domingo 7 de septiembre en Buenos Aires, donde Fuerza Patria volvió a posicionarse en el escenario provincial, generando dificultades para el oficialismo de cara a las elecciones de octubre. Por ello este artículo analizará las elecciones provinciales recientes en Argentina, con foco en la Provincia de Buenos Aires y en cómo los resultados afectan al panorama político nacional. Además, se evaluará la fortaleza de La Libertad Avanza frente a las próximas elecciones del mes de octubre. Buenos Aires, el termómetro del poder político Históricamente la Provincia de Buenos Aires ha sido el bastión electoral donde todas las fuerzas políticas quieren obtener una victoria. Al ser la provincia más populosa, se lleva una gran cantidad de bancas en el Poder Legislativo. El gobernador Axel Kicillof decidió separar las elecciones provinciales de las nacionales, permitiendo generar un mapeo previo de cara al mes de octubre. Desde 1987, el peronismo ha gobernado ininterrumpidamente la provincia, hasta la llegada de María Eugenia Vidal, perteneciente al partido Propuesta Republicana (PRO) en el 2015. Luego de teñirse la provincia de amarillo, para el 2019 el peronismo volvió a captar el poder. El pasado domingo 7 de septiembre se celebraron las elecciones de medio término en la Provincia de Buenos Aires en las cuales se definieron 23 senadores, 46 y más de 1097 concejales. Por su parte, Fuerza Patria volvió a demostrar su poder en la provincia, dejando en segundo lugar a LLA. El gobierno nacional sólo logró la victoria en 2 de las 8 secciones que la componen, comprendiendo un 33,71% de los votos frente un 47,28% por parte de la agrupación peronista. Fuente: La Nación, 7 de septiembre de 2025. ¿Qué representa esto? Un revés para el gobierno nacional en un contexto altamente polarizado. Su estrategia política y económica, guiada por el déficit 0 y su enfrentamiento con el peronismo, no alcanzó para obtener la victoria. De la motosierra al desencanto: la encrucijada política del gobierno MileiLa agrupación violeta nació como resultado del hartazgo político y con la ayuda de una ciudadanía desanimada con las instituciones. Frente a la necesidad de respuestas inmediatas en oposición a la política convencional, el gobierno de Javier Milei logró marcar un rumbo cultural y político en la Argentina. Hoy se evidencia un desgaste. Con varios contratiempos, el gobierno estuvo en el centro del debate político y mediático en los últimos meses. Ejemplos como el veto presidencial a las políticas de emergencia de sectores vulnerables, el recorte hacia la salud pública y los presuntos hechos de corrupción reflejan un punto de inflexión. Argentina cuenta con un electorado amplio que no posee una preferencia política definida e incluso muchos no se sienten representados por la política actual. Las agrupaciones moderadas han quedado desdibujadas del mapa nacional, comprendiendo un escenario polarizado tanto social como político. Esto favorece a partidos con discursos más radicalizados que prometen respuestas inmediatas. Dentro del electorado bonaerense existe un sector moderado que en su momento acompañó a Juntos por el Cambio. Ese espacio, con perfiles más centristas como la UCR o la Coalición Cívica, hoy empieza a mirar con atención a otras opciones como SOMOS, una agrupación integrada por peronistas, radicales y sectores desencantados tanto con el oficialismo como con el kirchnerismo. Su irrupción demuestra que la diversidad y la búsqueda de consensos pueden ganar apoyo: en varias secciones de la provincia, como la Cuarta, la Sexta o la Séptima, el espacio logró posicionarse tercero con resultados de dos dígitos, lo que refleja un electorado dispuesto a respaldar alternativas más moderadas. La estrategia del gobierno deberá enfocarse en captar los votos de las personas indecisas o que ven en partidos más mesurados una salida posible. La pérdida de apoyo en el distrito más poblado del país revela que el oficialismo nacional enfrenta crecientes dificultades para ampliar su base electoral más allá de los votantes convencidos por el discurso de la “motosierra”. Además, se destacó el ausentismo en esta jornada electoral, con una participación de apenas el 61% del padrón, una de las más bajas en los últimos años. Captar a quienes no votaron requiere menos confrontación y más propuestas concretas que generen confianza en que la política puede mejorar la vida cotidiana. ¿Derrota momentánea o comienzo del fin? El triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires no solo refuerza su presencia en la provincia, sino que también abre nuevas oportunidades para las elecciones nacionales de octubre. Para el gobierno, este resultado es un golpe a su estrategia de afianzar poder legislativo y limitar a la oposición desde la provincia. Al no poder controlar la agenda en el distrito electoral más importante, su capacidad de maniobra en el Congreso se ve debilitada, lo que a su vez favorece a la oposición, que encuentra un espacio propicio para cuestionar el rumbo económico y político del oficialismo. De todas formas, no todo está perdido para la agrupación libertaria: su crecimiento es notable si se lo compara con sus comienzos. Ha logrado ser el principal opositor al kirchnerismo, desplazando a partidos como el PRO. Además, obtuvo triunfos en otras jurisdicciones, como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la capital salteña, y un apoyo significativo en intendencias como Escobar, Echeverría, San Isidro y Vicente López. La capacidad del gobierno para reconocer errores, ajustar su discurso y ofrecer resultados concretos será clave para sostener su proyecto político. Estrategias como el llamado al diálogo, un discurso más moderado y la apertura a una participación más heterogénea